Crisis económica y sector financiero

La crisis económica actual tiene como una de las causas principales los problemas del sector financiero, más graves en otros países que en los de la zona euro, pero que han salpicado a todos los países a causa de la globalización.

Los problemas del sector financiero internacional tienen su origen en la pérdida de la prudencia en la gestión de las empresas que cotizan en bolsa, entendida como la gestión encaminada a conseguir como objetivo principal la continuidad de la empresa a medio y largo plazo en situación de beneficios, un comportamiento desconocido hasta hace un par de décadas, pero que se ha ido extendiendo peligrosamente y que también ha alcanzado a los bancos.

En el caso de los bancos la gestión poco prudente se ha traducido en la concesión de préstamos, con una cuantía acumulada muy importante, a personas o entidades que, razonablemente, no podrían devolverlos (caso de los bancos en Estados Unidos) o en la compra de paquetes de hipotecas que no tenían explícitamente analizada su solvencia, aunque se hubieran adquirido a bancos de primera clase (caso de los bancos de multitud de países, entre ellos de España)

El objetivo en todos los casos era aumentar la rentabilidad a corto plazo, único indicador que, al parecer, importa realmente a los analistas financieros, cuya opinión es, por otra parte, uno de los aspectos que más importan a los gestores de las empresas que cotizan en bolsa.

El resultado de esa gestión poco prudente ha sido la aparición de una gran desconfianza en la situación económica de buena parte de las entidades financieras (parece que ni ellas mismas saben con cierta exactitud su exposición a los fallidos) y la consiguiente falta de liquidez, ya que el dinero huye ante la percepción de inseguridad.

En el caso de España, la falta de liquidez se ha agravado, respecto a otros países, como consecuencia del creciente déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y de la brusca caída de la compra de inmuebles por parte de no residentes. El aumento de los tipos de interés y las mayores exigencias de solvencia, por parte de bancos y cajas, a los demandantes de créditos, han reducido considerablemente la concesión de nuevos créditos pero, a pesar de ello, hay una notable falta de liquidez en el sistema financiero español.

La reducción del crédito irá, necesariamente, acompañada de una importante caída no sólo de la adquisición de viviendas, sino también de las inversiones de las empresas y profesionales y este es un factor que incidirá negativamente en la duración e intensidad de la fase baja del ciclo económico en que nos encontramos.

Poco puede hacer el gobierno para actuar sobre la liquidez del sistema financiero y sobre la cuantía de los créditos a conceder: los tipos de interés son fijados por el BCE y nada hace pensar que se vayan a reducir en los próximos meses, la política crediticia la fijarán las entidades financieras, que en muy pocos casos son públicas, y la confianza en la solvencia de los receptores no se puede regular.

La influencia más importante del sector público sobre la liquidez se hace de forma indirecta, a través del saldo de sus cuentas, ya que si incurre en déficit, la financiación del mismo reduce, en su misma cuantía, la cantidad de dinero disponible para financiar las iniciativas privadas.

Crisis económica y política de suelo y vivienda

Normalmente en los periodos de crisis económica, Las políticas de suelo y de vivienda no se suelen modificar. Existe, eso sí, la experiencia histórica de que el sector de la construcción tiene un ciclo que va algunos meses adelantado respecto al ciclo general, y se da por hecho que la menor actividad de la construcción avisa de la próxima llegada de los cambios de ciclo.

En esta ocasión el sector de la construcción no sólo avisó con varios meses de anticipación la llegada de la crisis, sino que también adelantó la mayor rapidez del cambio de tendencia y, para los que lo quieran ver, la mayor profundidad de su alcance (que para muchos sectores está todavía por llegar) y, además, la caída de actividad de ese sector está siendo uno de los elementos que más están afectando a la actividad general.

El mayor problema que tiene este sector en España es de tipo legal. La Ley del suelo actual, como las anteriores, tiene un vicio de diseño que es la causa primera de la inestabilidad que sufrimos. Este vicio es el concepto básico de que en España está prohibido construir excepto donde, por excepción, se permite.

La posibilidad de construir en determinados lugares viene dada, además, por la decisión arbitraria de unas dependencias administrativas situadas en el ámbito de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La obtención del permiso para construir multiplica el valor del suelo no urbanizable por un factor que, en la mayoría de los casos, es del orden de 50, y este aumento de riqueza para el propietario es el caldo de cultivo para que la arbitrariedad se dirija en función de los intereses económicos de los promotores.

Por si fuera poco, los ayuntamientos han encontrado una fuente de ingresos muy importante en la especulación del suelo, ya que los propietarios del suelo que cambia de calificación deben ceder al ayuntamiento un porcentaje relevante de la superficie recalificada.

Para acabar de complicar la cuestión existe la figura de las viviendas de protección oficial, que tiene las siguientes características:
- Importante reducción de los impuestos asociados a la construcción de las viviendas (en su mayor parte municipales)
- Garantía de que los importes pagados por los compradores de las viviendas (cuando la compran antes de estar terminadas) sólo se podrán emplear para pagar la construcción.
- Precio máximo de venta y niveles de calidad mínima, fijados por la administración.
- Necesidad de cumplir determinadas condiciones para poder ser comprador.
- Limitación del precio de venta y del precio del posible alquiler durante un largo periodo de tiempo.

Muchas de estas características son muy positivas, ya que permiten que muchas familias de renta media/baja accedan a una vivienda en propiedad con unas condiciones muy favorables. Pero la especulación galopante del suelo ha llevado a una situación en la que el precio de las viviendas de protección oficial es inferior, en casi todos los sitios, a la repercusión del precio del suelo en las viviendas de promoción libre que se puedan realizar en el mismo lugar. La picaresca ha llevado a una situación en la que para los ayuntamientos es más conveniente vender el suelo inicialmente previsto para viviendas de protección oficial al mismo promotor que se lo había cedido, por el precio de mercado del suelo para la vivienda libre, con lo que se evitaba la competencia de la vivienda protegida y las arcas del municipio incrementaban sus ingresos.

El suelo urbanizable adquirido en los últimos tiempos por los promotores, pero todavía no construido, lo ha sido a unos precios que hacen imposible la construcción de las viviendas y su venta a unos precios que puedan ser pagados por las familias que tienen unos ingresos normales, pero superiores a los que permiten optar a viviendas protegidas.

La política de vivienda anunciada por el Gobierno, supondría la construcción de un número de viviendas equivalente a la necesidad de viviendas por el crecimiento vegetativo del número de familias y la sustitución de las muy antiguas. Si se lleva a cabo el programa previsto (para lo que la mayor dificultad está siendo, como no, la disponibilidad de suelo al precio requerido para que el precio final sea viable) la situación más probable para los próximos años será la de una actividad constructora muy inferior a la de los últimos años, aunque suficiente para atender las necesidades mínimas de vivienda, con una reducción muy importante de la actividad en el mercado libre y la exclusión de la posibilidad de adquirir su vivienda al segmento de población joven y con ingresos superiores a los que permiten optar a la vivienda protegida, pero inferiores a los necesarios para adquirir la vivienda libre.

Para que a la salida de esta crisis el precio del suelo edificable no siga siendo una rémora insoportable para amplias capas de la clase media, es necesario un cambio en la ley del suelo que erradique la posibilidad de la especulación y, para eso, es necesario eliminar la recalificación arbitraria que multiplica el valor del suelo rústico elegido para que pase a suelo urbanizable.

Como siempre, la libertad y la multiplicidad de opciones sería la solución óptima: libertad de construir donde se quiera (excepto donde de forma explícita y justificada esté prohibido, como por ejemplo la distancia mínima de la costa, ríos o lagos, los parques naturales, los caminos y cañadas etc.)

Naturalmente, sería necesario imponer unas condiciones generales que impidan la construcción desordenada, que dependerían de la distancia al centro del núcleo de población de referencia, de la población que vive en ese núcleo, del estilo de construcción de la zona y de la disponibilidad, a costa del promotor, de todos los servicios básicos imprescindibles (al menos suministro de agua potable, electricidad y eliminación de aguas pluviales y fecales)

A fin de evitar la arbitrariedad de los permisos de obras, el mecanismo debería ser que el profesional homologado para realizar el proyecto (y el colegio profesional correspondiente que debería visarlo) se responsabilizaran del efectivo cumplimiento de todas las normativas exigibles, y que la licencia de obras se obtuviera de forma automática por el método de la autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes por parte del promotor, acompañada como requisito imprescindible de la copia del proyecto firmada por el autor y visada por su colegio profesional (sin limitación territorial alguna) Las administraciones municipal y autonómica tendrían el papel de comprobación del cumplimiento de las normas, pero sin la potestad de parar las obras o impedir la iniciación, o exigir el cese, de la actividad, aspectos que deberían quedar restringidos a los tribunales con todas las garantías procesales y, también, con la asunción de todas las responsabilidades para los implicados.

Este método eliminaría, sin duda, la arbitrariedad y reduciría notablemente la corrupción, pero tiene tres inconvenientes fundamentales: la necesidad de aprobar una ley de ámbito nacional que introdujera todos esos cambios, la necesidad de modificar la financiación de los ayuntamientos, para que no tengan que recurrir a la especulación del suelo (y no puedan hacerlo) y el hecho innegable de que si se modifican a la baja los precios del suelo, hasta llegar a su coste razonable, los actuales propietarios tendrían que asumir las pérdidas correspondientes.

Con todo, las ventajas a medio y largo plazo para el conjunto de la sociedad serían enormes, empezando por la posibilidad del cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda digna para la casi totalidad de los ciudadanos.

Crisis económica: Política fiscal

La política fiscal en una situación de crisis como la actual es el elemento más complicado de la política económica de cualquier gobierno, ya que tiene que cumplir simultáneamente tres condiciones siempre difíciles de conciliar, pero mucho más en época de vacas flacas.

Los tres elementos a conciliar son el aumento de las necesidades a cubrir por el sector público, la necesidad de evitar que un aumento excesivo de la presión fiscal lleve a un descenso de la actividad y a un aumento de la economía sumergida y la puesta en práctica de las modificaciones fiscales que permitan una salida más rápida de la mala coyuntura económica y que esa salida se realice en las mejores condiciones. Además de las variaciones de los impuestos, la única herramienta que le queda al gobierno es el manejo del equilibrio de las cuentas públicas, modulando, siempre dentro de márgenes no muy amplios, la situación de superávit o déficit.

Hay muchas posturas teóricas sobre la conveniencia, o no, de incurrir en déficit en la fase baja del ciclo económico. Mi opinión es que puede ser positivo incurrir en déficit con dos condiciones: que el resultado de las cuentas en el conjunto del ciclo sea equilibrado o de superávit y que el importe del déficit se emplee exclusivamente en aumentar las inversiones públicas.

Además, durante la fase baja del ciclo económico se debería poner especial cuidado en ajustar los gastos corrientes, eliminando todos los que no sean estrictamente necesarios, y en aumentar la eficiencia de las administraciones.

En cuanto a la política fiscal propiamente dicha, debería continuarse la necesaria mejora del sistema impositivo en el sentido de simplificar los procedimientos, reducir la carga de tiempo exigida a los administrados para cumplir las obligaciones y mejorar el cumplimiento tributario sin aumentar la presión para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones.

Dada la coyuntura política actual, coincidirá en el tiempo la fase baja del ciclo con la necesidad de modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y, dado el pasado más reciente de las cuentas municipales, cabe esperar un aumento espectacular de las demandas de mayores fondos por parte de los ayuntamientos para poder continuar con el aumento desbocado de sus presupuestos a pesar de la importante caída de sus ingresos derivados de la especulación del suelo y de la actividad inmobiliaria.

Teniendo en cuenta la creciente importancia de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en el manejo de los dineros del Estado, debería aprovecharse esta coyuntura para dar algunos pasos importantes en la modernización del sistema fiscal.

En primer lugar, hay que desarrollar ampliamente la corresponsabilidad fiscal, en el sentido de dar mayor libertad a comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar los tipos de los impuestos que tengan parcial o totalmente cedidos. A este respecto, creo que es realmente importante mantener una normativa única, también en lo que se refiere a los reglamentos, en cuanto a los impuestos y tasas, de forma que se mantenga la unidad del mercado.

En el caso límite, que antes o después será aplicable al IVA, por ejemplo, el impuesto tendría tres tipos acumulativos, uno de la Administración Central, que lógicamente deberá ser único para todo el territorio, otro de la comunidad autónoma y un tercero del ayuntamiento.

Como yo soy partidario de la competencia fiscal entre administraciones, ya que de la misma manera que la competencia entre empresas genera mejoras de eficiencia en la actividad de éstas, que al final redundan en menores precios y/o mayor calidad, la competencia fiscal llevaría a mayor eficiencia en la actividad de las administraciones públicas que redundaría en menores impuestos y/o mayor calidad de los servicios públicos. Una reducción del 30% en el coste de los servicios prestados por las administraciones, en la hipótesis de que éstos no aumentaran ni disminuyeran, sería fácilmente conseguible en el plazo de una legislatura y el incentivo que necesitan las administraciones es que sus ingresos estén sujetos a las decisiones de los administrados de cambiar de administrador si el que tienen no es eficiente, unido a la libertad de fijar el tipo que cobrarán en su parte.

En segundo lugar, esta libertad de fijar los tipos en el ámbito que después afectará a los ingresos, tiene que ir necesariamente unida a una normativa estricta en el medio plazo, aunque más flexible en el corto, sobre el equilibrio de las cuentas públicas de cada administración que, a efectos de este cálculo, debería incluir, sin excepción, cualquier participación de la administración correspondiente en todo tipo de sociedades, públicas o privadas, y de organizaciones sin ánimo de lucro.

Finalmente, debería seguirse avanzando en la creciente importancia del IVA tanto para aumentar su peso en el conjunto de los ingresos públicos como para aumentar su progresividad, lo que sólo se puede conseguir aumentando el número de tipos, incluyendo la introducción del tipo cero y de al menos un nuevo tipo, más elevado, para los bienes y servicios más lujosos, contaminantes o generadores de otros perjuicios sociales.

Crisis económica

Todo el mundo está de acuerdo en calificar como crisis la actual situación económica española, aunque el Gobierno y sus seguidores buscan la forma de evitar el uso de esta palabra.

Según el diccionario de la Academia, la palabra crisis tiene 7 acepciones:
- La primera de ellas se refiere a las enfermedades y la palabra crisis es aplicable cuando se produce un cambio brusco en su curso, ya sea para mejorarse, o para agravarse el paciente.
- La segunda es una generalización de la anterior, y el vocablo es aplicable a la mutación importante en el desarrollo de otros procesos.
- Las acepciones tercera a quinta no son aplicables a la economía de un país, la sexta es la de escasez o carestía y la séptima, también general, es la de situación dificultosa o complicada.

En economía, lo habitual es denominar crisis a las fases del ciclo económico en que el ritmo de actividad cambia de forma muy rápida, tanto si se trata de crecimiento del mismo como si se trata de caída.

Por tanto parece claro que el empleo de la palabra crisis para definir la actual situación económica resulta adecuado, ya que estamos en un proceso de reducción rápida del ritmo de crecimiento de la actividad y en un entorno de carestía y de dificultad y complicación notables.

Pero la situación económica evoluciona de forma muy distinta en los distintos sectores, la crisis es más obvia en el sector de la construcción, también es muy relevante en el sector financiero, en la hostelería, en la venta de automóviles y en los sectores directamente conectados con los anteriores. En mayor o menor medida, la práctica totalidad de la actividad económica se está viendo afectada y la sensación creciente de estar en dificultades económicas, reduce aún más la demanda de bienes y servicios, por lo que la situación empeora todavía más.

La reacción de los distintos agentes económicos es la esperable en este tipo de situaciones: los gobiernos niegan la existencia de crisis, pero simultáneamente anuncian paquetes de medidas de choque que sólo se entienden en esa situación, los responsables de comunicación de los distintos sectores y empresas admiten la existencia de crisis, si bien en todos los casos con un alcance inferior al real y haciendo mucho énfasis en los indicadores que dan una imagen más positiva de la situación.

Las encuestas muestran también que la población es consciente de la dificultad de la situación, aunque de la suma de las respuestas sobre la situación personal de cada encuestado se deduciría que la crisis no existe.

En el fondo, la respuesta de la mayoría es el reconocimiento de que hay un problema, unido a la seguridad de que los demás están mucho peor y al intento de que los platos rotos los paguen los demás.

También parece haber una aceptación generalizada de que es el destino el que marca el inicio, la intensidad y el final de la crisis, lo que unido al deseo, más generalizado aún, de que sean los demás los que paguen las consecuencias, abre la puerta a una gestión inapropiada de la crisis por parte de los gobernantes, basada en el abuso de los fondos públicos para mantener el gasto de consumo y del mantenimiento, cuando no refuerzo, de las situaciones y condiciones de privilegio.

Sin embargo, la historia económica nos demuestra algo bastante importante: que la gestión que se haga de la crisis tiene mucha influencia en la duración e intensidad de la misma y en el ritmo de crecimiento que se pueda alcanzar una vez finalizada y que el no darse por enterado de que existe una crisis es también una forma de gestionarla, probablemente más cómoda a corto plazo, pero seguramente mucho menos eficiente

El actual gobierno de España tiene que decidir como actuar específicamente en los siguientes campos y sectores: política fiscal, suelo y vivienda, sector financiero, energía, agua, infraestructuras, además de los servicios públicos esenciales que deben abordarse en todas las situaciones económicas (sanidad, educación, pensiones y seguridad), y en los próximos días dedicaré algunas reflexiones a cada uno de ellos.

El ciclo económico y la tergiversación de los conceptos

De todos es conocido que la actividad económica está sujeta a ciclos, aunque su duración, tendencia media e intensidad sean muy variables y, además, imposibles de predecir. Cuando se estudia economía, se suele aprender una noción del ciclo económico y sus fases que contrasta enormemente con lo que luego se dice en los medios de comunicación.

Para la teoría económica el ciclo económico tiene cuatro fases: depresión, recuperación, auge y recesión.

La depresión es la fase en la que la actividad económica es la más baja del ciclo. Por tanto el ritmo de crecimiento de la actividad es el menor del ciclo o, en el caso de que la actividad económica se esté reduciendo, el ritmo de descenso es el más elevado. Esta fase se caracteriza por una menor utilización de la capacidad productiva, lo que lleva a su vez a un menor nivel de inversión.

La recuperación es la fase que sigue a la depresión y se caracteriza por una aceleración de la actividad que, en consecuencia, lleva a un aumento de la ocupación de la capacidad productiva y normalmente a un aumento de la inversión.

El auge es la fase que sigue a la recuperación y se caracteriza por una desaceleración de la actividad económica, que sigue creciendo pero a menor ritmo, normalmente como consecuencia de que en determinadas actividades se está utilizando toda la capacidad y no es posible aumentar la producción a corto plazo.

La recesión es la última fase del ciclo y se caracteriza por una desaceleración más rápida de la actividad que en la fase del auge. A esta fase de recesión le sigue una nueva fase de depresión con la que se inicia un nuevo ciclo.

Además hay otro concepto, crisis, que sirve tanto para las fases de crecimiento como para las de descenso de la actividad, ya que su significado es que la variación de la actividad se produce de forma muy rápida. En la realidad sólo se usa para las caídas de actividad, seguramente porque a nadie le parece que el crecimiento de la misma, por muy rápido que sea, deba ser considerado excesivo.

En buena lógica, a los gobernantes no les gusta nada esta terminología, porque cada cierto número de años estarían obligados a usar palabras políticamente tan poco correctas como recesión, primero, y depresión a continuación. Han preferido erradicarlas de su vocabulario e intentar que desaparezcan también de los medios de comunicación.

Además tienen para ello una justificación impecable; las expectativas son un elemento muy importante para la evolución futura de la economía y, por tanto, cualquier ministro de economía sensato tiene la obligación de presentar, siempre que se esté en las fases de recesión o de depresión, unas expectativas mejores que las que realmente existan.

Para hacer más fácil la desaparición de los conceptos de recesión y depresión, se han desarrollado unas metodologías para la elaboración de los datos de la actividad económica que suavizan las curvas de evolución, de forma que en las fases de recuperación y auge se dan cifras de actividad más bajas de las reales y, en justa compensación, los datos proporcionados son más elevados que la realidad en las innombrables fases de recesión y de depresión.

Para suavizar aún más el efecto, no se corrigen los datos por población, con lo que se consigue presentar series en las que prácticamente siempre la actividad de un periodo, medida como el PIB generado en el mismo, es siempre superior a la del periodo anterior aunque inferior a la del periodo posterior.

Y por si fuera poco, se ha conseguido acuñar una definición formal del concepto recesión que la hace poco menos que imposible: para aceptar que se está oficialmente en recesión la cifra de actividad publicada, maquillada implícitamente por la metodología empleada, se tiene que haber reducido durante al menos dos trimestres seguidos.

Pero la realidad es tozuda, y aunque las cifras oficiales aseguren que siempre se mejora (aunque admitan que a veces el ritmo de mejora es algo menor) la percepción de la población afectada por las fases de recesión y depresión es otra muy diferente, porque saben muy bien cuando crece su capacidad económica de compra y también cuando se reduce.

Por eso, en la actualidad, de forma oficial estamos todavía en la fase de auge, aunque curiosamente la percepción de la población sea que estamos en recesión, y sólo los más optimistas piensan que estamos al final de la fase de depresión.

Para muchos, la teoría económica es difícilmente aplicable a la realidad. Yo no comparto esta tesis y como muestra de porqué no la comparto, a continuación reproduzco lo que pone en el libro de Teoría Económica que estudié hace algunas décadas.

Recesión:.... La demanda de consumo desciende. Las inversiones que parecían rentables si se confirmaban las expectativas de crecimiento continuo de las ventas y precios, de repente no resultan provechosas. Los pagos de elevados intereses que parecían fáciles de soportar si seguía el aumento ininterrumpido de las ventas y precios, se transforman ahora en carga muy pesada. La quiebra de empresas poco frecuente en la fase del auge. Es ahora más común. Como resultado de lo anterior, la producción y el empleo descienden; como consecuencia del descenso del empleo también se reduce la renta y el gasto; a medida que la demanda decrece, nuevas empresas entran en dificultades. Los precios y los beneficios caen y la nueva inversión se reduce a un nivel muy bajo: es muy frecuente que ni tan sólo se reemplacen los bienes de capital deteriorados, puesto que la capacidad productiva no utilizada aumenta a un ritmo muy acelerado. Al llegar al final del declive, aparece un periodo de depresión total.....

La edición del libro es de 1975, el autor Richard G. Lipsey era profesor de economía de la Queen’s University de Kingston, Ontario y la traducción de J. Hortalá, catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.

¿Estaría pensando el autor en el actual sector español de la vivienda?