El Cercle d’Economia de Barcelona acaba de publicar un interesante documento titulado “La responsabilidad del empresariado catalán” que tiene la virtud de introducir la autocrítica para analizar las causas de la menor intensidad del desarrollo económico de Cataluña en comparación con el conjunto de España.
Como conclusión realizan cinco propuestas con las que es difícil no estar de acuerdo: Asumir algo más de riesgo en los negocios, acompañado de un análisis más riguroso de los mismos, abandonar el individualismo cuando sea conveniente, priorizar los intereses a medio y largo plazo de la empresa respecto a los intereses a corto plazo de los accionistas, liderar con ambición los cambios que un mercado cada vez más globalizado impone y profesionalizar la empresa familiar para que los gestores sean personas bien preparadas, pertenezcan o no a la familia propietaria.
Sin embargo, no han incluido otros aspectos que, en mi opinión, son muy relevantes para explicar la falta de empuje de la economía catalana: el excesivo intervencionismo de la administración de la comunidad autónoma, que también se extiende a la actividad empresarial, la muy escasa inversión en infraestructuras realizada directamente por la Generalidad, y el mantenimiento de todo tipo de privilegios, monopolios y oligopolios que tienen como inevitable corolario un potente lobby local y una corrupción todavía mayor que en el resto de España.
La decidida apuesta por el sistema de peajes para las nuevas autopistas realizada desde hace 25 años por la Generalidad, que ha exigido como contrapartida la renovación de los peajes a su caducidad así como el retraso indefinido, por pasividad evidente, de las demás infraestructuras (autopistas libres, ferrocarriles y metro) está en la base de la saturación actual que tanto perjudica a la economía y a la vida diaria de los ciudadanos.
Los empresarios catalanes podrían hacer mucho para eliminar estas restricciones.
sábado, 17 de noviembre de 2007
Menos cercanías en Barcelona
Al final la Ministra de Fomento, “Mándatéla” en su tierra, se ha visto obligada a hacer lo que insinuó como una gracieta en su comparecencia del pasado verano, aunque afortunadamente con menos alcance del que entonces sugirió.
Afortunadamente “sólo” están afectadas las líneas de cercanías C2 (Barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders) y C10 (Barcelona – Aeropuerto) así como todos los trenes de media distancia que pasan por el tramo barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders. En total casi 200 000 personas afectadas diariamente de forma directa y posiblemente cerca de un millón de forma indirecta.
Una vez más la causa última está en la pésima gestión del Ministerio de Fomento y aunque, como de costumbre, nadie del ministerio tendrá la más mínima responsabilidad. Pareciera que en ese ministerio nadie se atreva a decir al titular de la cartera (pasó con Álvarez Cascos y está pasando con Álvarez) que algo que ha ordenado el titular es imposible de cumplir en los plazos exigidos.
No hay ninguna duda de que la llegada del AVE a Barcelona Sants es una obra de ingeniería muy compleja y es claro que su realización sin afectar en demasía al tránsito de cercanías requiere una planificación adecuada así como unos plazos mínimos que no es posible reducir sin incurrir en riesgos absurdos.
Parece que estos plazos mínimos eran poco compatibles con el calendario electoral (¿que hizo la ministra durante los dos primeros años?) y que alguien haya cedido a la tentación de confiar en que los coeficientes de seguridad, que afortunadamente todos los ingenieros utilizan siempre, permitirían acortar los tiempos de fraguado previos a poner en carga las nuevas infraestructuras. Las lluvias y las prisas exageradas han hecho el resto y, cuando el riesgo de un grave accidente era inminente, ni siquiera el temor a la reacción de la ministra ha sido suficiente para evitar la limitación del tráfico.
Ningún político aceptará responsabilidades ni, mucho menos, dimitirá o será cesado. Las consecuencias serán pagadas, en tiempo, dinero, molestias y malestar, por algunos cientos de miles de ciudadanos de a pie que, como mucho, recibirán las disculpas formales habituales. Las únicas preocupaciones reales de los políticos involucrados serán el número de votos que cambiarán de sentido en las próximas elecciones y las medidas que pudieran evitar que ese número sea relevante.
Afortunadamente “sólo” están afectadas las líneas de cercanías C2 (Barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders) y C10 (Barcelona – Aeropuerto) así como todos los trenes de media distancia que pasan por el tramo barcelona Sants –Sant Vicenç de Calders. En total casi 200 000 personas afectadas diariamente de forma directa y posiblemente cerca de un millón de forma indirecta.
Una vez más la causa última está en la pésima gestión del Ministerio de Fomento y aunque, como de costumbre, nadie del ministerio tendrá la más mínima responsabilidad. Pareciera que en ese ministerio nadie se atreva a decir al titular de la cartera (pasó con Álvarez Cascos y está pasando con Álvarez) que algo que ha ordenado el titular es imposible de cumplir en los plazos exigidos.
No hay ninguna duda de que la llegada del AVE a Barcelona Sants es una obra de ingeniería muy compleja y es claro que su realización sin afectar en demasía al tránsito de cercanías requiere una planificación adecuada así como unos plazos mínimos que no es posible reducir sin incurrir en riesgos absurdos.
Parece que estos plazos mínimos eran poco compatibles con el calendario electoral (¿que hizo la ministra durante los dos primeros años?) y que alguien haya cedido a la tentación de confiar en que los coeficientes de seguridad, que afortunadamente todos los ingenieros utilizan siempre, permitirían acortar los tiempos de fraguado previos a poner en carga las nuevas infraestructuras. Las lluvias y las prisas exageradas han hecho el resto y, cuando el riesgo de un grave accidente era inminente, ni siquiera el temor a la reacción de la ministra ha sido suficiente para evitar la limitación del tráfico.
Ningún político aceptará responsabilidades ni, mucho menos, dimitirá o será cesado. Las consecuencias serán pagadas, en tiempo, dinero, molestias y malestar, por algunos cientos de miles de ciudadanos de a pie que, como mucho, recibirán las disculpas formales habituales. Las únicas preocupaciones reales de los políticos involucrados serán el número de votos que cambiarán de sentido en las próximas elecciones y las medidas que pudieran evitar que ese número sea relevante.
miércoles, 5 de septiembre de 2007
¿ Es posible reducir drásticamente las muertes en carretera?
La introducción del carnet por puntos se había presentado como la vía más adecuada para reducir de forma drástica la sangría de las muertes en accidente de tráfico.
El peaje a pagar por los conductores es la pérdida de la garantía constitucional de que nadie puede ser condenado sin pruebas, y la presunción de veracidad de lo declarado por el agente de autoridad que formula una denuncia, aunque no estuviera presente en el lugar de los hechos, es una clara violación de esta garantía constitucional en condenas que superan en mucho la mera sanción administrativa, con multa incluida, que por esta vía se podía imponer en la situación anterior.
Personalmente estoy dispuesto a aceptar esta pérdida de garantía constitucional siempre que su aplicación se limite a las infracciones de tráfico y que la contrapartida, muy positiva, sea la reducción del número de muertos en accidente de tráfico en algunos miles al año.
La experiencia del primer año de aplicación es agridulce, parece que se reducirá el número de muertos en unos mil al año, lo que es bueno, pero las expectativas se han quedado en la mitad, lo que no parece aceptable.
Para resolver un problema tan complejo, parece lógico que sea necesario actuar en varios frentes y, aceptando que el carnet por puntos es un pilar básico de la solución y es la parte que corresponde a los ciudadanos de a pie, cabe añadir unos cuantos deberes que deberían realizar las administraciones.
También tendría que introducirse el correspondiente “carnet por puntos” para los responsables de las administraciones implicados en las tareas de planificación, ejecución y control de todos los aspectos relacionados con el tráfico de forma que cuando, por acción u omisión, no cumplieran sus deberes a este respecto, perdieran puntos y cuando la pérdida acumulada superara un número predeterminado de puntos, fueran inhabilitados para las funciones públicas.
Los deberes que la sociedad debería imponer a los administradores podrían ser los siguientes:
Realización de las obras necesarias para que desaparezcan de las vías de transporte los tramos que aumentan el riesgo de forma relevante. A este respecto sería importante que, para cada accidente con victimas mortales, fuera obligada la realización de un informe en el que se detallaran las medidas de mejora del tramo en que se produjo el accidente que hubieran ayudado a que éste no se produjera.
Realización de un plan de mejora intensiva de la señalización, con el objetivo de que ésta sea suficiente para que un conductor que nunca haya realizado un trayecto llegue a su destino sin dificultad, incluso si no dispone de navegador.
Revisión exhaustiva de los límites de velocidad aplicables a cada tramo, con el objeto de que éstos sean fiables y razonables, con inclusión de límites más estrictos, aplicables en situaciones desfavorables.
Agilización de los trámites sancionadores y establecimiento de un sistema de control interno, al azar, para evitar los abusos que algunos agentes llevan a cabo a la hora de denunciar aprovechando la presunción de veracidad de sus declaraciones.
Eliminación de los controles sancionadores cuyo objetivo principal es el recaudatorio.
Instalación de radares fijos y permanentes en todos los puntos en que el exceso de velocidad aumente especialmente el riesgo de accidente, con aviso de su existencia 1000 metros antes.
Si todos, o la inmensa mayoría, cumplimos con nuestros deberes para minimizar el riesgo del tráfico, los datos de los meses de agosto venideros serán menos duros, y aunque siempre habrá accidentes y victimas, la sociedad debería plantearse, y obtener, objetivos de reducción de más de la mitad de las muertes.
¿Se puede dar mejor destino al dinero que estos planes cuesten?
¿Será mucho pedir que las administraciones realicen la parte que les corresponde?
El peaje a pagar por los conductores es la pérdida de la garantía constitucional de que nadie puede ser condenado sin pruebas, y la presunción de veracidad de lo declarado por el agente de autoridad que formula una denuncia, aunque no estuviera presente en el lugar de los hechos, es una clara violación de esta garantía constitucional en condenas que superan en mucho la mera sanción administrativa, con multa incluida, que por esta vía se podía imponer en la situación anterior.
Personalmente estoy dispuesto a aceptar esta pérdida de garantía constitucional siempre que su aplicación se limite a las infracciones de tráfico y que la contrapartida, muy positiva, sea la reducción del número de muertos en accidente de tráfico en algunos miles al año.
La experiencia del primer año de aplicación es agridulce, parece que se reducirá el número de muertos en unos mil al año, lo que es bueno, pero las expectativas se han quedado en la mitad, lo que no parece aceptable.
Para resolver un problema tan complejo, parece lógico que sea necesario actuar en varios frentes y, aceptando que el carnet por puntos es un pilar básico de la solución y es la parte que corresponde a los ciudadanos de a pie, cabe añadir unos cuantos deberes que deberían realizar las administraciones.
También tendría que introducirse el correspondiente “carnet por puntos” para los responsables de las administraciones implicados en las tareas de planificación, ejecución y control de todos los aspectos relacionados con el tráfico de forma que cuando, por acción u omisión, no cumplieran sus deberes a este respecto, perdieran puntos y cuando la pérdida acumulada superara un número predeterminado de puntos, fueran inhabilitados para las funciones públicas.
Los deberes que la sociedad debería imponer a los administradores podrían ser los siguientes:
Realización de las obras necesarias para que desaparezcan de las vías de transporte los tramos que aumentan el riesgo de forma relevante. A este respecto sería importante que, para cada accidente con victimas mortales, fuera obligada la realización de un informe en el que se detallaran las medidas de mejora del tramo en que se produjo el accidente que hubieran ayudado a que éste no se produjera.
Realización de un plan de mejora intensiva de la señalización, con el objetivo de que ésta sea suficiente para que un conductor que nunca haya realizado un trayecto llegue a su destino sin dificultad, incluso si no dispone de navegador.
Revisión exhaustiva de los límites de velocidad aplicables a cada tramo, con el objeto de que éstos sean fiables y razonables, con inclusión de límites más estrictos, aplicables en situaciones desfavorables.
Agilización de los trámites sancionadores y establecimiento de un sistema de control interno, al azar, para evitar los abusos que algunos agentes llevan a cabo a la hora de denunciar aprovechando la presunción de veracidad de sus declaraciones.
Eliminación de los controles sancionadores cuyo objetivo principal es el recaudatorio.
Instalación de radares fijos y permanentes en todos los puntos en que el exceso de velocidad aumente especialmente el riesgo de accidente, con aviso de su existencia 1000 metros antes.
Si todos, o la inmensa mayoría, cumplimos con nuestros deberes para minimizar el riesgo del tráfico, los datos de los meses de agosto venideros serán menos duros, y aunque siempre habrá accidentes y victimas, la sociedad debería plantearse, y obtener, objetivos de reducción de más de la mitad de las muertes.
¿Se puede dar mejor destino al dinero que estos planes cuesten?
¿Será mucho pedir que las administraciones realicen la parte que les corresponde?
¡ Bravo por Rosa Díez !
Finalmente se ha confirmado la noticia que hace tiempo se esperaba: Rosa Díez deja el PSOE, su partido durante 30 años, para poder defender con libertad sus ideas socialistas.
Hace algo más de un año escuché de ella una queja que lo explica casi todo; contaba Rosa Díez que cuando era joven le acusaban de ser una mala española (los franquistas, obviamente) que unos años más tarde la acusación cambió a que era una mala vasca (en esta ocasión los nacionalistas) y que ahora la acusación es la de ser una mala socialista (los del PSE y PSOE claro, aunque ella no lo dijo)
Parece que ahora ha encontrado, en el partido que promueve ¡Basta ya!, el ámbito en el que defender sus ideas sin que se le acuse de nada. El tiempo nos dirá si en ese nuevo partido también se termina por elegir lo políticamente más conveniente para conseguir el poder, o mantenerse en él, o, por el contrario, se da prioridad a la defensa de los principios de defensa de la libertad, solidaridad y progreso social. Ojalá sea esto último, y podamos disfrutar de la defensa, convencida y argumentada, de las ideas a que Rosa Díez nos tiene acostumbrados.
Para mí Rosa Díez ha sido, y es, una buena española, una buena vasca y una buena socialista y, además, una mujer que me merece mucha confianza.
Por eso le deseo mucha suerte en su nueva andadura y, como además coincido con ella en la mayoría de las ideas y planteamientos, si se presenta en la circunscripción en que resido, tiene mi voto asegurado.
Hace algo más de un año escuché de ella una queja que lo explica casi todo; contaba Rosa Díez que cuando era joven le acusaban de ser una mala española (los franquistas, obviamente) que unos años más tarde la acusación cambió a que era una mala vasca (en esta ocasión los nacionalistas) y que ahora la acusación es la de ser una mala socialista (los del PSE y PSOE claro, aunque ella no lo dijo)
Parece que ahora ha encontrado, en el partido que promueve ¡Basta ya!, el ámbito en el que defender sus ideas sin que se le acuse de nada. El tiempo nos dirá si en ese nuevo partido también se termina por elegir lo políticamente más conveniente para conseguir el poder, o mantenerse en él, o, por el contrario, se da prioridad a la defensa de los principios de defensa de la libertad, solidaridad y progreso social. Ojalá sea esto último, y podamos disfrutar de la defensa, convencida y argumentada, de las ideas a que Rosa Díez nos tiene acostumbrados.
Para mí Rosa Díez ha sido, y es, una buena española, una buena vasca y una buena socialista y, además, una mujer que me merece mucha confianza.
Por eso le deseo mucha suerte en su nueva andadura y, como además coincido con ella en la mayoría de las ideas y planteamientos, si se presenta en la circunscripción en que resido, tiene mi voto asegurado.
viernes, 17 de agosto de 2007
Apagones eléctricos: causas y soluciones
El apagón de Barcelona del día 23 de julio ha sido uno entre los muchos problemas de distribución eléctrica en España. Pero ha sido el más grave por su duración y número de personas afectadas, muchas más de los 350.000 “abonados” con cortes.
Una semana después compareció en el Congreso el Ministro Clos, a petición propia, para no decir nada nuevo sobre causas o soluciones.
Al margen de la causa última, la famosa caída del cable sin explicar, el Ministro Clos debería saber que el origen está en la falta de inversiones en la red de distribución.
Las causas de la falta de inversiones son varias y con distintos responsables:
Cicatería de las distribuidoras, Endesa y todas las demás, que anteponen los beneficios extraordinarios a la garantía de suministro continuo para sus clientes.
Deficiente sistema de retribución de la distribución, que hace poco atractivas algunas inversiones.
Lentísimo proceso de obtención de los permisos necesarios para las inversiones, observable en todos los niveles (ayuntamientos, CCAA y ministerios, especialmente el de Medio Ambiente)
Actitud populista de los partidos políticos en la oposición, contrarios a toda infraestructura eléctrica de una cierta envergadura que deba realizarse donde ellos no mandan.
Actuación de la CNE, que sólo atiende a los aspectos formales y a la interpretación que más interese a los partidos políticos que propusieron a sus consejeros.
Escasa aceptación social de las infraestructuras con impacto relevante, aunque sean necesarias.
Las soluciones no serían muy complicadas:
Exigencia social y de las administraciones, de realización de todas las inversiones necesarias para asegurar el suministro continuo de electricidad, aún en caso de fallo total de algunas subestaciones.
Sistema retributivo con una rentabilidad razonable para las inversiones de los operadores eficientes.
Agilización de los procedimientos de obtención de permisos.
Explicación de la necesidad de las infraestructuras que se proponen.
Una semana después compareció en el Congreso el Ministro Clos, a petición propia, para no decir nada nuevo sobre causas o soluciones.
Al margen de la causa última, la famosa caída del cable sin explicar, el Ministro Clos debería saber que el origen está en la falta de inversiones en la red de distribución.
Las causas de la falta de inversiones son varias y con distintos responsables:
Cicatería de las distribuidoras, Endesa y todas las demás, que anteponen los beneficios extraordinarios a la garantía de suministro continuo para sus clientes.
Deficiente sistema de retribución de la distribución, que hace poco atractivas algunas inversiones.
Lentísimo proceso de obtención de los permisos necesarios para las inversiones, observable en todos los niveles (ayuntamientos, CCAA y ministerios, especialmente el de Medio Ambiente)
Actitud populista de los partidos políticos en la oposición, contrarios a toda infraestructura eléctrica de una cierta envergadura que deba realizarse donde ellos no mandan.
Actuación de la CNE, que sólo atiende a los aspectos formales y a la interpretación que más interese a los partidos políticos que propusieron a sus consejeros.
Escasa aceptación social de las infraestructuras con impacto relevante, aunque sean necesarias.
Las soluciones no serían muy complicadas:
Exigencia social y de las administraciones, de realización de todas las inversiones necesarias para asegurar el suministro continuo de electricidad, aún en caso de fallo total de algunas subestaciones.
Sistema retributivo con una rentabilidad razonable para las inversiones de los operadores eficientes.
Agilización de los procedimientos de obtención de permisos.
Explicación de la necesidad de las infraestructuras que se proponen.
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