Autonomías: criterios de financiación

Las CCAA necesitan ingresos que les permitan pagar los servicios que prestan a las personas y empresas que están en su territorio.

El sistema de financiación, por tanto, debería ser tal que permitiera a cada una de ellas prestar los servicios previstos a todos los ciudadanos y empresas con una calidad equivalente. El equipamiento de infraestructuras es un aspecto básico, ya que no sólo afecta a la renta que cada comunidad genera en la actualidad sino que, en caso de insuficiencia, también limita el crecimiento futuro.

La estructura de las distintas CCAA españolas es muy diferente si se atiende a la riqueza, a la población o a la superficie de cada una de ellas.

Es claro que los ingresos que necesita una comunidad autónoma tienen mucha relación con la población que en ella reside, tanto en educación como en sanidad o infraestructuras.

También influye la extensión territorial, sobre todo si las densidades de población que se comparan son muy distintas. En España hay desde zonas casi desérticas a zonas superpobladas, por lo que los costes por persona de los servicios varían notablemente de unas áreas a otras por este motivo.

Es más díficil encontrar una relación objetiva entre el coste de los servicios y la renta de la comunidad, ya sea medida en forma global o por persona.

La pretensión de que la renta se tenga en cuenta al calcular la financiación necesaria para cada comunidad autónoma sólo puede tener el objetivo de atenuar la progresividad del sistema fiscal y conseguir, así, que la cantidad y calidad de los servicios que reciban los ciudadanos y las empresas de las zonas más ricas sean mayores que las de los servicios que reciban aquellos que están en áreas menos ricas.

Lo mismo pasa si el criterio de la renta se pretende aplicar a las inversiones directas del Gobierno Central en las CCAA. El que la cuantía sea una u otra en cada comunidad autónoma sólo debería depender de que necesite más o menos equipamiento en infraestructuras para obtener un servicio equivalente al de las demás, sin que en este caso tenga la menor importancia el que la comunidad en cuestión tenga más o menos renta, habitantes o extensión.

Yo también quiero que España tenga empresas energéticas fuertes y multinacionales

Yo también quiero que mi país tenga empresas energéticas sólidas, que puedan competir en los mercados internacionales, y que sean fuertes y competitivas durante muchas décadas.

Quizás no sea un mal punto de partida las empresas energéticas actuales, que basan su fortaleza económica en el disfrute de monopolios u oligopolios de ámbito regional o nacional.

Pero la fortaleza no puede basarse en el mantenimiento (ni menos aún el refuerzo) de las actuales situaciones de privilegio, ni en la continuidad de cuotas en el mercado español que no resisten el más sencillo análisis de posición dominante. Es necesario empezar ya el proceso de reducción forzosa de las cuotas de mercado máximas admisibles.

La fortaleza de las empresas, para que sea beneficiosa para el país y, además, duradera, tiene que basarse en estructuras sólidas, tanto en los aspectos organizativos como financieros y, sobre todo, de gestión del conocimiento.

Sería muy conveniente que esas empresas, los futuros campeones nacionales, tuvieran una amplia presencia internacional, que sería la base de su fortaleza empresarial y de su tamaño. Pero, como sucede con las grandes petroleras (que son las empresas que más se acercan al concepto de empresas energéticas fuertes) no deberían tener una cuota de mercado superior al 15% en ningún país. Quizás, como excepción, en su país de origen (en este caso España) podría admitirse que esta cuota fuera algo superior, sin llegar en ningún caso al 25%

Sería también muy conveniente que el grueso de su actividad se realizara en mercados en competencia, única forma de aumentar las posibilidades de continuidad a largo plazo.

Con ese tipo de empresas, nuestro país se beneficiaría de un mercado energético interior más sólido y competitivo (lo que llevaría a menores precios y mejor calidad de los servicios) y, a la vez, de la obtención de rentabilidades satisfactorias de las inversiones en el exterior.

Lástima que este modelo sea tan distinto del que proponen los defensores de la concentración: empresas fuertes basadas en situaciones de posición más que dominante que, dada la ausencia de competencia, llevan a mayores precios y peor calidad del servicio y, para subvencionar las aventuras en el exterior, siempre se puede contar con los sobreprecios aplicados a los consumidores españoles.

El problema parece estar en el deseo de los políticos, especialmente cuando están en el poder, de contar con empresas dóciles, siempre dispuestas a realizar los deseos del ministro de turno. Y esto sólo se puede conseguir con su modelo.

Guerra del gas entre Rusia y Ucrania y sus efectos en España

El Año Nuevo comienza con una mala noticia en el campo de la energía: Rusia y Ucrania discrepan por el precio del gas natural que aquella vende a ésta y de rebote otros diez países (Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Rumania) han visto reducidas sus entradas procedentes de Rusia en cantidades que varían entre el 25 y el 40%. La empresa húngara Mol, por su parte, dice haberse visto obligada a reducir las entregas a Bosnia y Serbia, y Moldavia ha comunicado que Rusia le ha cortado el suministro por no aceptar el nuevo precio impuesto por Gazprom.

Cuesta trabajo creer que la reducción de 120 millones de metros cúbicos diarios que desde ayer impuso Rusia a Ucrania (cantidad equivalente a la demanda total española en invierno) pueda llevar a esa magnitud de reducciones de suministro. La experiencia de años anteriores es que Rusia, a menudo, no puede cumplir con sus compromisos de exportación cuando el frío invernal multiplica su demanda interior.

Un problema real es el de los precios políticos que Gazprom cobra por el gas a determinados países de la órbita política rusa y el de los peajes, asimismo políticos, que paga por el tránsito.

Quizás hayan elegido esta época para forzar el aumento, de forma casi inmediata, del precio de venta del gas a los países de su órbita política, y seguramente también en un futuro próximo a los miembros de la UE; y a la vez han escondido bajo la capa del problema de los precios su incapacidad de atender la totalidad de los suministros contratados.

Gazprom ya ha anunciado un aumento de las entregas a Ucrania para que pasen a otros países. Seguramente ya ha conseguido que se inicien las negociaciones para aumentar los precios.

En España se han realizado declaraciones tranquilizadoras respecto al nulo impacto que este problema tendrá en los suministros de gas natural a nuestro país. Y es cierto que España no recibe ni un metro cúbico de gas de Rusia, pero no nos engañemos, nuestra dependencia de Argelia, 60% del total de aprovisionamientos, es más alta que la que Alemania, Italia o Francia tienen de Rusia o de cualquier otro suministrador.

Argelia seguirá rápidamente la senda de la subida de precios que puedan trazar los rusos y si por una causa u otra la oferta de gas en la UE es menor que la demanda potencial, habrá menos gas disponible, también en España y los precios subirán en todos los países y en España lo harán especialmente para los consumidores que no tengan una tarifa que les proteja. Como desde el día 1 de enero les pasa, por ejemplo, a los productores de cerámica.

Una política mejor para España: defensa de la libertad de expresión.

Las últimas noticias auguran malos tiempos para la libertad de expresión.

Se quiere volver a la situación, desconocida para la mayoría de los españoles y casi olvidada para los que vivimos durante la dictadura, en la que el poder político se autoconfería el derecho de decidir quienes tenían derecho a emitir públicamente sus opiniones y quienes no.

Casualmente serán bendecidos los que compartan, o digan amén, las opiniones de los gobernantes. Y serán expulsados al vacío los que critiquen o disientan del pensamiento de los mismos.

La Ley, mala ley, recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña, otorga a la Administración la posibilidad de sancionar, e incluso cerrar, a aquellos medios de comunicación que falten a la verdad o que, eventualmente, cometan el desatino de emitir más allá de lo permitido en una de las lenguas oficiales (sólo en una)

Y la condena no será realizada por un tribunal, sino por un comité nombrado por los políticos, previsiblemente en proporción a los resultados electorales.

Y será la opinión de este comité la que sirva para ello, sin que se mantengan las garantías previstas en la Constitución.

Esta ley tiene claramente una empresa destinataria, aunque se hará extensiva a quien se atreva a criticar a los partidos gobernantes, más allá de lo que ellos mismos consideren aceptable.

La empresa es la COPE, cadena radiofónica que se caracteriza por una crítica feroz a los partidos que gobiernan en España y en algunas de sus comunidades autónomas, incluida la de Cataluña.

Debo decir que hace muchos meses que no escucho la COPE, porque no me gusta su estilo ni tampoco su ideología.

Por eso tomo la decisión individual de sintonizar otras cadenas de radio y no esa.

Pero eso no es óbice para que defienda con énfasis su derecho a expresar sus opiniones libremente. Y por eso he firmado el manifiesto a presentar en el Parlamento Europeo.

Y si es cierto, como dicen algunos de los criticados, que sus actuaciones son a veces contrarias a la ley, deberán ser los tribunales, con todas las garantías para ambas partes, los que decidan si se ha transgredido o no la ley.

Pero la libertad de expresión es sagrada, y hace aún más daño que sean los partidos supuestamente progresistas los que se afanen en recortar las libertades individuales de los ciudadanos.

¿Tendremos nuevo sistema de financiación en la Unión Europea?

El sistema de financiación de la Unión Europea se ha complicado mucho con la última ampliación.

El motivo básico es, sin duda, la magnitud de la ampliación, tanto por la población afectada como por el número de países y su renta media, bastante inferior a la de los miembros anteriores.

Las ayudas a los nuevos miembros son un elemento importante para acelerar su convergencia. El caso de España, en la anterior ampliación, es una muestra evidente.

Pero la situación económica de Alemania y Francia no es la mejor para abordar un aumento de las ayudas a los nuevos socios y la pretensión es usar la reducción de las ayudas a los tres países de la anterior ampliación para pagar la mayor parte.

Además, si es posible, se pretende reducir el montante del presupuesto de la Unión, calculado como porcentaje del PIB. Y los políticos de todos los países, estén en el gobierno o en la oposición, no desaprovechan la oportunidad de valorar los presupuestos en función del saldo neto para su país de aportaciones y retornos vía ayudas y subvenciones.

Así los ciudadanos piensan que para qué van a dar una parte de sus impuestos (algo menos del 1,5% de sus compras) si una buena porción irá a parar a esos aprovechados (o vagos, o antipáticos o desleales o… [elíjase el improperio que se quiera] de los [póngase franceses, ingleses, alemanes, españoles, italianos…. Según las fobias personales o colectivas]

Buena manera de ir creando la mentalidad de Europa…

En palabras del presidente de la Comisión "hay que pensar en una reforma del sistema de recursos propios, ya que la actual forma de negociar no es siempre racional y ello crea una atmósfera muy negativa entre los Estados miembros, lo cual no es bueno para Europa"

También ha dicho Durao Barroso que algunos líderes europeos le han animado en privado a realizar una reforma en profundidad del sistema de recursos propios para evitar un vínculo tan directo entre los presupuestos nacionales y el presupuesto europeo, cosa que se podría lograr con un impuesto europeo. Es obvio que el objetivo es ir creando las condiciones para la Unión Política

Justo lo contrario de lo que algunos quieren hacer en España, que se vayan disgregando las haciendas para que cada Comunidad Autónoma se las arregle con los impuestos que pagan sus residentes y de esta forma ir deshaciendo la conciencia nacional (española claro)

Los ciudadanos europeos deberíamos exigir dos condiciones para admitir la incorporación de ese impuesto:

Una condición previa que sería la desaparición del déficit democrático de la UE. El Gobierno Europeo debería ser elegido y controlado por el Parlamento Europeo y los Presupuestos deberían ser aprobados, en exclusiva por el Parlamento Europeo. Y entonces sí, tendría sentido la creación de un impuesto europeo, probablemente como un recargo sobre el IVA, que sirviera para financiar las instituciones europeas y las ayudas que el Parlamento (no la Comisión ni el Consejo) aprobaran.

La otra condición debería ser la reducción del IVA en todos los países miembros en la misma cuantía en que se reduzcan las aportaciones directas de los Estados, no vaya a ser que aprovechando la coyuntura aumenten la presión fiscal sin que se note.

Cuando este debate se abra, cosa que no tardará muchos años, será curioso ver a los nacionalistas defender por una parte el avance hacia una Unión Política Europea y, por otra, continuar trabajando en la demolición de la unión política que tenemos en España. Pero encontrarán la forma, seguro, de defender simultáneamente una cosa y la contraria con argumentos irrebatibles para los convencidos.