Ya ha comenzado la serie de declaraciones de miembros del Gobierno previas a las propuestas, aun no hechas públicas, de aumento de impuestos que se presentarán en el trámite parlamentario de aprobación de los Presupuestos de 2011. Casi con seguridad, el único objeto de estas declaraciones es minimizar el coste electoral de unas medidas siempre impopulares y más aún en una situación económica tan deprimida.
Como es obvio, el Gobierno ha renunciado a llevar a cabo la política más adecuada para reducir el déficit público al menor coste posible para la mayor parte de la población, que sería la realización de auténticos presupuestos base cero para todos los departamentos de todas las administraciones públicas. No hay que ser muy optimista para pensar que se podrían conseguir reducciones comprendidas entre el 30 y el 50% para todos los servicios distintos de Educación y Sanidad (en los que el ahorro sería muy inferior) partiendo de la hipótesis de mantener en calidad y cantidad los servicios públicos no suntuarios.
Pero ese ejercicio supondría un trabajo muy importante para la elaboración de los presupuestos y lo que es más importante para los políticos supondría el pisar muchos callos a los estómagos agradecidos que tanto reciben de la administración a cambio de nada (excepto el voto asegurado de toda la familia)
A cambio, dan como ciertas o inevitables algunas falacias que no resisten el menor análisis económico:
Falacia 1: El déficit se puede corregir aumentando los impuestos únicamente a los ricos.
La realidad es que aunque se les quitaran todos los bienes a los ricos, el déficit público apenas bajaría. El mensaje oculta que el aumento de recaudación se obtendrá sobre todo de las personas que tienen una nómina, alta, media o baja.
Falacia 2: El déficit sólo se puede corregir aumentando los ingresos públicos por tasas e impuestos.
La realidad es que el déficit debe reducirse reduciendo primero tanto como sea posible los gastos públicos innecesarios y sólo después de haberlo hecho, si aún quedara déficit (cosa muy improbable) aumentar los ingresos mediante aumentos impositivos.
Falacia 3: El déficit existe en España porque los impuestos son muy bajos, e insuficientes para garantizar unos servicios públicos razonables.
La realidad es que los impuestos son en España más elevados que en la media de la UE para todas las personas cuyos ingresos provienen fundamentalmente de una nómina. Nuestro sistema de IRPF tiene tipos marginales más elevados para rentas más bajas y es especialmente injusto con las rentas del trabajo asalariado (incluidas las pensiones que a este respecto están asimiladas a las rentas del trabajo.
Falacia 4: Para reducir el déficit no queda más remedio que congelar las pensiones, reducir los salarios de los trabajadores del sector público y cobrar por los servicios que hoy son gratuitos.
La realidad es que si se hiciera el ejercicio de presupuestos base cero de forma rigurosa, se podrían evitar esas medidas que son, por otra parte, las más regresivas que uno pueda imaginar. El cobro por los servicios que hoy son gratuitos llevaría a la renuncia a recibirlos solamente de aquellos que tienen una capacidad adquisitiva más reducida.
Falacia 5: Para aumentar la presión fiscal hay que subir algún impuesto.
La realidad es que sin cambiar ni una coma de la actual regulación fiscal, y suponiendo que no varía el nivel de fraude, la presión fiscal aumenta por el mero hecho de la inflación.
Lo hace en el IRPF y también en el IVA que, digan lo que digan, es un impuesto progresivo aunque sea indirecto, porque tiene cuatro tipos diferentes que se aplican en función de la necesidad relativa de los bienes y servicios.
Pongamos un ejemplo sencillo y muy común. Supongamos un trabajador por cuenta ajena que gane, en 2010, 24000 euros al año. Supongamos que en 2011 le aumenten el sueldo el 2%, esto es 480 euros al año. Supongamos, para simplificar, que no tiene hipoteca ni ahorra, y que su reparto de consumo entre tipos de IVA es 30% exento, 15% del 4%, 20% del 8% y 35% del 18%. Espero que para los políticos ese tipo de persona no responda al de una persona rica a la que hay que exigir más sacrificio fiscal.
Suponiendo que en 2010 el aumento del IVA hubiera sido el 1 de enero (para no introducir los efectos del reciente aumento que distorsionarían el resultado) esta persona habría pagado al final del año unos 3200 euros de IRPF y unos 1770 euros de IVA, en total unos 4970 euros de impuestos, con una presión fiscal para esa persona del 20,71%
En 2011, con un aumento de ingresos del 2%, una inflación del 2% y manteniendo el esquema de consumo, esa misma persona pasaría a ganar 24480 euros y a pagar unos 3334 euros de IRPF y unos 1797 euros de IVA, en total unos 5131 euros con una presión fiscal para esa persona del 20,96%.
Si este mismo ejemplo lo hiciéramos para una persona que ganara más dinero, el incremento de su presión fiscal sería superior, excepto en el caso de que esa persona fuera rica, de verdad, porque entonces no tributaría apenas por el IRPF, tributaría por sociedades a un tipo fijo, y también se libraría de pagar la mayor parte del IVA, ya que los bienes y servicios que consumiera serían pagados, en su mayor parte, por sus empresas, con el resultado final de una presión fiscal muy inferior a la del empleado que cobra 24000 euros.
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