La rentabilidad de los fondos de pensiones

El mes de agosto suele ser escaso en noticias económicas relevantes. Pero también es un mes propicio para publicar aquellas que por una parte son preocupantes para la población y, por otra, no pierden su actualidad por el hecho de retrasar su publicación algunos meses.

Publica hoy El Economista que “el 95% de los planes de pensiones pierde dinero en los últimos 15 años“ Si se lee el resto de la noticia, se aprecia que el problema real es que el 95% de los participes han obtenido en los últimos 15 años una rentabilidad inferior a la inflación, un problema menos grave que el anunciado en el titular, pero que no por ello deja de ser muy preocupante.

¿Por qué razón la mayor parte de los partícipes deberían aceptar una rentabilidad a tan largo plazo que no les permita ni tan sólo mantener el poder adquisitivo?

¿Son estas las maravillas de la gestión privada a la que quieren dirigir algunos el futuro de las pensiones?

Creo que en el seno del Pacto de Toledo debería tratarse la problemática de los planes de pensiones privados, para asegurar que los millones de personas que los tienen puedan obtener de su esfuerzo unos resultados mejores y sin riesgo relevante.

Estoy convencido de que los pobres resultados obtenidos en los últimos quince años por tantos planes de pensiones son la consecuencia de que las gestoras de los planes miran mucho más por sus intereses particulares que por los de los partícipes, y que se aprovechan del compromiso de mantener el dinero hasta la edad de jubilación o hasta que se produzca alguna de las otras situaciones que permiten retirar el dinero. Hay que admitir, dados los resultados, que la posibilidad de cambiar de plan no da el incentivo suficiente para que se gestionen mejor la mayoría de los planes.

Por otra parte, creo que el Estado está perdiendo la oportunidad de aprovechar una parte de este ahorro a muy largo plazo para financiar infraestructuras, públicas o privadas, de gran volumen de inversión y muy largo plazo de maduración.

Hay un mecanismo que sería muy fácil de establecer y que beneficiaría a todos (excepto a los que se aprovechan de la cautividad de los partícipes en los planes de pensiones) que consistiría en la emisión de deuda pública a muy largo plazo (10, 15, 20, 25 y 30 años, por ejemplo) con un tipo de interés fijo y una fiscalidad asegurada para todo el periodo de duración de cada emisión, fiscalidad que bien podría ser la que hubiera para los rendimientos financieros en el momento de cada emisión, que al combinarse permitieran obtener una rentabilidad algo superior a la inflación esperada para el periodo de la emisión.

Con los fondos así obtenidos por el Estado (los planes de pensiones y los demás inversores tendrían total libertad para acudir a las distintas emisiones) se podrían financiar tanto inversiones públicas como privadas que, en este último caso, deberían canalizarse a través de la banca pública, adaptando la cuantía y la duración de cada crédito a los proyectos concretos y aplicando un tipo de interés ligeramente superior al de las emisiones de similar duración que se realizaran de forma próxima en el tiempo a la concesión de los créditos, siguiendo el excelente modelo del Banco Europeo de Inversiones tanto en los criterios de selección de los proyectos a los que serían aplicables como en los reducidos costes de gestión.

Las inversiones financiadas de esta forma tendrían unos tipos de interés conocidos desde el primer momento para toda la duración de los créditos, que permitirían acometer con mucho menor riesgo los grandes proyectos de inversión, y los planes de pensiones obtendrían, para la parte de sus inversiones que realizaran en estos bonos a largo plazo, una rentabilidad real superior a la inflación, con lo que aquellos partícipes que quisieran asegurar una rentabilidad moderada, pero algo superior a la necesaria para mantener el poder adquisitivo de sus ahorros, sólo tendrían que dirigirse a aquellos planes que se comprometieran a usar de forma preferente o total este tipo de planteamiento.