En los últimos días se habla de la aparente contradicción derivada de la afirmación, no contestada por nadie, de que el sistema financiero español tiene una solvencia superior a la de los países de nuestro entorno y de la simultánea necesidad manifiesta de “inyectar” ingentes cantidades de dinero a las entidades financieras españolas.
Pero no hay contradicción alguna, ya que es cierto que la solvencia de las entidades españolas es mayor que la de las entidades financieras de los países de nuestro entorno y también es cierto que las entidades financieras españolas necesitan grandes cantidades de liquidez.
La mayor solvencia de las entidades financieras españolas deriva de la política, callada pero constante, que han mantenido todos los gobernadores del Banco de España desde la crisis bancaria de los primeros años ochenta.
Se ha ido provisionando, con dinero de las entidades financieras, el fondo de garantía de depósitos del que saldrían las eventuales cantidades a pagar en el caso de suspensión de pagos de cualquier entidad. Este fondo, considerado durante años innecesario por las autoridades monetarias europeas, pero tolerado como un capricho español, ya que no hacía daño ni requería fondos públicos, tiene un doble efecto positivo, porque no sólo permite disponer de forma inmediata de una cantidad de dinero relevante, que además no afectaría a las cuentas de resultados de las entidades financieras ya que ha sido previamente provisionado, sino que, también, promueve que la mayoría de las entidades financieras hagan un análisis de los riesgos de su cartera más riguroso, ya que en caso de fallo de alguna entidad es el conjunto de ellas el que pagaría.
La necesidad de liquidez viene derivada, a su vez, de dos fenómenos distintos: la contracción del dinero bancario interno de España, derivada de la menor confianza que la crisis financiera internacional ha trasladado inevitablemente al interior y también del menor ahorro derivado de la crisis económica existente desde hace ya más de un año (aunque el Gobierno lo haya reconocido hace sólo unos meses) y también de la mayor dificultad que está teniendo la economía española para obtener créditos del exterior.
La sociedad española viene gastando en su conjunto unos 100.000 millones de euros anuales más de lo que produce y, a pesar de la crisis, todavía no ha tomado conciencia de la necesidad de ajustar el consumo a los que se genera. Hasta ahora este exceso de gasto se venía financiando con fondos del exterior, pero con la crisis financiera internacional el sistema financiero está incrementando el riesgo que percibe de los préstamos a España. La consecuencia es clara, ya que cuesta mucho colocar nueva deuda española en el exterior, tanto si es pública como privada, y los bancos y cajas españoles se las ven y se las desean para poder renovar los créditos que les vencen, de forma que si no consiguieran por una u otra vía el dinero necesario para pagar los vencimientos se verían abocados a la suspensión de pagos (hoy llamada concurso de acreedores)
Por eso se da la circunstancia de que los 150.000 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición del sistema financiero no se traducirán, salvo quizás una pequeña parte, en mayor disponibilidad para aumentar el crédito a las empresas y familias. Primero se emplearán en devolver a su vencimiento los créditos obtenidos en el exterior, lo que se llevará la inmensa mayoría de los fondos previstos.
Pero no hay contradicción alguna, ya que es cierto que la solvencia de las entidades españolas es mayor que la de las entidades financieras de los países de nuestro entorno y también es cierto que las entidades financieras españolas necesitan grandes cantidades de liquidez.
La mayor solvencia de las entidades financieras españolas deriva de la política, callada pero constante, que han mantenido todos los gobernadores del Banco de España desde la crisis bancaria de los primeros años ochenta.
Se ha ido provisionando, con dinero de las entidades financieras, el fondo de garantía de depósitos del que saldrían las eventuales cantidades a pagar en el caso de suspensión de pagos de cualquier entidad. Este fondo, considerado durante años innecesario por las autoridades monetarias europeas, pero tolerado como un capricho español, ya que no hacía daño ni requería fondos públicos, tiene un doble efecto positivo, porque no sólo permite disponer de forma inmediata de una cantidad de dinero relevante, que además no afectaría a las cuentas de resultados de las entidades financieras ya que ha sido previamente provisionado, sino que, también, promueve que la mayoría de las entidades financieras hagan un análisis de los riesgos de su cartera más riguroso, ya que en caso de fallo de alguna entidad es el conjunto de ellas el que pagaría.
La necesidad de liquidez viene derivada, a su vez, de dos fenómenos distintos: la contracción del dinero bancario interno de España, derivada de la menor confianza que la crisis financiera internacional ha trasladado inevitablemente al interior y también del menor ahorro derivado de la crisis económica existente desde hace ya más de un año (aunque el Gobierno lo haya reconocido hace sólo unos meses) y también de la mayor dificultad que está teniendo la economía española para obtener créditos del exterior.
La sociedad española viene gastando en su conjunto unos 100.000 millones de euros anuales más de lo que produce y, a pesar de la crisis, todavía no ha tomado conciencia de la necesidad de ajustar el consumo a los que se genera. Hasta ahora este exceso de gasto se venía financiando con fondos del exterior, pero con la crisis financiera internacional el sistema financiero está incrementando el riesgo que percibe de los préstamos a España. La consecuencia es clara, ya que cuesta mucho colocar nueva deuda española en el exterior, tanto si es pública como privada, y los bancos y cajas españoles se las ven y se las desean para poder renovar los créditos que les vencen, de forma que si no consiguieran por una u otra vía el dinero necesario para pagar los vencimientos se verían abocados a la suspensión de pagos (hoy llamada concurso de acreedores)
Por eso se da la circunstancia de que los 150.000 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición del sistema financiero no se traducirán, salvo quizás una pequeña parte, en mayor disponibilidad para aumentar el crédito a las empresas y familias. Primero se emplearán en devolver a su vencimiento los créditos obtenidos en el exterior, lo que se llevará la inmensa mayoría de los fondos previstos.
Difícil papeleta la del Gobierno, que simultáneamente debe asegurar la viabilidad de las entidades financieras y pilotar una reducción de la masa crediticia existente sin estrangular la actividad económica, todo ello pretendiendo mantener la idea de que la crisis no tiene también una parte relevante de origen interno.
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