Ayer, 4 de abril de 2020, el
Presidente del Gobierno anunció, a la vez que la segunda prórroga del Estado de
Alarma también de 15 días a la que seguirán otras prórrogas probablemente menos
rígidas, su intención de proponer un acuerdo con todas las fuerzas políticas
para alcanzar unos acuerdos parecidos a los de los Pactos de La Moncloa de 1977,
con el objetivo de favorecer la reconstrucción de la economía española.
Aunque la situación
española, tanto en los aspectos sociales como en los económicos o los políticos,
es muy distinta en la actualidad, hay algunos aspectos del diseño de los pactos
de 1977 que sería muy conveniente repetir si se desea un éxito similar al
obtenido entonces.
El primer aspecto,
absolutamente primordial, es el deseo real, y no solamente retórico, de que formaran
parte de la elaboración y también de los acuerdos todos los partidos políticos
con presencia parlamentaria, así como los sindicatos y patronales más
representativos.
El segundo aspecto, también
esencial, es que para cada mesa (social, económica y política) cada entidad componente
nombre como representantes a sus personas mejor preparadas en los aspectos a
discutir, siempre que además tengan un talante realmente negociador y una voluntad
inequívoca de hacer posible unos acuerdos finales asumibles por todas las
partes que los firmen.
Un tercer aspecto, que
entonces me llamó poderosamente la atención por su novedad, pero que a la
postre se reveló como un pilar fundamental del éxito final, fue la labor didáctica
del representante del gobierno para los aspectos económicos, el Profesor
Fuentes Quintana que era entonces el Ministro de Economía. Previamente al
inicio público de las negociaciones fue publicando en El País durante varios
domingos sucesivos unos artículos, de unas cuatro páginas cada uno, en los que
explicaba de forma muy detallada la situación de la economía española y las
soluciones que él consideraba más apropiadas para resolver, o al menos mitigar,
cada uno de los problemas más graves que entonces tenía nuestro país, de forma
que al iniciarse las negociaciones todo el mundo sabía cual era el diagnóstico
de los principales problemas (en el que apenas hubo discrepancias) y cuales
eran las propuestas concretas para resolverlos que proponía el Gobierno,
propuestas que si que fueron muy debatidas y modificadas de forma relevante con
las aportaciones de las distintas partes.
El resultado fue el de un
éxito notable que, en el caso concreto de la economía llevó a una reducción
espectacular de la inflación (que era del 32% anual en los doce meses
anteriores a la publicación de los citados artículos y que crecía de forma
acelerada mes a mes, y que tras la puesta en práctica de los pactos alcanzados
bajó al 15% anual en unos pocos meses) pero también de una mejora relevante de
la balanza de pagos, del crecimiento económico y del empleo que se empezaron a
notar de forma clara un año después de la puesta en práctica de las medidas
acordadas.
De los problemas
económicos más agudos existentes en los dos momentos (1977 y 2020) sólo es
común a ambas el tremendo desempleo, en tanto que el déficit de la balanza de
pagos y el estancamiento económico eran problemas muy serios en 1977 y no lo
son en los dos primeros meses de 2020, aunque la recesión que nos espera a partir
de marzo de 2020 será sin duda de mucha mayor envergadura que el estancamiento que
tuvimos en 1976 y 1977. En cuanto a los problemas actuales, que no lo eran, o
no lo eran tanto, en 1977 hay que destacar la precarización creciente del
mercado laboral, la insuficiencia crónica, pero además creciente de las
cotizaciones sociales para cubrir el coste de las pensiones sin olvidar la
necesidad imperiosa de actuar de forma decidida para corregir el cambio
climático y otros desmanes medioambientales.
En cuanto a los problemas
políticos, en 1977 era crucial avanzar con el menor coste social posible en la
rápida democratización del sistema político y en la creación de un nuevo modelo
impositivo que permitiera la mejora de la sanidad pública, la educación y las
infraestructuras, objetivos que se alcanzaron razonablemente con la
promulgación de la Constitución, primero, y su desarrollo después.
La aprobación del Estatuto
de los Trabajadores en 1980 fue otro resultado, algo más lejano en el tiempo, del
desarrollo de los pactos que permitió disponer de una normativa laboral que
hizo posible un crecimiento relevante del empleo cuando la posterior reforma
económica, promovida a principios de 1983 por Miguel Boyer, primer ministro de
Economía del primer gobierno del PSOE, tuvo como consecuencia el primer ciclo
de crecimiento relevante de la economía española durante la democracia.
En 2020 los problemas
políticos son bien conocidos por todos, pero en mi modesta opinión, el
principal problema a resolver para que unos nuevos pactos sean posibles es la
ausencia de una voluntad real y efectiva de resolver los enormes problemas
económicos, sociales y medioambientales a que nos enfrentamos.
La declaración
del Presidente Sánchez de promover unos nuevos pactos de la Moncloa, suponiendo
que su voluntad sea sincera, tendrá que sortear en primer lugar el obstáculo previo
de la previsible postura de no pocos representantes de otros partidos de decir
que de acuerdo, pactos sí, pero siempre que incluyan mis propuestas de máximos como
líneas rojas, postura que previsiblemente hará imposible la deseable firma de
los pactos que resulten de una negociación leal y generosa por parte de todos
los partidos parlamentarios, por lo que en el mejor de los casos nos tendremos
que conformar con una firma limitada a unos cuantos partidos (que eso sí sumen
entre todos una mayoría cualificada del Congreso) y a los principales sindicatos
y patronales que previsiblemente no se descolgarían del acuerdo. Si éste fuera
el resultado final, creo que nos podríamos dar por contentos porque la
alternativa será de crisis todavía más larga y penosa que la que tendremos que
pasar si esta atractiva esperanza llegara a ser una realidad.
