La propuesta de modificación del sistema de pensiones aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero es, en mi modesta opinión, la única medida acertada que ha planteado el Gobierno desde que hizo los deberes, con gran corrección, para evitar la caída del sistema financiero cuando aún no reconocía públicamente que hubiera una crisis, aunque era obvio que era una realidad y una realidad con pinta de ser mucho más dura que las anteriores.
También en esta ocasión se ha encontrado el Gobierno con un rechazo generalizado (sólo he percibido el apoyo de la CEOE, al margen del inevitable, aunque en este caso con matices, del PSOE) lo que supone una noticia bastante mala, porque lo que el Gobierno ha aprobado es una propuesta, que será discutida con sindicatos y patronal y posteriormente enviada al Pacto de Toledo para su eventual aprobación en su seno, lo que abriría las puertas a su envío al Parlamento para que sea convertida en norma.
Es de esperar que en todo ese camino haya cambios, aunque por el bien de nuestro sistema de pensiones más nos valdría que los cambios no sean de tal magnitud que eliminen la mayor parte de la ganancia de solvencia del sistema de pensiones que la propuesta supondría.
Es obvio que, desde un punto de vista individual, a todos nos gustaría jubilarnos cuanto antes y con una pensión que sea lo más elevada posible, y también es claro que la demagogia es muy fácil de aplicar en este caso, ya que los efectos de esta propuesta sólo se empezarán a notar por unas pocas personas en 2013 y afectarán plenamente a las personas nacidas a partir de 1959, a partir de 2026. Cuesta poco decir, en consecuencia, que la reforma no es necesaria y muchos se agarrarán a esa mentira (que seguirá siendo una mentira aunque la digan multitud de personas y de instituciones) como a un clavo ardiendo, para no aceptar una reducción de las prestaciones de pensiones del orden del 20%, que es lo que en resumen supondría la reforma, si se aprobara en los términos propuestos por el Gobierno, para todos los nacidos a partir de 1959.
Lo que no explicarán los demagogos es que la alternativa de no cambiar nada, que sin duda sería más favorable (pero sólo durante algunos años) para el conjunto de los nuevos pensionistas a partir de 2013, llevaría en un plazo no muy largo a la necesidad de una reforma mucho más drástica que podría incluso llegar a la necesidad de recortar las prestaciones de los pensionistas que ya lo sean cuando la reforma sea inevitable.
Sería una verdadera paradoja que la única medida social con visión de largo plazo que ha sido capaz de proponer el Gobierno desde que se inició la crisis, fuera también la que tuviera un mayor coste electoral para el partido que le sustenta. Pero la política de este país, basada en la mentira como forma habitual de relación entre los políticos y la sociedad, puede tener estas incongruencias, y no deberíamos sorprendernos en exceso por ello.
Por primera vez en mucho tiempo el Gobierno cuenta con mi apoyo y con mi aplauso por la iniciativa que ha tenido. Me gustaría mucho poder decir lo mismo del resto de actores cuando la propuesta termine su andadura y pase a ser una realidad en nuestro sistema de protección social.
lunes, 1 de febrero de 2010
viernes, 22 de enero de 2010
Debate sobre los efectos del envejecimiento en el Estado del Bienestar
El 20 de enero de 2010 se ha hecho público el informe de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado del Bienestar titulado “Reflexiones para la Reforma” que, en mi modesta opinión constituye un excelente planteamiento del problema y sugiere una vía muy razonable para abordar la definición de las soluciones que la sociedad española se verá obligada a adoptar, más bien pronto que tarde.
El informe se puede descargar desde la dirección de Internet:
http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
y recomiendo que lo lean detenidamente a todas aquellas personas que estén interesadas en este asunto (que deberíamos ser todos porque, antes o después, todos desearemos llegar a edades avanzadas en buenas condiciones de salud y con unos recursos económicos suficientes, recursos que en la mayoría de los casos procederán en su totalidad o en su mayor parte de las pensiones que recibamos)
La composición de la Comisión es suficientemente heterogénea como para impedir las tomas de postura puramente ideológicas, excepto en aquellos aspectos en que hay un acuerdo prácticamente unánime de la sociedad, pero creo que también ha impedido algunas críticas necesarias a los aspectos más injustos o menos eficientes de los sistemas actuales.
El informe termina con un decálogo que, a modo de resumen, indica los aspectos que la sociedad española debería empezar a debatir cuanto antes, decálogo que resumo a continuación:
1) Necesidad y urgencia del debate para definir una serie de reformas, que afectarían al mercado laboral (especialmente en los aspectos de flexibilizar la entrada y salida, parcial o total, de la situación de activo a pensionista y viceversa) a la forma de acceder a las pensiones y de establecer su cuantía, al sistema público de sanidad y al sistema público de atención de la dependencia.
2) Crisis de sostenibilidad del actual sistema de pensiones antes de dos décadas que exige reformar el sistema de pensiones para retornarlo a la situación de sostenibilidad (la crisis significa que no se podrían seguir pagando las pensiones con la cuantía actual, no que quiebre el sistema de pensiones como anuncian algunos catastrofistas)
3) Amplio debate, con intervención de toda la sociedad, con carácter previo, para que las reformas que se lleven a cabo tengan el máximo consenso social.
4) Información completa, fiable y a tiempo de todos los aspectos y dirigida a toda la sociedad.
5) Prolongación de la vida laboral (se podrá discutir la cuantía de la prolongación, las condiciones y la forma o formas de hacerlo, pero no se puede continuar pagando pensiones suficientes sin reducir el periodo de percepción de las pensiones)
6) Nivel de las pensiones que la sociedad deberá proponer atendiendo a criterios de justicia, equidad y solidaridad.
7) Ajustes de la cuantía de la pensión que se deban aplicar a cada pensionista de forma periódica, que no tienen por qué coincidir con el sistema de revisión actual.
8) Participación pública y privada en los esquemas de sanidad, pensiones y dependencia
9) Sanidad si se mantuviera el actual proceso de encarecimiento del sistema público de sanidad, en no muchos años su coste sería inasumible, por lo que es necesario introducir mecanismos para aumentar la eficiencia.
10) Dependencia El sistema de atención a la dependencia iniciado en la anterior legislatura supondrá un aumento muy relevante del gasto público, por lo que se tendrá que adecuar a las posibilidades efectivas de la sociedad.
El informe se puede descargar desde la dirección de Internet:
http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf
y recomiendo que lo lean detenidamente a todas aquellas personas que estén interesadas en este asunto (que deberíamos ser todos porque, antes o después, todos desearemos llegar a edades avanzadas en buenas condiciones de salud y con unos recursos económicos suficientes, recursos que en la mayoría de los casos procederán en su totalidad o en su mayor parte de las pensiones que recibamos)
La composición de la Comisión es suficientemente heterogénea como para impedir las tomas de postura puramente ideológicas, excepto en aquellos aspectos en que hay un acuerdo prácticamente unánime de la sociedad, pero creo que también ha impedido algunas críticas necesarias a los aspectos más injustos o menos eficientes de los sistemas actuales.
El informe termina con un decálogo que, a modo de resumen, indica los aspectos que la sociedad española debería empezar a debatir cuanto antes, decálogo que resumo a continuación:
1) Necesidad y urgencia del debate para definir una serie de reformas, que afectarían al mercado laboral (especialmente en los aspectos de flexibilizar la entrada y salida, parcial o total, de la situación de activo a pensionista y viceversa) a la forma de acceder a las pensiones y de establecer su cuantía, al sistema público de sanidad y al sistema público de atención de la dependencia.
2) Crisis de sostenibilidad del actual sistema de pensiones antes de dos décadas que exige reformar el sistema de pensiones para retornarlo a la situación de sostenibilidad (la crisis significa que no se podrían seguir pagando las pensiones con la cuantía actual, no que quiebre el sistema de pensiones como anuncian algunos catastrofistas)
3) Amplio debate, con intervención de toda la sociedad, con carácter previo, para que las reformas que se lleven a cabo tengan el máximo consenso social.
4) Información completa, fiable y a tiempo de todos los aspectos y dirigida a toda la sociedad.
5) Prolongación de la vida laboral (se podrá discutir la cuantía de la prolongación, las condiciones y la forma o formas de hacerlo, pero no se puede continuar pagando pensiones suficientes sin reducir el periodo de percepción de las pensiones)
6) Nivel de las pensiones que la sociedad deberá proponer atendiendo a criterios de justicia, equidad y solidaridad.
7) Ajustes de la cuantía de la pensión que se deban aplicar a cada pensionista de forma periódica, que no tienen por qué coincidir con el sistema de revisión actual.
8) Participación pública y privada en los esquemas de sanidad, pensiones y dependencia
9) Sanidad si se mantuviera el actual proceso de encarecimiento del sistema público de sanidad, en no muchos años su coste sería inasumible, por lo que es necesario introducir mecanismos para aumentar la eficiencia.
10) Dependencia El sistema de atención a la dependencia iniciado en la anterior legislatura supondrá un aumento muy relevante del gasto público, por lo que se tendrá que adecuar a las posibilidades efectivas de la sociedad.
viernes, 15 de enero de 2010
¿Cómo evoluciona la economía sumergida?
Si entendemos por economía sumergida la que se realiza sin hacer las oportunas declaraciones fiscales establecidas (no forma parte, por tanto, la actividad económica de autoconsumo que en su mayor parte no debe declararse) es evidente que, por definición, su cuantificación es muy difícil, ya que quienes realizan la actividad procuran ocultarla tanto como sea posible.
Además, la economía sumergida incluye la mayor parte de los negocios delictivos, algunos alegales como la prostitución y toda una serie de negocios legales que, simplemente, no son declarados en todo o en parte a Hacienda. Finalmente, debe destacarse que una parte de la economía sumergida si que paga algunos impuestos, los impuestos locales asociados a los locales en que se lleva a cabo, y el IVA y los impuestos especiales de algunos de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, aunque ésta sea delictiva.
Hay una tendencia a pensar que una buena forma de realizar un cálculo aproximado de la variación de la economía sumergida es la comparación de la evolución de la recaudación por IVA con la evolución de dos indicadores de la economía declarada (el PIB y el consumo final) Pero este modelo tiene demasiados puntos débiles como para no desecharlo:
- El IVA, aunque sea un impuesto indirecto es un impuesto progresivo, ya que tiene cuatro tipos diferenciados (la exención, que no es el tipo cero sino la media ponderada de los tipos de los bienes y servicios intermedios empleados para realizar la actividad, y los tipos normal, reducido y superreducido y, por tanto, su recaudación aumenta más que la actividad cuando aumenta el poder adquisitivo medio por persona, pero se reduce en mayor proporción cuando éste decrece.
- Las estimaciones del PIB y del consumo final no se calculan mediante la suma del conjunto de las operaciones declaradas, sino con modelos que están diseñados para suavizar las puntas de los ciclos, tanto las de crecimiento más elevado como las de crecimiento más reducido o decrecimiento más acentuado, dependiendo de si el ciclo no incluye, o sí, una etapa de recesión. Esta metodología, muy estimada por los políticos en el poder, acentúa la discrepancia entre los ritmos de evolución del IVA recaudado, que sí es el resultado de la suma de todas las operaciones declaradas, y de los indicadores considerados precisamente en los momentos más altos y más bajos del ciclo.
Sin embargo, si que se puede intuir, de forma exclusivamente cualitativa, que en una situación de recesión como la actual la economía sumergida tiende a incrementar su proporción, de la misma manera que ocurre lo contrario en etapas de crecimiento sostenido, también por varios motivos:
- No pocas empresas, normalmente no muy grandes, y autónomos, como consecuencia de la ausencia de rentabilidad de sus actividades, simplemente carecen del dinero necesario para pagar los impuestos derivados de su actividad, por lo que se ven abocados a ocultar buena parte de su actividad.
- Las personas que pasan al paro están más dispuestas a realizar trabajos sin declarar, especialmente mientras cobran las prestaciones a las que tienen derecho.
- Si se aumenta el esfuerzo fiscal, entendido como el porcentaje de su renta bruta que dedican a pagar todo tipo de impuestos, sobre las personas físicas y jurídicas, se aumenta la ventaja que se obtiene al ocultar la actividad económica, en todo o en parte, si finalmente esta ocultación no es detectada a tiempo, por lo que un mayor número decidirá correr el riesgo.
Y no debe olvidarse que Hacienda tiene una información ingente sobre la actividad económica de cualquier persona, siempre que esta actividad haya sido declarada por la propia persona o por la contraparte, pero en caso contrario, la actividad económica para Hacienda simplemente no existe. De ahí el enorme interés de Hacienda en ir reduciendo el número de operaciones que se realizan pagando en efectivo y el cuidado de quienes no declaran en que sus cobros y pagos no dejen el menor rastro.
Además, la economía sumergida incluye la mayor parte de los negocios delictivos, algunos alegales como la prostitución y toda una serie de negocios legales que, simplemente, no son declarados en todo o en parte a Hacienda. Finalmente, debe destacarse que una parte de la economía sumergida si que paga algunos impuestos, los impuestos locales asociados a los locales en que se lleva a cabo, y el IVA y los impuestos especiales de algunos de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, aunque ésta sea delictiva.
Hay una tendencia a pensar que una buena forma de realizar un cálculo aproximado de la variación de la economía sumergida es la comparación de la evolución de la recaudación por IVA con la evolución de dos indicadores de la economía declarada (el PIB y el consumo final) Pero este modelo tiene demasiados puntos débiles como para no desecharlo:
- El IVA, aunque sea un impuesto indirecto es un impuesto progresivo, ya que tiene cuatro tipos diferenciados (la exención, que no es el tipo cero sino la media ponderada de los tipos de los bienes y servicios intermedios empleados para realizar la actividad, y los tipos normal, reducido y superreducido y, por tanto, su recaudación aumenta más que la actividad cuando aumenta el poder adquisitivo medio por persona, pero se reduce en mayor proporción cuando éste decrece.
- Las estimaciones del PIB y del consumo final no se calculan mediante la suma del conjunto de las operaciones declaradas, sino con modelos que están diseñados para suavizar las puntas de los ciclos, tanto las de crecimiento más elevado como las de crecimiento más reducido o decrecimiento más acentuado, dependiendo de si el ciclo no incluye, o sí, una etapa de recesión. Esta metodología, muy estimada por los políticos en el poder, acentúa la discrepancia entre los ritmos de evolución del IVA recaudado, que sí es el resultado de la suma de todas las operaciones declaradas, y de los indicadores considerados precisamente en los momentos más altos y más bajos del ciclo.
Sin embargo, si que se puede intuir, de forma exclusivamente cualitativa, que en una situación de recesión como la actual la economía sumergida tiende a incrementar su proporción, de la misma manera que ocurre lo contrario en etapas de crecimiento sostenido, también por varios motivos:
- No pocas empresas, normalmente no muy grandes, y autónomos, como consecuencia de la ausencia de rentabilidad de sus actividades, simplemente carecen del dinero necesario para pagar los impuestos derivados de su actividad, por lo que se ven abocados a ocultar buena parte de su actividad.
- Las personas que pasan al paro están más dispuestas a realizar trabajos sin declarar, especialmente mientras cobran las prestaciones a las que tienen derecho.
- Si se aumenta el esfuerzo fiscal, entendido como el porcentaje de su renta bruta que dedican a pagar todo tipo de impuestos, sobre las personas físicas y jurídicas, se aumenta la ventaja que se obtiene al ocultar la actividad económica, en todo o en parte, si finalmente esta ocultación no es detectada a tiempo, por lo que un mayor número decidirá correr el riesgo.
Y no debe olvidarse que Hacienda tiene una información ingente sobre la actividad económica de cualquier persona, siempre que esta actividad haya sido declarada por la propia persona o por la contraparte, pero en caso contrario, la actividad económica para Hacienda simplemente no existe. De ahí el enorme interés de Hacienda en ir reduciendo el número de operaciones que se realizan pagando en efectivo y el cuidado de quienes no declaran en que sus cobros y pagos no dejen el menor rastro.
domingo, 20 de diciembre de 2009
Copenhague: lo que cabía esperar
Los resultados de la decimoquinta cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 15) han sido, poco más o menos, los que cabía esperar: los económicamente poderosos continuarán con la situación preexistente, que es la que conviene a sus mezquinos y miopes intereses a corto y medio plazo, los burócratas podrán seguir viajando y viviendo a costa del dinero público o semipúblico (se ha citado a los negociadores para que presenten sus propuestas antes del próximo uno de febrero y se proponen nuevas reuniones a mitad de año en Berlín (todavía no confirmada) y a fines de 2010 en Méjico) las organizaciones ecologistas seguirán manteniendo sus propuestas, lo que a la vez significa que algunos de sus miembros podrán seguir viviendo de ello, gozando además de un elevado prestigio social y la población normal seguirá viviendo poco más o menos como hasta ahora, esto es en la miseria o en la pobreza en su mayor parte o con comodidad si tienen la suerte de vivir en la zona desarrollada y no estar marginados de la sociedad.
Es utópico esperar que las personas directamente involucradas en el proceso negociador pongan sobre la mesa y acuerden las soluciones que el mundo necesita para que el suministro de energía a toda la humanidad sea un suministro suficiente, seguro, eficiente y económicamente asumible por cada individuo. No es que la tecnología actual no permita hacerlo (en el mundo desarrollado se podría reducir en el plazo de un par de años al menos el 30% del consumo de energía sin perder calidad de vida, con unos costes tan asumibles que en realidad constituirían un ahorro a medio y largo plazo y con la única condición de cambiar algunas de nuestras costumbres) es que los intereses particulares de quienes deberían realizar las propuestas y aprobarlas les inducen a hacer lo contrario, porque algunos de ellos podrían perder su situación de privilegio en el cambio.
No se puede esperar que si los que mueven los hilos del poder no están dispuestos a cambiar las normas básicas que rigen las actividades económicas en general, y financieras en particular, vayan a estarlo en el caso concreto del sector de la energía, ni tampoco que si llenan de mentiras la información que llega al público sobre la economía, las finanzas, la política y el comportamiento de los que de una forma o de otra viven del dinero público, vayan a hacer algo distinto en lo que se refiere a la energía.
En cuanto a la Unión Europea, que por motivos obvios ha sido dejada de lado en las negociaciones (Obama, eso sí, ha tenido la deferencia de comunicar los acuerdos alcanzados antes de que se hicieran públicos) tiene la opción de continuar su política en solitario, y mejor nos irá a todos los europeos si lo hace, a pesar de no tener compañía, porque si se desarrolla una política energética adecuada, no sólo habrá puesto su granito de arena para mejorar la situación, sino que, cuando sean evidentes las ventajas económicas del uso eficiente de la energía, el resto del los países lo irán adaptando.
Los ciudadanos normales, los que nunca iremos a ninguna cumbre de la ONU, los que si fuéramos invitados daríamos la nota por no despilfarrar el dinero de todos, también podemos hacer nuestra aportación, insignificante de una en una pero muy relevante si se cuenta por centenares de millones. Basta con que evitemos el despilfarro (no es necesario, ni siquiera conveniente que tengamos nuestra casa más caliente en invierno que en verano, más bien sería razonable que estuviéramos cómodos, pero con jersey, en invierno y con camisa poco amplia en verano; no es necesario ir con el coche a máxima velocidad y con una marcha no muy larga, es mucho mejor conducir con el criterio de reducir el consumo y, siempre que sea razonable, utilizar el transporte público y mejor el tren que el avión, siempre que sea razonable, insisto. Pongamos bombillas de bajo consumo en el mayor número de puntos de luz que podamos, aunque no sean tan bonitas como las que gastan entre 15 y 70 veces más para iluminar lo mismo. Y otras muchas pequeñas cosas que al cabo del año permiten una reducción relevante de nuestro consumo de energía sin que, al hacerlo, estemos reduciendo nuestra calidad de vida)
Y quizás algún día gobiernen las instituciones nacionales e internacionales personas que realmente se preocupen por el bien común, poniéndolo por delante de sus poco relevantes intereses particulares, informen de manera clara, entendible y veraz a la población de los problemas importantes y de las formas de reducir sus repercusiones negativas y propongan pautas de actuación que aumenten aún más la eficiencia en el consumo de todos los bienes y servicios, incluyendo, por descontado, la energía.
Es utópico esperar que las personas directamente involucradas en el proceso negociador pongan sobre la mesa y acuerden las soluciones que el mundo necesita para que el suministro de energía a toda la humanidad sea un suministro suficiente, seguro, eficiente y económicamente asumible por cada individuo. No es que la tecnología actual no permita hacerlo (en el mundo desarrollado se podría reducir en el plazo de un par de años al menos el 30% del consumo de energía sin perder calidad de vida, con unos costes tan asumibles que en realidad constituirían un ahorro a medio y largo plazo y con la única condición de cambiar algunas de nuestras costumbres) es que los intereses particulares de quienes deberían realizar las propuestas y aprobarlas les inducen a hacer lo contrario, porque algunos de ellos podrían perder su situación de privilegio en el cambio.
No se puede esperar que si los que mueven los hilos del poder no están dispuestos a cambiar las normas básicas que rigen las actividades económicas en general, y financieras en particular, vayan a estarlo en el caso concreto del sector de la energía, ni tampoco que si llenan de mentiras la información que llega al público sobre la economía, las finanzas, la política y el comportamiento de los que de una forma o de otra viven del dinero público, vayan a hacer algo distinto en lo que se refiere a la energía.
En cuanto a la Unión Europea, que por motivos obvios ha sido dejada de lado en las negociaciones (Obama, eso sí, ha tenido la deferencia de comunicar los acuerdos alcanzados antes de que se hicieran públicos) tiene la opción de continuar su política en solitario, y mejor nos irá a todos los europeos si lo hace, a pesar de no tener compañía, porque si se desarrolla una política energética adecuada, no sólo habrá puesto su granito de arena para mejorar la situación, sino que, cuando sean evidentes las ventajas económicas del uso eficiente de la energía, el resto del los países lo irán adaptando.
Los ciudadanos normales, los que nunca iremos a ninguna cumbre de la ONU, los que si fuéramos invitados daríamos la nota por no despilfarrar el dinero de todos, también podemos hacer nuestra aportación, insignificante de una en una pero muy relevante si se cuenta por centenares de millones. Basta con que evitemos el despilfarro (no es necesario, ni siquiera conveniente que tengamos nuestra casa más caliente en invierno que en verano, más bien sería razonable que estuviéramos cómodos, pero con jersey, en invierno y con camisa poco amplia en verano; no es necesario ir con el coche a máxima velocidad y con una marcha no muy larga, es mucho mejor conducir con el criterio de reducir el consumo y, siempre que sea razonable, utilizar el transporte público y mejor el tren que el avión, siempre que sea razonable, insisto. Pongamos bombillas de bajo consumo en el mayor número de puntos de luz que podamos, aunque no sean tan bonitas como las que gastan entre 15 y 70 veces más para iluminar lo mismo. Y otras muchas pequeñas cosas que al cabo del año permiten una reducción relevante de nuestro consumo de energía sin que, al hacerlo, estemos reduciendo nuestra calidad de vida)
Y quizás algún día gobiernen las instituciones nacionales e internacionales personas que realmente se preocupen por el bien común, poniéndolo por delante de sus poco relevantes intereses particulares, informen de manera clara, entendible y veraz a la población de los problemas importantes y de las formas de reducir sus repercusiones negativas y propongan pautas de actuación que aumenten aún más la eficiencia en el consumo de todos los bienes y servicios, incluyendo, por descontado, la energía.
martes, 8 de diciembre de 2009
Los problemas del mercado laboral en España: cambios legales
Una vez detectada la urgente necesidad de cambios legales para facilitar al máximo la generación de empleo, es claro que corresponde al Gobierno la iniciativa de todo el proceso. Es asimismo evidente que cuanto mayor sea el consenso social que se obtenga, más efectivas serán las normas que se pongan en funcionamiento. Por otra parte, no parece que el ambiente actual sea precisamente el de máxima implicación por parte de todos los agentes sociales, motivo por el que, al final, el Gobierno tendrá que tomar las decisiones que correspondan para que la normativa que finalmente se introduzca tenga la máxima eficacia, incluso si eso supone el descuelgue de algunos agentes sociales que no estén dispuestos a aceptar los cambios que no favorezcan sus intereses particulares. El Gobierno no debe olvidar que no modificar la normativa también es una decisión, aunque a todas luces inadecuada dada la terrible evolución de las cifras de ocupación y de paro, y que tendrá una repercusión relevante en los votos que consigan los partidos en las próximas elecciones.
Una de las principales modificaciones legales que se debería abordar tan rápido como sea posible es la de los tipos de contrato de trabajo que existen. Es obvio que hay demasiados tipos, que la protección que ofrecen a los trabajadores es muy distinta (desde la hiperprotección de los trabajadores con contrato indefinido, al que corresponden 45 días de indemnización por año trabajado con un tope de 42 mensualidades que sólo se ve reducida en algunos casos de ERE hasta la mínima protección de los contratos eventuales) y no se dan las condiciones para quitar los derechos adquiridos de los más privilegiados. Sin embargo, tampoco hay ninguna razón objetiva para no introducir modificaciones en los nuevos contratos que supongan una protección razonable para los trabajadores y que simultáneamente permitan una mayor flexibilidad a la hora de adaptar las plantillas a la situación objetiva de la demanda de sus productos.
Una vía que parece razonable sería la de fijar para todos los nuevos contratos el número de días de indemnización por despido por año trabajado en un número, el que acuerden los agentes sociales o, si no hay acuerdo, el que fije el Gobierno, aunque con unas variaciones importantes, ya que las empresas pagarían cada mes a la Seguridad Social la parte correspondiente a cada uno de sus trabajadores y la Seguridad Social lo apuntaría en una cuenta individual de cada trabajador que, en caso de ser despedido, empezaría por recibir la cantidad que le correspondiera con cargo a su cuenta individual y sólo seguiría percibiendo la prestación una vez agotada su cuenta si, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, siguiera teniendo derecho a la prestación. Esta cuenta individual no se reduciría en el caso de que el trabajador cambiara de empresa, lo que promovería el cambio de empresa cuando fuera de interés del trabajador ya que no se verían mermados sus derechos acumulados y, simultáneamente, incentivaría la búsqueda activa de un nuevo trabajo a los parados, ya que una vez incorporados a un nuevo trabajo su cuenta individual volvería a incrementarse a partir del saldo que tuviera, en vez de continuar reduciéndose.
También deberían modificarse las funciones que realmente hacen las oficinas del INEM, para dirigirlas a la búsqueda activa de empleo. Un modelo del que se podrían sacar bastantes enseñanzas es el danés, que da unas prestaciones superiores al nuestro a aquellas personas que buscan activamente empleo (dinerarias, pero también de formación profesional y de guía para la búsqueda de un nuevo empleo) que quedan reducidas a una quinta parte en la prestación económica en el caso de que el desempleado no busque trabajo de forma activa.
Finalmente, es necesaria una modificación legal que erradique el trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La modificación tiene que penalizar mucho el incumplimiento de los empresarios, pero simultáneamente facilitar al máximo el alta de los trabajadores, incluso cuando sea por un solo día o unas horas, para lo que podrían ser un ejemplo los bonos que ha introducido el Gobierno italiano, que permiten pagar estos trabajos esporádicos simplemente entregando el bono por el importe correspondiente al trabajador que puede cobrar en efectivo el importe que le corresponde en las oficinas de correos, que al tramitarlos añaden los datos correspondientes en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que al comprar el bono el empleador ha pagado, además del salario neto que recibirá el trabajador, los importes correspondientes a la Seguridad Social y a la retención estándar del IRPF que exista para este tipo de forma de pago.
Una de las principales modificaciones legales que se debería abordar tan rápido como sea posible es la de los tipos de contrato de trabajo que existen. Es obvio que hay demasiados tipos, que la protección que ofrecen a los trabajadores es muy distinta (desde la hiperprotección de los trabajadores con contrato indefinido, al que corresponden 45 días de indemnización por año trabajado con un tope de 42 mensualidades que sólo se ve reducida en algunos casos de ERE hasta la mínima protección de los contratos eventuales) y no se dan las condiciones para quitar los derechos adquiridos de los más privilegiados. Sin embargo, tampoco hay ninguna razón objetiva para no introducir modificaciones en los nuevos contratos que supongan una protección razonable para los trabajadores y que simultáneamente permitan una mayor flexibilidad a la hora de adaptar las plantillas a la situación objetiva de la demanda de sus productos.
Una vía que parece razonable sería la de fijar para todos los nuevos contratos el número de días de indemnización por despido por año trabajado en un número, el que acuerden los agentes sociales o, si no hay acuerdo, el que fije el Gobierno, aunque con unas variaciones importantes, ya que las empresas pagarían cada mes a la Seguridad Social la parte correspondiente a cada uno de sus trabajadores y la Seguridad Social lo apuntaría en una cuenta individual de cada trabajador que, en caso de ser despedido, empezaría por recibir la cantidad que le correspondiera con cargo a su cuenta individual y sólo seguiría percibiendo la prestación una vez agotada su cuenta si, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, siguiera teniendo derecho a la prestación. Esta cuenta individual no se reduciría en el caso de que el trabajador cambiara de empresa, lo que promovería el cambio de empresa cuando fuera de interés del trabajador ya que no se verían mermados sus derechos acumulados y, simultáneamente, incentivaría la búsqueda activa de un nuevo trabajo a los parados, ya que una vez incorporados a un nuevo trabajo su cuenta individual volvería a incrementarse a partir del saldo que tuviera, en vez de continuar reduciéndose.
También deberían modificarse las funciones que realmente hacen las oficinas del INEM, para dirigirlas a la búsqueda activa de empleo. Un modelo del que se podrían sacar bastantes enseñanzas es el danés, que da unas prestaciones superiores al nuestro a aquellas personas que buscan activamente empleo (dinerarias, pero también de formación profesional y de guía para la búsqueda de un nuevo empleo) que quedan reducidas a una quinta parte en la prestación económica en el caso de que el desempleado no busque trabajo de forma activa.
Finalmente, es necesaria una modificación legal que erradique el trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La modificación tiene que penalizar mucho el incumplimiento de los empresarios, pero simultáneamente facilitar al máximo el alta de los trabajadores, incluso cuando sea por un solo día o unas horas, para lo que podrían ser un ejemplo los bonos que ha introducido el Gobierno italiano, que permiten pagar estos trabajos esporádicos simplemente entregando el bono por el importe correspondiente al trabajador que puede cobrar en efectivo el importe que le corresponde en las oficinas de correos, que al tramitarlos añaden los datos correspondientes en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que al comprar el bono el empleador ha pagado, además del salario neto que recibirá el trabajador, los importes correspondientes a la Seguridad Social y a la retención estándar del IRPF que exista para este tipo de forma de pago.
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