El Presidente Zapatero continúa añadiendo algunos datos de la subida de impuestos que se incluirá en los Presupuestos del Estado para el próximo año.
El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre ha incluido la primera entrega del aumento impositivo con la que el Gobierno pretende recaudar una cantidad del orden del 1% del PIB.
En ella se incluyen:
- Incremento de dos puntos del tipo general del IVA, de un punto en el tipo reducido y se queda como está el tipo súper reducido, para poder vender la medida como progresiva, aunque apenas lo sea porque, aunque nadie lo diga, el incremento de recaudación por la subida del tipo reducido será superior, en términos porcentuales, al del tipo general.
- Incremento de entre uno y tres puntos del tipo del IRPF aplicable a las rentas del capital.
- Desaparición, de la rebaja de 400 euros a las rentas del trabajo en el IRPF.
Probablemente el Presidente se habrá guardado algo en el bolsillo para completar el paquete cuando le expresen sus exigencias los partidos de los que aspira a conseguir los votos necesarios para que los presupuestos no sean devueltos. De las distintas posibilidades existentes, las que tienen más posibilidades son: aumento de los impuestos especiales (con posible incorporación de la nueva figura de la ecotasa) aumento del tipo máximo del IRPF, aumento del tipo de tributación de las Sicav y ¿por qué no? un gesto a la galería eliminando el aumento del tipo reducido del IVA.
En cualquier caso, el aumento impositivo propuesto solo supondrá un parche parcial en el roto, diez veces más grande, del déficit público. Como el papel lo aguanta todo, pretenderá reducir el déficit público teórico de 2010 al 6-7% del PIB, con lo que asegurará a quien quiera escucharle que ya se habrá iniciado el camino de la reducción del déficit, al ritmo necesario para que sea inferior al 3% en 2012, como exige, y cada vez lo hará con más energía, Bruselas.
La realidad será, sin embargo, tozuda y por una parte la recaudación impositiva será menor de la esperada (en IRPF aumentará aunque en menor medida que lo que corresponde a la eliminación de los 400 euros, disminuirá en sociedades, y en el IVA ni de lejos se tendrá el aumento de recaudación presupuestado) y por otra el gasto público seguirá creciendo por el mayor coste del desempleo, por el desarrollo, aunque mucho más lento de lo publicado, de la Ley de Dependencia y porque no se ha planteado una reducción drástica del gasto público no asociado directamente a las prestaciones sociales.
No quieren hacer público que como el IVA es un impuesto progresivo, aunque sea indirecto, si disminuye el consumo la recaudación lo hará en una proporción más elevada, y tampoco parecen haber considerado que el fraude del IVA aumentará tanto por la falta de liquidez de las empresas (que acudirán en proporción creciente a no declarar el IVA facturado para aliviar parcialmente sus problemas) como por el aumento del incentivo al fraude que supone el aumento de los tipos, como por el mayor desarrollo de la economía sumergida que acompaña a una crisis como la actual.
No parece que el Presidente considere que haya llegado todavía el momento de actuar de forma sensata para promover el aumento de la actividad, que es la única manera de parar la sangría del aumento del desempleo. Tampoco parece que haya tomado conciencia de que la política económica, fiscal y presupuestaria que se siga tiene una influencia muy relevante en la evolución de la economía de cualquier país y que es falso que cuanto más brusca sea la caída de la economía, mas robusta es la recuperación.
Sería bueno que echara un vistazo a lo sucedido en Japón en la última década, para que sea consciente de que si los sucesivos gobiernos se empeñan en mantener, como sea, los defectos estructurales del modelo económico existente, hasta la segunda mayor economía del mundo puede pasar una década, o más, de estancamiento.
martes, 29 de septiembre de 2009
viernes, 11 de septiembre de 2009
El IVA no tiene por qué ser un impuesto regresivo
A pesar de que mucha gente está criticando el anunciado aumento del IVA por su influencia en el consumo y por su carácter supuestamente regresivo, ninguna de estas dos afirmaciones se sostiene.
La caída del consumo se deberá al aumento de la recaudación, ya que los consumidores dispondrán de menos dinero para gastar, pero no de que el incremento impositivo se produzca precisamente en el IVA y la actividad empresarial no se verá directamente afectada ya que para ella el IVA sólo tiene un ligero efecto financiero, positivo o negativo dependiendo de sus plazos de pago y cobro y de su ritmo de rotación.
En cuanto a la regresividad, porque todo el mundo paga el mismo IVA al margen de su renta, tampoco es cierta. Es una conclusión derivada del análisis simple de que el IVA afecta a todos los bienes y servicios, lo que en el caso español es rigurosamente cierto ya que no hay tipo cero de IVA, y de que el tipo es el mismo por tratarse de un impuesto indirecto. Pero el IVA tiene en España cuatro tipos diferenciados, la exención (que elimina el IVA del último escalón de actividad, pero no de los anteriores en algunos servicios, alquileres de vivienda, sanidad y educación) el tipo súper reducido 4%, el reducido 7% y el general 16% y el reparto de bienes y servicios entre los distintos tipos no es descabellado (salvo algunas excepciones que poco a poco se van corrigiendo) lo que supone que las personas con rentas más bajas consumen una proporción mucho mayor de bienes y servicios con tipos menores que las personas con mayor renta, con lo que su tipo medio ponderado es bastante inferior.
Este es el motivo por el que en las épocas de bonanza la recaudación del IVA aumenta en proporción muy superior a la actividad económica, porque la mayor parte de las personas gastamos el incremento de renta casi exclusivamente en bienes y servicios al tipo general, y en cambio, en épocas de penuria las reducciones de gastos se aplican fundamentalmente a bienes y servicios al tipo general con lo que la recaudación baja mucho más que la actividad.
De hecho el IVA es el único impuesto que los ricos de verdad pagan, aunque sólo sea en parte (hay una parte relevante de su consumo personal que puede ser incluido como coste con deducción parcial o total del IVA en sus empresas)
En resumen, el IVA es el impuesto más progresivo del sistema fiscal español (mucho más que el IRPF en su formulación actual) y su previsible aumento será progresivo, salvo en el caso improbable de que suba el mismo número de puntos en los tres tipos existentes, en cuyo caso sería, efectivamente, un aumento regresivo.
La caída del consumo se deberá al aumento de la recaudación, ya que los consumidores dispondrán de menos dinero para gastar, pero no de que el incremento impositivo se produzca precisamente en el IVA y la actividad empresarial no se verá directamente afectada ya que para ella el IVA sólo tiene un ligero efecto financiero, positivo o negativo dependiendo de sus plazos de pago y cobro y de su ritmo de rotación.
En cuanto a la regresividad, porque todo el mundo paga el mismo IVA al margen de su renta, tampoco es cierta. Es una conclusión derivada del análisis simple de que el IVA afecta a todos los bienes y servicios, lo que en el caso español es rigurosamente cierto ya que no hay tipo cero de IVA, y de que el tipo es el mismo por tratarse de un impuesto indirecto. Pero el IVA tiene en España cuatro tipos diferenciados, la exención (que elimina el IVA del último escalón de actividad, pero no de los anteriores en algunos servicios, alquileres de vivienda, sanidad y educación) el tipo súper reducido 4%, el reducido 7% y el general 16% y el reparto de bienes y servicios entre los distintos tipos no es descabellado (salvo algunas excepciones que poco a poco se van corrigiendo) lo que supone que las personas con rentas más bajas consumen una proporción mucho mayor de bienes y servicios con tipos menores que las personas con mayor renta, con lo que su tipo medio ponderado es bastante inferior.
Este es el motivo por el que en las épocas de bonanza la recaudación del IVA aumenta en proporción muy superior a la actividad económica, porque la mayor parte de las personas gastamos el incremento de renta casi exclusivamente en bienes y servicios al tipo general, y en cambio, en épocas de penuria las reducciones de gastos se aplican fundamentalmente a bienes y servicios al tipo general con lo que la recaudación baja mucho más que la actividad.
De hecho el IVA es el único impuesto que los ricos de verdad pagan, aunque sólo sea en parte (hay una parte relevante de su consumo personal que puede ser incluido como coste con deducción parcial o total del IVA en sus empresas)
En resumen, el IVA es el impuesto más progresivo del sistema fiscal español (mucho más que el IRPF en su formulación actual) y su previsible aumento será progresivo, salvo en el caso improbable de que suba el mismo número de puntos en los tres tipos existentes, en cuyo caso sería, efectivamente, un aumento regresivo.
Próxima subida de impuestos
Poco a poco el Presidente Zapatero va informando a la opinión pública de la subida de impuestos que nos espera.
En el debate del día 9 de septiembre dio un dato importante: la subida, que aun después de decirlo sigue calificando de moderada, pretende recaudar una cantidad del orden del 1,5% del PIB.
Tras decir que no aumentaría el impuesto de sociedades y que tampoco afectaría a las rentas del trabajo, era evidente que una de las principales fuentes de nuevos ingresos tiene que ser necesariamente el IVA, lo que ayer hizo público el Presidente en Italia, lo que no ha impedido la crítica de todos (menos de sus incondicionales) partidos, sindicatos y comentaristas.
La situación para el Presidente es muy difícil, ya que sigue considerando que él sólo puede conseguir la salida de la crisis mediante el incremento del gasto público en la cuantía que la situación requiera. Pero Bruselas ya le ha recordado que tiene que volver a un déficit inferior al 3% del PIB como muy tarde en 2012 y que en un plazo de unos meses tiene que explicitar en un plan como lo va a conseguir, y seguramente alguno de sus asesores le ha convencido de que la subida de los impuestos no se puede demorar mucho.
Por otra parte, tiene que conseguir que se aprueben los presupuestos, para lo que necesita el voto de múltiples partidos que venderán muy caro su voto, pero con todo, su principal enemigo es él mismo, incapaz de aceptar que cuando se reducen mucho los ingresos públicos, cualquier alternativa económica pasa por la reducción drástica del gasto público.
Esta primera tanda de aumento de impuestos, a la que hasta las próximas elecciones seguirán al menos otras dos más de intensidad similar o superior, con motivo de cada ley de presupuestos, puede al final resumirse en lo siguiente.
- Incremento de dos puntos del tipo general del IVA, con mantenimiento de los tipos actuales reducido y súper reducido, para que la medida sea progresiva.
- Incremento de dos puntos del tipo del IRPF aplicable a las rentas del capital.
- Reducción drástica, o desaparición, de la rebaja de 400 euros a las rentas del trabajo.
- Incremento, similar al realizado este año, de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes.
En el debate del día 9 de septiembre dio un dato importante: la subida, que aun después de decirlo sigue calificando de moderada, pretende recaudar una cantidad del orden del 1,5% del PIB.
Tras decir que no aumentaría el impuesto de sociedades y que tampoco afectaría a las rentas del trabajo, era evidente que una de las principales fuentes de nuevos ingresos tiene que ser necesariamente el IVA, lo que ayer hizo público el Presidente en Italia, lo que no ha impedido la crítica de todos (menos de sus incondicionales) partidos, sindicatos y comentaristas.
La situación para el Presidente es muy difícil, ya que sigue considerando que él sólo puede conseguir la salida de la crisis mediante el incremento del gasto público en la cuantía que la situación requiera. Pero Bruselas ya le ha recordado que tiene que volver a un déficit inferior al 3% del PIB como muy tarde en 2012 y que en un plazo de unos meses tiene que explicitar en un plan como lo va a conseguir, y seguramente alguno de sus asesores le ha convencido de que la subida de los impuestos no se puede demorar mucho.
Por otra parte, tiene que conseguir que se aprueben los presupuestos, para lo que necesita el voto de múltiples partidos que venderán muy caro su voto, pero con todo, su principal enemigo es él mismo, incapaz de aceptar que cuando se reducen mucho los ingresos públicos, cualquier alternativa económica pasa por la reducción drástica del gasto público.
Esta primera tanda de aumento de impuestos, a la que hasta las próximas elecciones seguirán al menos otras dos más de intensidad similar o superior, con motivo de cada ley de presupuestos, puede al final resumirse en lo siguiente.
- Incremento de dos puntos del tipo general del IVA, con mantenimiento de los tipos actuales reducido y súper reducido, para que la medida sea progresiva.
- Incremento de dos puntos del tipo del IRPF aplicable a las rentas del capital.
- Reducción drástica, o desaparición, de la rebaja de 400 euros a las rentas del trabajo.
- Incremento, similar al realizado este año, de los impuestos especiales sobre el tabaco, alcohol y carburantes.
martes, 11 de agosto de 2009
Escasez de financiación para el sector privado
Desde la etapa de la autarquía que siguió a la guerra civil, todas las crisis españolas han tenido como causa última la escasez de financiación para el sector privado, debido a la permanente necesidad de invertir en la formación bruta de capital para conseguir los aumentos de la capacidad productiva y la puesta en operación de procesos productivos más eficientes.
Dicen los que ya estudiaban la economía a finales de los años cincuenta que el elemento concreto que convenció al dictador de la imperiosa necesidad de abandonar la autarquía en 1959 fue la falta de divisas para pagar las importaciones de petróleo, que obligaría a volver a introducir las cartillas de racionamiento. El acuerdo con el FMI, que incluía una incipiente apertura al exterior de la economía española, permitió salvar la situación y las divisas procedentes del turismo y del dinero que comenzaron a enviar a sus familias los emigrantes españoles se convirtieron, a partir de entonces, en la fuente que permitió la primera etapa prolongada de desarrollo económico que duró, aproximadamente, hasta la muerte del dictador a finales de 1975.
Las sucesivas crisis se produjeron siempre por el crecimiento del déficit de la balanza de pagos comercial hasta límites que no podían ser compensados por las aportaciones conjuntas del turismo, de los envíos de dinero de los emigrantes y de la inversión de capital extranjero en España, y se superaron siempre, hasta la incorporación de España al euro, mediante el recurso a la devaluación, que era la forma de reducir los salarios y, en consecuencia, aumentar la competitividad sin que la población lo percibiera.
La incorporación de España al euro ha tenido, respecto a este aspecto concreto, dos consecuencias relevantes: la absorción por parte del conjunto de la zona euro del déficit de la balanza de pagos española y la imposibilidad de recurrir a la devaluación como sistema de aumentar la competitividad de la economía de nuestro país. Probablemente la posibilidad de que haya sido la zona euro la que durante unos cuantos años haya absorbido el creciente déficit de la balanza de pagos española ha sido el factor que ha permitido que la fase de crecimiento del último ciclo económico se haya prolongado tanto en el tiempo, pero ha tenido como consecuencia inevitable el aumento del endeudamiento externo español a un ritmo que ha terminado por ser insostenible.
El Banco de España publica trimestralmente una información sobre la deuda externa española que es de gran utilidad para analizar este fenómeno, aunque sería necesaria una mayor desagregación en el plazo a que se tiene la deuda para poder sacar algunas conclusiones adicionales.
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la deuda externa española con su separación en deuda a corto plazo, la que vence a menos de un año, y deuda a largo plazo, la que vence a más de un año:
Si se toma como indicador del inicio de la actual crisis económica el momento en el que el sistema financiero internacional decidió frenar el aumento de la deuda externa española, se llega a la conclusión de que la crisis actual se inició precisamente en el tercer trimestre de 2007.
El proceso de incremento de la deuda externa a más de un año desde el año 2001 se puede dividir en tres periodos, 2001-2004, 2004-2007 y 2007 hasta ahora. En el primer periodo la deuda externa española total, a más de un año, creció al ritmo aproximado de 100.000 millones de euros al año, cifra que aumentó a 180.000 millones anuales entre 2004 y 2007 y que ha pasado a ser muy ligeramente negativa desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2009, último dato publicado por el Banco de España.
El análisis del reparto de la deuda a más de una año entre sus tres componentes principales (sector privado, excepto instituciones financieras; instituciones financieras y administraciones públicas) aporta datos adicionales también muy interesantes.
El sector privado es el que explica la mayor parte de este comportamiento, ya que entre 2001 y 2004 aumentó su deuda con el exterior en unos 60.000 millones de euros anuales (60% del total) entre 2004 y 2007 este incremento de la deuda externa fue de unos 125.000 millones anuales (70% del total) y en marzo de 2009 era inferior en unos 15.000 millones al que tenía seis meses antes. La deuda externa a menos de un año se ha mantenido entre veinte y treinta mil millones de euros en todo el periodo considerado, excepto a partir del tercer trimestre de 2008 en que ha pasado a unos 40.000 millones (6% de la deuda externa total del sector privado)
Las instituciones financieras por su parte aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en unos 30.000 millones de euros anuales entre 2001 y 2004 (30% del total) en unos 50.000 millones anuales entre 2004 y 2007 (28% del total) y también se redujo a partir del tercer trimestre de 2008 en unos 15.000 millones, hasta marzo de 2009. Sin embargo, las instituciones financieras tienen una deuda externa que se reparte prácticamente al 50% entre vencimientos a menos de un año y a más de un año, deuda que se ha desplazado hacia una mayor proporción de la deuda a corto desde marzo de 2008, fecha a partir de la que su deuda externa total está estabilizada.
Finalmente, las administraciones públicas han tenido un comportamiento muy distinto, acorde con la evolución de las cuentas públicas. Entre 2001 y 2004 aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en menos de 10.000 millones de euros al año, cifra que bajó a menos de 5.000 millones de aumento anual entre 2004 y 2007 pero que ha aumentado en unos 30.000 millones en el último año.
En resumen, se puede concluir que la economía española se enfrenta a un problema muy serio de financiación que será, con toda probabilidad, un freno enorme para la recuperación de la actividad económica. Suponiendo que el sector financiero exterior siga considerando que la deuda externa española (1,7 billones de euros equivalente a una vez y media el PIB español) no puede aumentar, que el déficit total de las administraciones públicas sea del orden del 10% del PIB durante al menos 2009 y 2010 y que el ahorro del sector privado aumente, también como consecuencia de la crisis, en el 2% del PIB anual, es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado verá reducida su capacidad de financiación en una cifra equivalente al 8% del PIB, unos 90.000 millones de euros al año. Y no será porque las instituciones financieras no quieran prestar dinero a empresas y familias, sino porque la pérdida de competitividad de la economía española obligará a una digestión muy lenta de los excesos cometidos en los años anteriores y, dado que ya que no es posible reducir los salarios por la vía de la devaluación, ni al parecer por la vía de la concertación social, el aumento de competitividad se alcanzará, necesariamente, a través del mecanismo más doloroso para la sociedad, que no es otro que el aumento del paro.
Dicen los que ya estudiaban la economía a finales de los años cincuenta que el elemento concreto que convenció al dictador de la imperiosa necesidad de abandonar la autarquía en 1959 fue la falta de divisas para pagar las importaciones de petróleo, que obligaría a volver a introducir las cartillas de racionamiento. El acuerdo con el FMI, que incluía una incipiente apertura al exterior de la economía española, permitió salvar la situación y las divisas procedentes del turismo y del dinero que comenzaron a enviar a sus familias los emigrantes españoles se convirtieron, a partir de entonces, en la fuente que permitió la primera etapa prolongada de desarrollo económico que duró, aproximadamente, hasta la muerte del dictador a finales de 1975.
Las sucesivas crisis se produjeron siempre por el crecimiento del déficit de la balanza de pagos comercial hasta límites que no podían ser compensados por las aportaciones conjuntas del turismo, de los envíos de dinero de los emigrantes y de la inversión de capital extranjero en España, y se superaron siempre, hasta la incorporación de España al euro, mediante el recurso a la devaluación, que era la forma de reducir los salarios y, en consecuencia, aumentar la competitividad sin que la población lo percibiera.
La incorporación de España al euro ha tenido, respecto a este aspecto concreto, dos consecuencias relevantes: la absorción por parte del conjunto de la zona euro del déficit de la balanza de pagos española y la imposibilidad de recurrir a la devaluación como sistema de aumentar la competitividad de la economía de nuestro país. Probablemente la posibilidad de que haya sido la zona euro la que durante unos cuantos años haya absorbido el creciente déficit de la balanza de pagos española ha sido el factor que ha permitido que la fase de crecimiento del último ciclo económico se haya prolongado tanto en el tiempo, pero ha tenido como consecuencia inevitable el aumento del endeudamiento externo español a un ritmo que ha terminado por ser insostenible.
El Banco de España publica trimestralmente una información sobre la deuda externa española que es de gran utilidad para analizar este fenómeno, aunque sería necesaria una mayor desagregación en el plazo a que se tiene la deuda para poder sacar algunas conclusiones adicionales.
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la deuda externa española con su separación en deuda a corto plazo, la que vence a menos de un año, y deuda a largo plazo, la que vence a más de un año:
Si se toma como indicador del inicio de la actual crisis económica el momento en el que el sistema financiero internacional decidió frenar el aumento de la deuda externa española, se llega a la conclusión de que la crisis actual se inició precisamente en el tercer trimestre de 2007.
El proceso de incremento de la deuda externa a más de un año desde el año 2001 se puede dividir en tres periodos, 2001-2004, 2004-2007 y 2007 hasta ahora. En el primer periodo la deuda externa española total, a más de un año, creció al ritmo aproximado de 100.000 millones de euros al año, cifra que aumentó a 180.000 millones anuales entre 2004 y 2007 y que ha pasado a ser muy ligeramente negativa desde el tercer trimestre de 2007 hasta el primero de 2009, último dato publicado por el Banco de España.
El análisis del reparto de la deuda a más de una año entre sus tres componentes principales (sector privado, excepto instituciones financieras; instituciones financieras y administraciones públicas) aporta datos adicionales también muy interesantes.
El sector privado es el que explica la mayor parte de este comportamiento, ya que entre 2001 y 2004 aumentó su deuda con el exterior en unos 60.000 millones de euros anuales (60% del total) entre 2004 y 2007 este incremento de la deuda externa fue de unos 125.000 millones anuales (70% del total) y en marzo de 2009 era inferior en unos 15.000 millones al que tenía seis meses antes. La deuda externa a menos de un año se ha mantenido entre veinte y treinta mil millones de euros en todo el periodo considerado, excepto a partir del tercer trimestre de 2008 en que ha pasado a unos 40.000 millones (6% de la deuda externa total del sector privado)
Las instituciones financieras por su parte aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en unos 30.000 millones de euros anuales entre 2001 y 2004 (30% del total) en unos 50.000 millones anuales entre 2004 y 2007 (28% del total) y también se redujo a partir del tercer trimestre de 2008 en unos 15.000 millones, hasta marzo de 2009. Sin embargo, las instituciones financieras tienen una deuda externa que se reparte prácticamente al 50% entre vencimientos a menos de un año y a más de un año, deuda que se ha desplazado hacia una mayor proporción de la deuda a corto desde marzo de 2008, fecha a partir de la que su deuda externa total está estabilizada.
Finalmente, las administraciones públicas han tenido un comportamiento muy distinto, acorde con la evolución de las cuentas públicas. Entre 2001 y 2004 aumentaron su endeudamiento externo a largo plazo en menos de 10.000 millones de euros al año, cifra que bajó a menos de 5.000 millones de aumento anual entre 2004 y 2007 pero que ha aumentado en unos 30.000 millones en el último año.
En resumen, se puede concluir que la economía española se enfrenta a un problema muy serio de financiación que será, con toda probabilidad, un freno enorme para la recuperación de la actividad económica. Suponiendo que el sector financiero exterior siga considerando que la deuda externa española (1,7 billones de euros equivalente a una vez y media el PIB español) no puede aumentar, que el déficit total de las administraciones públicas sea del orden del 10% del PIB durante al menos 2009 y 2010 y que el ahorro del sector privado aumente, también como consecuencia de la crisis, en el 2% del PIB anual, es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado verá reducida su capacidad de financiación en una cifra equivalente al 8% del PIB, unos 90.000 millones de euros al año. Y no será porque las instituciones financieras no quieran prestar dinero a empresas y familias, sino porque la pérdida de competitividad de la economía española obligará a una digestión muy lenta de los excesos cometidos en los años anteriores y, dado que ya que no es posible reducir los salarios por la vía de la devaluación, ni al parecer por la vía de la concertación social, el aumento de competitividad se alcanzará, necesariamente, a través del mecanismo más doloroso para la sociedad, que no es otro que el aumento del paro.
viernes, 3 de julio de 2009
Cierre de la central nuclear de Santa Mª de Garoña
El Gobierno anunció ayer el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, que será efectivo el 1 de abril de 2013.
Esta decisión culmina el proceso administrativo iniciado tras la solicitud de ampliación de la licencia de operación realizada por Nuclenor, la empresa propietaria de la central en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola.
De acuerdo con la legislación vigente, una vez solicitada la ampliación por la empresa propietaria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debía realizar un informe con unos plazos tasados, preceptivo pero sólo vinculante en el caso de que la conclusión del informe fuera la de una negativa a la ampliación de la licencia de operación. El informe fue presentado realmente un par de días después de agotado el plazo, debido seguramente a que el plazo terminaba el día antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque formalmente se cumplió el plazo mediante la argucia administrativa de mandar la comunicación de que se presentaba en plazo, pero demorando un par de días el envío del documento fundamental, lo que prueba que la Presidenta del CSN, nombrada por el Parlamento, es permeable a los deseos del Gobierno.
El informe, aunque parece que incorpora algunas dudas, abre la posibilidad de una ampliación de la licencia de operación de la central por una duración máxima de diez años, con lo que deja al Gobierno las manos libres para decidir lo que prefiera, con el límite citado de los diez años de plazo máximo de duración de la licencia.
El Gobierno, con una aparente división de opiniones entre el Presidente del Gobierno y el responsable de Industria (que justificaría la redacción del informe del CSN, al parecer más cercana a las tesis del Ministro que a las del Presidente) ha decidido que la central deje de funcionar el 1 de abril de 2013, decisión que, en mi opinión, cumple todos los requisitos legales.
La compañía propietaria no está contenta con la decisión, porque dejará de ganar un montón de dinero, unos 200 millones de euros al año, que es la diferencia entre los costes marginales en los que incurriría por continuar operando, ciertamente muy reducidos, y el precio que cobraría por la electricidad generada que, si no cambia el sistema vigente, sería el que fije el pool para cada hora en la que la central produjera electricidad. Además, las compañías eléctricas propietarias tienen intereses adicionales porque son propietarias, en parte o totalmente, de otras centrales nucleares, cuyas licencias de operación irán caducando en los próximos años.
La cuantía económica en cuestión es de tal magnitud, que resulta extraño que la campaña de lobby y de publicidad que han montado las empresas eléctricas haya sido tan poco efectiva, en parte por los argumentos tan burdos que están empleando.
El Gobierno, por su parte, no ha querido abrir el debate sereno, racional y sin prisas que merece la cuestión, ya que, aunque es cierto que la central de Garoña es pequeña y que su cierre no supondrá ninguna reducción apreciable en la seguridad de suministro y, además, tendrá un efecto marginal en los precios que los consumidores tengamos que pagar por la electricidad en el periodo afectado por la decisión, no es menos cierto que, si las condiciones de seguridad son adecuadas, su cierre supondrá un despilfarro económico relevante para el país (nuestra balanza de pagos sí que se verá empeorada por la diferencia de precio entre el uranio que se dejará de comprar si no funciona la central y el precio del gas natural que se empleará para generar la electricidad que no genere Garoña) y una reducción de beneficios enorme para la empresa propietaria. El Presidente del Gobierno podría aplicarse el viejo, pero todavía vigente, lema de “Ahorre en las importaciones de energía, porque aunque usted pueda pagarlo, España no puede”
También debería debatirse la ampliación de la operación de las demás centrales que hay en funcionamiento, más modernas y de más capacidad individual y acumulada, porque en su conjunto la no ampliación de su vida operativa (siempre en la hipótesis de que su seguridad es suficiente) si que afectaría a la seguridad de suministro (si no se construyera la capacidad equivalente con otras fuentes de energía antes de su parada) y también al precio de la electricidad y, finalmente, la conveniencia, o no, de instalar centrales nucleares adicionales (debate en el que el punto más delicado es la información clara, transparente y verídica sobre el tratamiento de los residuos, que todavía no está suficientemente solucionado) En este debate debería incluirse el justo reparto de los beneficios de la eventual ampliación de la vida operativa de las centrales existentes entre las empresas propietarias, que si son operadores eficientes tienen derecho a unos beneficios razonables, y los consumidores de electricidad, que todavía estamos pagando los costes de las centrales nucleares que no se llegaron a poner en operación así como los CTC y que, en justa contrapartida, nos deberíamos beneficiar de los ahorros de costes que una decisión de ese tipo proporcionaría.
Esta decisión culmina el proceso administrativo iniciado tras la solicitud de ampliación de la licencia de operación realizada por Nuclenor, la empresa propietaria de la central en la que participan al 50% Endesa e Iberdrola.
De acuerdo con la legislación vigente, una vez solicitada la ampliación por la empresa propietaria, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debía realizar un informe con unos plazos tasados, preceptivo pero sólo vinculante en el caso de que la conclusión del informe fuera la de una negativa a la ampliación de la licencia de operación. El informe fue presentado realmente un par de días después de agotado el plazo, debido seguramente a que el plazo terminaba el día antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque formalmente se cumplió el plazo mediante la argucia administrativa de mandar la comunicación de que se presentaba en plazo, pero demorando un par de días el envío del documento fundamental, lo que prueba que la Presidenta del CSN, nombrada por el Parlamento, es permeable a los deseos del Gobierno.
El informe, aunque parece que incorpora algunas dudas, abre la posibilidad de una ampliación de la licencia de operación de la central por una duración máxima de diez años, con lo que deja al Gobierno las manos libres para decidir lo que prefiera, con el límite citado de los diez años de plazo máximo de duración de la licencia.
El Gobierno, con una aparente división de opiniones entre el Presidente del Gobierno y el responsable de Industria (que justificaría la redacción del informe del CSN, al parecer más cercana a las tesis del Ministro que a las del Presidente) ha decidido que la central deje de funcionar el 1 de abril de 2013, decisión que, en mi opinión, cumple todos los requisitos legales.
La compañía propietaria no está contenta con la decisión, porque dejará de ganar un montón de dinero, unos 200 millones de euros al año, que es la diferencia entre los costes marginales en los que incurriría por continuar operando, ciertamente muy reducidos, y el precio que cobraría por la electricidad generada que, si no cambia el sistema vigente, sería el que fije el pool para cada hora en la que la central produjera electricidad. Además, las compañías eléctricas propietarias tienen intereses adicionales porque son propietarias, en parte o totalmente, de otras centrales nucleares, cuyas licencias de operación irán caducando en los próximos años.
La cuantía económica en cuestión es de tal magnitud, que resulta extraño que la campaña de lobby y de publicidad que han montado las empresas eléctricas haya sido tan poco efectiva, en parte por los argumentos tan burdos que están empleando.
El Gobierno, por su parte, no ha querido abrir el debate sereno, racional y sin prisas que merece la cuestión, ya que, aunque es cierto que la central de Garoña es pequeña y que su cierre no supondrá ninguna reducción apreciable en la seguridad de suministro y, además, tendrá un efecto marginal en los precios que los consumidores tengamos que pagar por la electricidad en el periodo afectado por la decisión, no es menos cierto que, si las condiciones de seguridad son adecuadas, su cierre supondrá un despilfarro económico relevante para el país (nuestra balanza de pagos sí que se verá empeorada por la diferencia de precio entre el uranio que se dejará de comprar si no funciona la central y el precio del gas natural que se empleará para generar la electricidad que no genere Garoña) y una reducción de beneficios enorme para la empresa propietaria. El Presidente del Gobierno podría aplicarse el viejo, pero todavía vigente, lema de “Ahorre en las importaciones de energía, porque aunque usted pueda pagarlo, España no puede”
También debería debatirse la ampliación de la operación de las demás centrales que hay en funcionamiento, más modernas y de más capacidad individual y acumulada, porque en su conjunto la no ampliación de su vida operativa (siempre en la hipótesis de que su seguridad es suficiente) si que afectaría a la seguridad de suministro (si no se construyera la capacidad equivalente con otras fuentes de energía antes de su parada) y también al precio de la electricidad y, finalmente, la conveniencia, o no, de instalar centrales nucleares adicionales (debate en el que el punto más delicado es la información clara, transparente y verídica sobre el tratamiento de los residuos, que todavía no está suficientemente solucionado) En este debate debería incluirse el justo reparto de los beneficios de la eventual ampliación de la vida operativa de las centrales existentes entre las empresas propietarias, que si son operadores eficientes tienen derecho a unos beneficios razonables, y los consumidores de electricidad, que todavía estamos pagando los costes de las centrales nucleares que no se llegaron a poner en operación así como los CTC y que, en justa contrapartida, nos deberíamos beneficiar de los ahorros de costes que una decisión de ese tipo proporcionaría.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)