La introducción del carnet por puntos se había presentado como la vía más adecuada para reducir de forma drástica la sangría de las muertes en accidente de tráfico.
El peaje a pagar por los conductores es la pérdida de la garantía constitucional de que nadie puede ser condenado sin pruebas, y la presunción de veracidad de lo declarado por el agente de autoridad que formula una denuncia, aunque no estuviera presente en el lugar de los hechos, es una clara violación de esta garantía constitucional en condenas que superan en mucho la mera sanción administrativa, con multa incluida, que por esta vía se podía imponer en la situación anterior.
Personalmente estoy dispuesto a aceptar esta pérdida de garantía constitucional siempre que su aplicación se limite a las infracciones de tráfico y que la contrapartida, muy positiva, sea la reducción del número de muertos en accidente de tráfico en algunos miles al año.
La experiencia del primer año de aplicación es agridulce, parece que se reducirá el número de muertos en unos mil al año, lo que es bueno, pero las expectativas se han quedado en la mitad, lo que no parece aceptable.
Para resolver un problema tan complejo, parece lógico que sea necesario actuar en varios frentes y, aceptando que el carnet por puntos es un pilar básico de la solución y es la parte que corresponde a los ciudadanos de a pie, cabe añadir unos cuantos deberes que deberían realizar las administraciones.
También tendría que introducirse el correspondiente “carnet por puntos” para los responsables de las administraciones implicados en las tareas de planificación, ejecución y control de todos los aspectos relacionados con el tráfico de forma que cuando, por acción u omisión, no cumplieran sus deberes a este respecto, perdieran puntos y cuando la pérdida acumulada superara un número predeterminado de puntos, fueran inhabilitados para las funciones públicas.
Los deberes que la sociedad debería imponer a los administradores podrían ser los siguientes:
Realización de las obras necesarias para que desaparezcan de las vías de transporte los tramos que aumentan el riesgo de forma relevante. A este respecto sería importante que, para cada accidente con victimas mortales, fuera obligada la realización de un informe en el que se detallaran las medidas de mejora del tramo en que se produjo el accidente que hubieran ayudado a que éste no se produjera.
Realización de un plan de mejora intensiva de la señalización, con el objetivo de que ésta sea suficiente para que un conductor que nunca haya realizado un trayecto llegue a su destino sin dificultad, incluso si no dispone de navegador.
Revisión exhaustiva de los límites de velocidad aplicables a cada tramo, con el objeto de que éstos sean fiables y razonables, con inclusión de límites más estrictos, aplicables en situaciones desfavorables.
Agilización de los trámites sancionadores y establecimiento de un sistema de control interno, al azar, para evitar los abusos que algunos agentes llevan a cabo a la hora de denunciar aprovechando la presunción de veracidad de sus declaraciones.
Eliminación de los controles sancionadores cuyo objetivo principal es el recaudatorio.
Instalación de radares fijos y permanentes en todos los puntos en que el exceso de velocidad aumente especialmente el riesgo de accidente, con aviso de su existencia 1000 metros antes.
Si todos, o la inmensa mayoría, cumplimos con nuestros deberes para minimizar el riesgo del tráfico, los datos de los meses de agosto venideros serán menos duros, y aunque siempre habrá accidentes y victimas, la sociedad debería plantearse, y obtener, objetivos de reducción de más de la mitad de las muertes.
¿Se puede dar mejor destino al dinero que estos planes cuesten?
¿Será mucho pedir que las administraciones realicen la parte que les corresponde?
miércoles, 5 de septiembre de 2007
¡ Bravo por Rosa Díez !
Finalmente se ha confirmado la noticia que hace tiempo se esperaba: Rosa Díez deja el PSOE, su partido durante 30 años, para poder defender con libertad sus ideas socialistas.
Hace algo más de un año escuché de ella una queja que lo explica casi todo; contaba Rosa Díez que cuando era joven le acusaban de ser una mala española (los franquistas, obviamente) que unos años más tarde la acusación cambió a que era una mala vasca (en esta ocasión los nacionalistas) y que ahora la acusación es la de ser una mala socialista (los del PSE y PSOE claro, aunque ella no lo dijo)
Parece que ahora ha encontrado, en el partido que promueve ¡Basta ya!, el ámbito en el que defender sus ideas sin que se le acuse de nada. El tiempo nos dirá si en ese nuevo partido también se termina por elegir lo políticamente más conveniente para conseguir el poder, o mantenerse en él, o, por el contrario, se da prioridad a la defensa de los principios de defensa de la libertad, solidaridad y progreso social. Ojalá sea esto último, y podamos disfrutar de la defensa, convencida y argumentada, de las ideas a que Rosa Díez nos tiene acostumbrados.
Para mí Rosa Díez ha sido, y es, una buena española, una buena vasca y una buena socialista y, además, una mujer que me merece mucha confianza.
Por eso le deseo mucha suerte en su nueva andadura y, como además coincido con ella en la mayoría de las ideas y planteamientos, si se presenta en la circunscripción en que resido, tiene mi voto asegurado.
Hace algo más de un año escuché de ella una queja que lo explica casi todo; contaba Rosa Díez que cuando era joven le acusaban de ser una mala española (los franquistas, obviamente) que unos años más tarde la acusación cambió a que era una mala vasca (en esta ocasión los nacionalistas) y que ahora la acusación es la de ser una mala socialista (los del PSE y PSOE claro, aunque ella no lo dijo)
Parece que ahora ha encontrado, en el partido que promueve ¡Basta ya!, el ámbito en el que defender sus ideas sin que se le acuse de nada. El tiempo nos dirá si en ese nuevo partido también se termina por elegir lo políticamente más conveniente para conseguir el poder, o mantenerse en él, o, por el contrario, se da prioridad a la defensa de los principios de defensa de la libertad, solidaridad y progreso social. Ojalá sea esto último, y podamos disfrutar de la defensa, convencida y argumentada, de las ideas a que Rosa Díez nos tiene acostumbrados.
Para mí Rosa Díez ha sido, y es, una buena española, una buena vasca y una buena socialista y, además, una mujer que me merece mucha confianza.
Por eso le deseo mucha suerte en su nueva andadura y, como además coincido con ella en la mayoría de las ideas y planteamientos, si se presenta en la circunscripción en que resido, tiene mi voto asegurado.
viernes, 17 de agosto de 2007
Apagones eléctricos: causas y soluciones
El apagón de Barcelona del día 23 de julio ha sido uno entre los muchos problemas de distribución eléctrica en España. Pero ha sido el más grave por su duración y número de personas afectadas, muchas más de los 350.000 “abonados” con cortes.
Una semana después compareció en el Congreso el Ministro Clos, a petición propia, para no decir nada nuevo sobre causas o soluciones.
Al margen de la causa última, la famosa caída del cable sin explicar, el Ministro Clos debería saber que el origen está en la falta de inversiones en la red de distribución.
Las causas de la falta de inversiones son varias y con distintos responsables:
Cicatería de las distribuidoras, Endesa y todas las demás, que anteponen los beneficios extraordinarios a la garantía de suministro continuo para sus clientes.
Deficiente sistema de retribución de la distribución, que hace poco atractivas algunas inversiones.
Lentísimo proceso de obtención de los permisos necesarios para las inversiones, observable en todos los niveles (ayuntamientos, CCAA y ministerios, especialmente el de Medio Ambiente)
Actitud populista de los partidos políticos en la oposición, contrarios a toda infraestructura eléctrica de una cierta envergadura que deba realizarse donde ellos no mandan.
Actuación de la CNE, que sólo atiende a los aspectos formales y a la interpretación que más interese a los partidos políticos que propusieron a sus consejeros.
Escasa aceptación social de las infraestructuras con impacto relevante, aunque sean necesarias.
Las soluciones no serían muy complicadas:
Exigencia social y de las administraciones, de realización de todas las inversiones necesarias para asegurar el suministro continuo de electricidad, aún en caso de fallo total de algunas subestaciones.
Sistema retributivo con una rentabilidad razonable para las inversiones de los operadores eficientes.
Agilización de los procedimientos de obtención de permisos.
Explicación de la necesidad de las infraestructuras que se proponen.
Una semana después compareció en el Congreso el Ministro Clos, a petición propia, para no decir nada nuevo sobre causas o soluciones.
Al margen de la causa última, la famosa caída del cable sin explicar, el Ministro Clos debería saber que el origen está en la falta de inversiones en la red de distribución.
Las causas de la falta de inversiones son varias y con distintos responsables:
Cicatería de las distribuidoras, Endesa y todas las demás, que anteponen los beneficios extraordinarios a la garantía de suministro continuo para sus clientes.
Deficiente sistema de retribución de la distribución, que hace poco atractivas algunas inversiones.
Lentísimo proceso de obtención de los permisos necesarios para las inversiones, observable en todos los niveles (ayuntamientos, CCAA y ministerios, especialmente el de Medio Ambiente)
Actitud populista de los partidos políticos en la oposición, contrarios a toda infraestructura eléctrica de una cierta envergadura que deba realizarse donde ellos no mandan.
Actuación de la CNE, que sólo atiende a los aspectos formales y a la interpretación que más interese a los partidos políticos que propusieron a sus consejeros.
Escasa aceptación social de las infraestructuras con impacto relevante, aunque sean necesarias.
Las soluciones no serían muy complicadas:
Exigencia social y de las administraciones, de realización de todas las inversiones necesarias para asegurar el suministro continuo de electricidad, aún en caso de fallo total de algunas subestaciones.
Sistema retributivo con una rentabilidad razonable para las inversiones de los operadores eficientes.
Agilización de los procedimientos de obtención de permisos.
Explicación de la necesidad de las infraestructuras que se proponen.
Supervisores financieros: juez y parte
El sistema financiero tiene tres tipos de organismos que supervisan el riesgo financiero, lo que, sin ser el principal objetivo, debería ser un elemento de seguridad para los inversores, grandes o pequeños. Estos organismos son los bancos centrales (públicos) las comisiones de valores (independientes, al menos en teoría) y las agencias de calificación (privadas)
Los bancos centrales son los que tienen mayor poder y, por tanto, sus decisiones sobre tipos de interés y liquidez del sistema, son las que más rápidamente afectan al sistema financiero.
Las comisiones de valores velan por el cumplimiento de las normas por parte de las entidades que cotizan y negocian en las bolsas y mercados financieros y, aunque disponen de información suficiente para hacerlo, difícilmente valoran si las entidades concretas actúan de forma eficiente y con riesgo limitado, o no, siempre que cumplan las normas establecidas.
Por último, las agencias de calificación valoran, y revisan periódicamente, la calidad financiera de la deuda de las distintas empresas, emisiones y países, de forma que cada calificación afecta sólo a una emisión o empresa y, casi siempre, de forma moderada. Son las que disponen de los análisis individualizados y las que más rápidamente podrían avisar del cambio de riesgo de cada activo, pero suelen distanciar bastante en el tiempo la publicación de una revisión respecto a la anterior.
Ninguno de estos organismos ha reaccionado anticipadamente a los síntomas que anunciaban la actual crisis financiera y sólo, a toro pasado, los bancos centrales han actuado, aunque con eficacia como se ha visto hoy con la baja del tipo de interés en USA y, días antes, con la inyección de liquidez en la UE y Japón.
Cuando el pequeño inversor se entera del problema, sea este particular o de alcance general, las bolsas ya han descontado el valor de su inversión en al menos el 5%
Los organismos citados retrasan el anuncio de los problemas y minimizan su importancia: los bancos centrales porque tienen el objetivo superior de mantener la confianza en la solidez del sistema financiero, el punto más frágil del sistema económico; las comisiones de valores porque no es obvio que se hayan incumplido las normas, y las agencias de valores porque reciben sus ingresos de las empresas por los procesos de calificación y por la venta de otros servicios relacionados a esas y otras empresas.
Con la llegada de una nueva crisis, de nuevo surge la dificultad de actuar de forma ética y eficiente cuando se es a la vez juez y parte, aunque el hecho de ser juez proporcione de forma incontestable el mejor conocimiento para tomar las decisiones adecuadas.
No es fácil, ni tampoco sería conveniente, que los bancos centrales modifiquen su política de moderación en la valoración pública de las crisis, ya que la pérdida de la confianza sería mucho más dañina.
Las agencias de cotización no deberían obtener ingresos derivados de actividades distintas de la calificación, y la obtención de la información detallada de todas las calificaciones debería ser gratuita y pública de forma inmediata, a través de internet, para todos.
Las comisiones de valores, que reciben sus ingresos de las transacciones en las bolsas, deberían añadir entre sus servicios de información (también de forma pública inmediata y gratuita) el análisis de los riesgos financieros de los distintos tipos de fondos, emisiones y valores comercializados.
La responsabilidad de los gestores y administradores de las empresas, emisiones y fondos debería ser denunciable de oficio, de forma obligatoria e inmediata, por parte de las comisiones de valores y agencias de calificación, cuando sus análisis detectaran la existencia de riesgos no publicados explícitamente por aquellos.
Los bancos centrales son los que tienen mayor poder y, por tanto, sus decisiones sobre tipos de interés y liquidez del sistema, son las que más rápidamente afectan al sistema financiero.
Las comisiones de valores velan por el cumplimiento de las normas por parte de las entidades que cotizan y negocian en las bolsas y mercados financieros y, aunque disponen de información suficiente para hacerlo, difícilmente valoran si las entidades concretas actúan de forma eficiente y con riesgo limitado, o no, siempre que cumplan las normas establecidas.
Por último, las agencias de calificación valoran, y revisan periódicamente, la calidad financiera de la deuda de las distintas empresas, emisiones y países, de forma que cada calificación afecta sólo a una emisión o empresa y, casi siempre, de forma moderada. Son las que disponen de los análisis individualizados y las que más rápidamente podrían avisar del cambio de riesgo de cada activo, pero suelen distanciar bastante en el tiempo la publicación de una revisión respecto a la anterior.
Ninguno de estos organismos ha reaccionado anticipadamente a los síntomas que anunciaban la actual crisis financiera y sólo, a toro pasado, los bancos centrales han actuado, aunque con eficacia como se ha visto hoy con la baja del tipo de interés en USA y, días antes, con la inyección de liquidez en la UE y Japón.
Cuando el pequeño inversor se entera del problema, sea este particular o de alcance general, las bolsas ya han descontado el valor de su inversión en al menos el 5%
Los organismos citados retrasan el anuncio de los problemas y minimizan su importancia: los bancos centrales porque tienen el objetivo superior de mantener la confianza en la solidez del sistema financiero, el punto más frágil del sistema económico; las comisiones de valores porque no es obvio que se hayan incumplido las normas, y las agencias de valores porque reciben sus ingresos de las empresas por los procesos de calificación y por la venta de otros servicios relacionados a esas y otras empresas.
Con la llegada de una nueva crisis, de nuevo surge la dificultad de actuar de forma ética y eficiente cuando se es a la vez juez y parte, aunque el hecho de ser juez proporcione de forma incontestable el mejor conocimiento para tomar las decisiones adecuadas.
No es fácil, ni tampoco sería conveniente, que los bancos centrales modifiquen su política de moderación en la valoración pública de las crisis, ya que la pérdida de la confianza sería mucho más dañina.
Las agencias de cotización no deberían obtener ingresos derivados de actividades distintas de la calificación, y la obtención de la información detallada de todas las calificaciones debería ser gratuita y pública de forma inmediata, a través de internet, para todos.
Las comisiones de valores, que reciben sus ingresos de las transacciones en las bolsas, deberían añadir entre sus servicios de información (también de forma pública inmediata y gratuita) el análisis de los riesgos financieros de los distintos tipos de fondos, emisiones y valores comercializados.
La responsabilidad de los gestores y administradores de las empresas, emisiones y fondos debería ser denunciable de oficio, de forma obligatoria e inmediata, por parte de las comisiones de valores y agencias de calificación, cuando sus análisis detectaran la existencia de riesgos no publicados explícitamente por aquellos.
Crisis financiera ¿será profunda?
El aumento de la morosidad de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos ha encendido las señales de alarma del sector financiero internacional.
Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades económicas de todo el mundo y los gurús y expertos del sector financiero se han apresurado a asegurar que es un problema puntual, que sólo afecta a un sector minoritario, y además de alto riesgo, por lo que los inversores que están en sectores de riesgo normal o bajo (la inmensa mayoría) deben estar tranquilos respecto a sus inversiones.
También han asegurado que el problema se limitará a Estados Unidos, ya que en Europa no existe ese mercado de hipotecas de alto riesgo.
Como siempre que una crisis encierra motivos más profundos y estructurales, los mercados reaccionan con nerviosismo: crece el número de entidades financieras de Estados Unidos que suspenden pagos y ¡oh sorpresa! los bancos centrales de la UE y Japón inyectan liquidez a unos mercados que no se iban a ver afectados.
Si cae la confianza de los ahorradores, la crisis puede ser histórica.
En España, mientras tanto, se niega el parón inmobiliario, y se dejan de publicar la mayoría de los indicadores de precios de la vivienda. Pero a los precios actuales muy pocos pueden comprar la vivienda para uso propio y, desaparecidas las expectativas de beneficios rápidos, la compra como inversión se traslada a sectores con más liquidez.
Los tipos de interés más altos, que seguramente tocarán techo este año tras alguna subida más, apretarán aún más el cinturón a los que se endeudaron al límite con tipos más bajos: la solidaridad familiar volverá a cubrir gran parte de los agujeros, pero a costa de un descenso importante del consumo privado.
Todo apunta a que la crisis financiera internacional será importante y pilla a la economía española en un momento de baja tras el periodo más largo de su historia de crecimiento relevante y continuado.
Suerte que en España tenemos a Pedro Solbes como ministro responsable. Esperemos que, también esta vez, Rodriguez Zapatero le haga caso.
Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades económicas de todo el mundo y los gurús y expertos del sector financiero se han apresurado a asegurar que es un problema puntual, que sólo afecta a un sector minoritario, y además de alto riesgo, por lo que los inversores que están en sectores de riesgo normal o bajo (la inmensa mayoría) deben estar tranquilos respecto a sus inversiones.
También han asegurado que el problema se limitará a Estados Unidos, ya que en Europa no existe ese mercado de hipotecas de alto riesgo.
Como siempre que una crisis encierra motivos más profundos y estructurales, los mercados reaccionan con nerviosismo: crece el número de entidades financieras de Estados Unidos que suspenden pagos y ¡oh sorpresa! los bancos centrales de la UE y Japón inyectan liquidez a unos mercados que no se iban a ver afectados.
Si cae la confianza de los ahorradores, la crisis puede ser histórica.
En España, mientras tanto, se niega el parón inmobiliario, y se dejan de publicar la mayoría de los indicadores de precios de la vivienda. Pero a los precios actuales muy pocos pueden comprar la vivienda para uso propio y, desaparecidas las expectativas de beneficios rápidos, la compra como inversión se traslada a sectores con más liquidez.
Los tipos de interés más altos, que seguramente tocarán techo este año tras alguna subida más, apretarán aún más el cinturón a los que se endeudaron al límite con tipos más bajos: la solidaridad familiar volverá a cubrir gran parte de los agujeros, pero a costa de un descenso importante del consumo privado.
Todo apunta a que la crisis financiera internacional será importante y pilla a la economía española en un momento de baja tras el periodo más largo de su historia de crecimiento relevante y continuado.
Suerte que en España tenemos a Pedro Solbes como ministro responsable. Esperemos que, también esta vez, Rodriguez Zapatero le haga caso.
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