domingo, 22 de octubre de 2017

Cataluña: pena y frustración



Quizás los dos únicos aspectos que comparta la mayor parte de la gente, una vez que se aclare la situación en Cataluña, serán la pena y la frustración. La pena por la cantidad de daños que sufriremos la mayor parte de nosotros, y la frustración porque casi todos quedaremos descontentos por el resultado de la pésima gestión de los políticos.
Intentaré reflexionar sobre algunos aspectos, los que considero más relevantes, incluyendo las opiniones de las dos partes. No me situaré en una posición de equidistancia, porque soy partidario de la democracia y por tanto del cumplimiento de la legislación vigente en los países democráticos, pero sí que intentaré ponerme en el lugar de aquellos independentistas que también son demócratas, que creo que son muchos más que aquellos para los que la democracia es prescindible si se opone a sus intereses, que son los que tratan de imponer una dictadura hipernacionalista.


Penas

Pena por la fractura social.- Pena que será mucho mayor para los habitantes de Cataluña, porque la sufren de forma más intensa, directa e indirectamente y a diario, en su propia persona y en la de sus próximos. Una fractura que llega a la marginación social, en todos los ámbitos, de las personas que si no aceptan esos criterios por convicción, al menos no aparentan aceptarlos. En no pocos círculos muy próximos, como familias y núcleos de amigos, se ha impuesto el tabú de no hablar del asunto, salvo cuando todos los presentes piensan en el mismo sentido, como única manera de evitar las rupturas afectivas que nadie, o casi nadie, desea. En el ámbito educativo, incluida la educación primaria, comienza a establecerse el acoso a causa del no independentismo, con la terrible novedad de que se incorporan como acosadores algunos profesores y de que en no pocos casos las direcciones de los centros prefieren mirar para otro lado o incluso acusar a las víctimas de mentir, sin antes haberlas tan siquiera escuchado. No somos pocos los habitantes de otras zonas de España que también sentimos pena por la fractura social que supone la aplicación de prejuicios desfavorables a la generalidad de los habitantes de Cataluña por parte de los vecinos de otros lugares y viceversa.

Pena por el deterioro de la economía.- Pena que también será más acusada para los catalanes, aunque la mayoría de ellos no se lo esperaran hasta hace muy pocos días, porque la propaganda oficial lo negaba rotundamente y había impuesto el criterio de que no habría consecuencias negativas. Desgraciadamente ya son muchos los residentes catalanes que empiezan a temer por su puesto de trabajo o por su negocio, y mucho me temo que esta situación seguirá empeorando en los próximos meses. Pena menos acusada en los residentes en el resto de España, seguramente porque también piensan que a ellos apenas les afectará negativamente; pero la realidad será implacable y dentro de no mucho tiempo todos sabremos que el deterioro de la economía también se ha extendido al resto de España, aunque no sea tan profundo como en Cataluña. No es cierto que lo que unos pierdan lo ganen otros; en este caso, la realidad será que perderemos todos, unos más y otros menos, en realidad casi todos porque, para variar, habrá una pequeñísima minoría que se beneficiará económicamente de la situación.

Pena por el deterioro de las libertades.- Esta pérdida se producirá en todos los casos, sea cual sea la solución política que al final se aplique, aunque la pérdida de libertades sería mucho mayor en Cataluña si triunfara la independencia, porque el riesgo de que el nuevo régimen no cumpla los mínimos de una democracia medianamente aceptable es muy elevado, dado el criterio de los promotores actuales de que la ley no les afecta a ellos ya que en cada momento pueden decidir incumplir impunemente cualquier ley, si no les gusta en ese instante o en ese caso concreto. Pero no será nada sorprendente que en el resto de España también se aproveche la situación para dar una nueva vuelta de tuerca y reducir una vez más las ya mermadas libertades de los ciudadanos de a pie.


Frustraciones

Frustración por el fracaso político.- Para los independentistas supondrá una enorme frustración el previsible fracaso del "procés" y sea cual sea la solución, o no solución, política que se adopte, será una frustración que durará décadas, probablemente hasta el próximo intento que, previsiblemente, sucederá en la segunda mitad de este siglo. En el caso de que el intento actual triunfara, la frustración desaparecería para ellos durante unas pocas semanas, quizás algunos meses; el tiempo necesario para que tomen conciencia de los gravísimos daños sociales y económicos que se estarán produciendo.

Frustración por el deterioro de la economía.- También en este aspecto la frustración muy probablemente será mayor para los habitantes de Cataluña, incluso en el caso de que el intento fracase. Frustración que para no pocos de los partidarios de la independencia se verá acusada por la falta de beneficios en forma de privilegios, a cambio de la paz social durante unos pocos años (aquellos que están convencidos de que, en caso de fracaso del intento, Cataluña conseguirá un trato de favor respecto al resto de comunidades del régimen común, tanto en materia de financiación como de nuevos privilegios políticos).
En caso de éxito del intento, la frustración por este motivo será aún mayor y se producirá aún antes, porque la salida inmediata de la UE supondrá una tremenda caída de las ventas al resto de España, a los otros países de la UE y también a los países terceros con los que la UE tiene acuerdos de reducción arancelaria. Por si fuera poco, la caída de renta que se derivará del éxito de la independencia, llevará también a una caída relevante de las ventas en Cataluña.
En el resto de España, también se producirá una caída de la actividad económica, aunque de menor intensidad. A pesar de lo que muchos anticatalanes desearían, la caída será más acusada en caso de éxito del intento, porque la economía catalana se deteriorará más intensamente. En realidad, guste o no guste, este proceso es desgraciadamente un proceso del tipo "Todos pierden" o mejor dicho "todos perdemos"


Frustración por el deterioro de los servicios sociales.-  Como ya sabemos por todas las crisis anteriores, los servicios sociales pueden mejorar, aunque no necesariamente lo hagan, cuando la economía va bien, pero en caso de que vaya mal, siempre se deterioran y en caso de recesión, como muy probablemente pasará en Cataluña, el deterioro es aún mayor.



Dificultad casi insuperable de encontrar una solución política, fruto de un diálogo constructivo y generoso por ambas partes.

La postura políticamente correcta consiste en apelar al diálogo político como única forma de encontrar una solución aceptable para la mayoría. Los más atrevidos añaden que en todo diálogo constructivo ambas partes deben estar dispuestas a ceder algo.
La enorme dificultad está en que cada una de las partes tiene muy claras sus líneas rojas, a las que no están dispuestas a renunciar.
Por parte de los independentistas la principal línea roja es la de obtener la independencia a través de una votación que se produzca cuanto antes mejor y en la que no pudieran participar el resto de los españoles.
Por parte de los unionistas la principal línea roja es la exigencia del cumplimiento de la ley, que exigiría una reforma constitucional de amplio calado que incluyera la renuncia al concepto de que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles para que esa votación se pudiera llevar a cabo.
Por si fuera poco complejo que se acuerde entre los principales partidos políticos una reforma de ese tipo, al final del proceso de reforma constitucional, ésta tendría que aprobarse por referéndum vinculante, entre todos los españoles.
Tampoco sería fácil una salida de pasteleo, en la que se le diera a Cataluña toda una serie de privilegios blindados, tanto de tipo económico como político, a los que no tendrían derecho el resto de comunidades de régimen común, pasteleo que, en caso de que se diera, no supondría para los independentistas más que una nueva etapa de "hoy paciencia para tener mañana la independencia"

Si finalmente se aplica el artículo 155 en los términos aprobados por el Consejo de Ministros del 21 de octubre de 2017, lo más probable es que el problema de legalidad quede razonablemente solucionado tras las elecciones autonómicas previstas en un plazo más breve que largo, pero el descontento de la población catalana, y por tanto su frustración, quedará anclada durante varias décadas. 


Selección de "perlas falsas" de los argumentarios de este proceso

Una Cataluña independiente no es viable económicamente.- Falso de toda falsedad. Una Cataluña independiente sería sin ninguna duda viable y si fuera miembro de la UE sería una economía con una renta superior a la media de la Unión. Sin embargo una Cataluña fuera de la UE, siendo económicamente viable, tendría una renta muy inferior durante unas cuantas décadas.

Una Cataluña independiente dispondría de más recursos públicos.-
Falso de toda falsedad. Esta afirmación se basa en la hipótesis de que una Cataluña independiente tendría al menos el mismo PIB que ahora y que en consecuencia, si se mantuviera el mismo esfuerzo fiscal, también dispondría del dinero que ahora termina en otras comunidades autónomas.
Pero la caída del PIB reducirá los ingresos de impuestos y la realidad se encargará de poner en su lugar la magnitud real del mal llamado "déficit fiscal"

Una Cataluña independiente tendría mejores servicios sociales.-
Falso de toda falsedad. Los servicios sociales de una Cataluña independiente, como los de cualquier país, sólo podrían mejorar si mejorara la economía, pero si la economía se deteriorase, como ocurriría en caso de éxito, los servicios sociales se deteriorarían.

Una Cataluña independiente, en caso de separación unilateral, tendría una situación patrimonial mucho más saneada.-
Falso de toda falsedad. Esta hipótesis se basa en la hipótesis de que en caso de separación unilateral, Cataluña se quedaría con todos los activos, pero no aceptaría ninguno de los pasivos. El problema está en que un país nuevo, que nazca por segregación forzada de un país anterior, sólo puede aspirar a ser reconocido internacionalmente si acepta quedarse tanto los activos como los pasivos que territorialmente le correspondan.

Una Cataluña independiente tendría una capacidad mucho mayor de pagar pensiones más altas.- Falso de toda falsedad. La capacidad de pagar mejores pensiones no depende de tener un mayor PIB por persona, sino de la relación entre ingresos por cotizaciones sociales y pagos de pensiones contributivas y la realidad es que Cataluña, como también pasa en la actualidad en Madrid o el País Vasco, tiene una diferencia negativa de mayor cuantía entre los ingresos por cotizaciones sociales y los pagos de pensiones contributivas que el déficit del conjunto de España.

domingo, 8 de octubre de 2017

Causas y efectos de los cambios de domicilio social de empresas catalanas


En los últimos días se ha producido el cambio de domicilio social de algunas de las empresas catalanas más importantes, y otras han manifestado su intención de hacerlo en el caso de que se produzca la anunciada declaración de independencia por parte del gobierno autonómico o de su parlamento.

La noticia ha despertado un gran interés, tanto que hay quien considera que los citados cambios de domicilio social serán un freno para la declaración de independencia mucho mayor que todos los autos y resoluciones judiciales, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional. El gobierno de la Generalidad apenas lo ha comentado, probablemente porque tema que a continuación se produzca una avalancha de cambios de domicilio social de empresas de todo tipo y tamaño, de empresarios y de autónomos que, como se verá más adelante podría suponer para Cataluña un descenso muy relevante de los ingresos autonómicos.

Las causas más importantes de los cambios de domicilio social y fiscal son las siguientes:


Inseguridad jurídica, derivada de la introducción de una legalidad paralela emitida por el Parlamento autonómico en materias para las que carece de competencias, que hará que los actores económicos incumplan necesariamente una de las dos, por lo que podrían ser investigados y multados o condenados, y, en el caso concreto de los principales impuestos, verse obligados a pagarlos dos veces si quieren evitar ser perseguidos por una u otra hacienda. Además, cabe esperar la aparición de lagunas legales que puedan perjudicar a los más débiles en beneficio de los que tengan más poder.

En el caso de los bancos, el riesgo es mayor aún ya que si continuaran con el domicilio social en Cataluña, se arriesgarían a perder la capacidad de financiación que les ofrece el Banco Central Europeo y a que sus clientes perdieran la garantía de Fondo de Garantía de depósitos en el mismo instante en que Cataluña dejara de formar parte de España.


Descenso de actividad. Aunque la propaganda de los independentistas lo niegue, y aunque sea imposible predecir a priori la cuantía de la pérdida de actividad, es obvio que una secesión unilateral supondría una reducción de las ventas de Cataluña al resto de España, ya que dejaría de formar parte del mercado único español y una reducción, probablemente inferior en porcentaje a la anterior, de las ventas al resto de países de la UE y también al resto de países con los que la UE tiene acuerdos de reducciones arancelarias. En el caso de los bancos, ya se estaba produciendo una salida de depósitos que cuando se iban a cuentas del mismo banco en otras comunidades autónomas no tenían ningún efecto relevante para el banco correspondiente, pero que en el caso del cambio a cuentas de otros bancos si que suponían un problema muy grave. Por ese motivo los dos bancos han hecho público su cambio de domicilio social, ya que con él se evitan los problemas citados.

Es obvio que también caerán, incluso en mayor porcentaje, las compras de los residentes catalanes al resto de España, pero como el volumen es muy inferior, el daño en valores absolutos también será inferior, lo que no supone que la economía del resto de España no se vaya a ver afectada de forma relevante.


Costes del cambio de domicilio social. El coste directo del cambio de domicilio social es muy reducido, especialmente cuando el nuevo domicilio se pone en una sede en la que ya está trabajando la empresa. Los costes indirectos pueden ser más importantes por la pérdida de clientes catalanes que no aprueben la operación.

En principio, el cambio de domicilio social podría hacerse sin que se tuviera que trasladar un solo trabajador. Sin embargo a medio y largo plazo no es difícil que las nuevas inversiones se realicen en mayor porcentaje en otras comunidades autónomas.


Beneficios del cambio de domicilio social. Los más claros y directos son la eliminación de la inseguridad jurídica y, sobre todo, la ausencia de presiones para pagar dos veces los impuestos.

Indirectamente, la pérdida de ventas se puede reducir de forma muy notable, tanto en el resto de España como en los países de la UE y en los que la UE tiene acuerdos arancelarios.


Límites de la posibilidad efectiva de cambio de domicilio social.
Evidentemente, cuanto menor sea el tamaño económico de la empresa o persona que se plantee el cambio de domicilio social o fiscal, mayores serán los costes y dificultades de realizarlo.

Para empresas, bastará con que tenga algún despacho en cualquier otra comunidad autónoma para que el cambio sea factible, ya que el trabajo a distancia ya no es un problema. En caso contrario, deberá analizar la posibilidad de montar un despacho en algún lugar que resulte conveniente.

Para los empresarios individuales y autónomos, la cuestión se complica ya que sería muy conveniente que cambiara su domicilio habitual ya que hoy es muy fácil comprobar si una persona vive realmente o no en su domicilio declarado


Efectos de los cambios de domicilio social ya realizados.
La institución más afectada, desde el punto de vista de sus ingresos, es la Generalidad de Cataluña, por lo que parecería razonable esperar que cambiara su actitud respecto a los contribuyentes catalanes.

El primer cambio debería ser el anuncio claro y contundente de la renuncia a la legislación paralela en todos los ámbitos y muy especialmente en los impuestos. Para que ese anuncio, si es que se produce, sea realmente efectivo, sería necesario que las mismas personas que han ido avisando a los empresarios medianos y pequeños de los males que les llegarían si de forma voluntaria no se avinieran a pagar los impuestos que corresponde liquidar en la AEAT en una cuenta del gobierno autonómico, se volvieran a reunir con ellas para decirles que lo mejor que pueden hacer, sin miedo a ninguna represalia, es continuar ingresando los impuestos en la AEAT.

El segundo cambio debería ser la vuelta a la gestión de las competencias autonómicas procurando mejorar la gestión y erradicar tan rápido como sea posible la corrupción y el despilfarro.



Efectos de los cambios de domicilio social en los ingresos por impuestos.

Cuando una empresa catalana cambia su domicilio social a otra comunidad autónoma, la Generalidad deja de recibir:
El 50% de los ingresos por IVA que se realizaban en su territorio y ahora pasan a realizarse en otra comunidad autónoma.
El 50% de los ingresos por Impuesto de Sociedades que se realizaban en su territorio y ahora pasan a realizarse en otra comunidad autónoma.
Además el ayuntamiento del antiguo domicilio social deja de percibir el 100% del IAE, en favor del ayuntamiento del nuevo domicilio social.   

Cuando un empresario o un autónomo catalán cambia su domicilio fiscal a otra comunidad autónoma, la Generalidad deja de recibir:
El 50% de los ingresos por IVA que se realizaban en su territorio y ahora pasan a realizarse en otra comunidad autónoma.
El 50% de los ingresos por la tarifa general del IRPF que se realizaban en su territorio y ahora pasan a realizarse en otra comunidad autónoma. Además deja de percibir el 100% de los ingresos por los incrementos autonómicos del IRPF que se realizaban en su territorio y ahora, sencillamente, dejan de realizarse.

Obviamente, la comunidad autónoma del nuevo domicilio fiscal recibe las cantidades que deja de recibir la comunidad catalana por IVA, Sociedades y por el tramo general del IRPF.
 

sábado, 8 de julio de 2017

No votaré (en el referendum ilegal de Cataluña)

A continuación transcribo el artículo de Xavier Sardà  publicado el 8 de julio de 2017.

He usado como base el texto en catalán. La traducción corresponde en su inmensa mayor parte a la versión castellana de El Periódico, pero me he permitido tres o cuatro cambios que, en mi opinión, reflejan mejor lo expresado en el texto catalán, que supongo que es el original.

Estoy de acuerdo en todo, absolutamente en todo, aunque en mi caso personal hay dos variaciones que no afectan al artículo: la primera es que yo no votaré, en primer lugar porque no estoy entre los elegidos a los que los convocantes conceden el derecho a voto, ya que soy español no residente en Cataluña, y la segunda que yo no recibí "hostias físicas y morales en el trabajo" porque por edad no pude recibirlas ya que empecé a trabajar en febrero de 1974 y no hubo ocasión para ello.


 NO VOTARÉ 
 
No votaré en el ejercicio de mi libertad personal. No votaré ante el Estado segregado
que se plantea. No votaré ante el dualismo que se perpetra. No votaré instado por una
parte del Estado que genera otro Estado. No votaré en la consulta de quien desobedece
para que le obedezcamos, ni en la de quien nos libra de una élite para entregarnos a otra.

No votaré por el burlesco trámite parlamentario a través del cual se nos concede votar.
No votaré por las reiteradas y cotidianas mentiras del 'brexit' doméstico. No votaré en
una consulta propuesta por los que confunden malintencionadamente el Gobierno de
Rajoy con España. No votaré no para no legitimar tanto sí dirigista y dirigido. No
votaré no porque me prefiero inútil a tonto útil. No votaré no porque no acepto
invitaciones de conocidos.

No votaré porque se cesa al discordante, se persigue al diletante y se excomulga al
discrepante. No votaré porque no quiero que me salven ni creyentes ni entusiastas, ni
vehementes ni capitostes, ni emancipadores ni filántropos.

No votaré porque en su primera línea la ley del referéndum alega el derecho a la
autodeterminación de Catalunya aludiendo a lo estipulado en unos Pactos de la ONU de
1966. Pues bien, el informe 4 del Consell Assessor per a la Transició Nacional explica
en su página 13 que, según la ONU, dicho derecho solo se refiere a "situaciones
coloniales".

Cuando muchos de estos adalides estaban aún por nacer o convertir, algunos ingenuos
recibíamos hostias físicas y morales en la calle y el trabajo. Aquella era una España
feroz
. Ahora es Caperucita. Así cualquiera puede jugar a Gandhi.

LA COMISIÓN DE VENECIA

No votaré porque apeláis a la Comisión de Venecia, y ella os quita la razón en todo. En
realidad, la Comisión dice que no deben celebrarse referéndums hasta un año después
de la promulgación de la reforma legal que los regule y que las autoridades no deben
usar fondos públicos para hacer campaña. Dice también que el referéndum debe
organizarlo un órgano imparcial y que las autoridades deben ser neutrales. No votaré
porque apeláis a la Comisión de Venecia cuando dice claramente que el uso de
referéndums debe cumplir con el sistema legal en su totalidad. Sí, dice que no es
necesaria participación mínima (excepto precisamente en los de independencia), y es el
único aspecto en el cual chuleáis de venecianistas.

No votaré porque creo que los funcionarios están ante una situación de inseguridad
jurídica
sin precedentes. No votaré porque creo que situáis a nuestra policía al borde
del abismo, de la división y de su intervención por Interior. No votaré porque si esto no
llega a buen puerto la frustración puede ser abismal. No votaré, además, porque os
desautoriza el Consell de Garanties Estatutàries.