El nudo gordiano de la crisis en España

Tras las elecciones generales, que han dejado claro lo que opina la sociedad española de la gestión de la crisis hecha por los gobiernos de Zapatero, la sociedad española ha empezado a asumir que la crisis es profunda, muy profunda, aunque los políticos están lejos todavía de tomar las decisiones adecuadas y explicárselas a la población, probablemente porque quedan dos elecciones autonómicas para el mes de marzo y piensan que no interesa a sus expectativas electorales.

El círculo vicioso en que nos encontramos se ha ido asentando de la siguiente manera:

Cuando se inició la crisis (al final del tercer trimestre de 2007) cayó el enorme incremento de la deuda total española (que en los tres años anteriores había permitido que la economía española gastara como media el 22% más de lo que ingresaba y, desgraciadamente sólo una pequeña parte de ese gasto adicional fue destinado a inversiones productivas. Ya entonces empezó a aumentar el desempleo como primera respuesta a la reducción del dinero disponible.

En el año siguiente (octubre de 2007 a septiembre de 2008) el incremento de la deuda exterior se redujo al 15% del PIB y el desempleo continuó creciendo, aunque los gastos del conjunto de las administraciones públicas siguieron como si nada ocurriera, porque hasta julio de 2008 la política oficial era que no se estaba en crisis, sólo una moderada corrección del crecimiento.

En el año siguiente (octubre de 2008 a septiembre de 2009) el incremento de la deuda exterior se redujo de forma muy notable, esta vez al 4% del PIB, el desempleo continuó creciendo, aunque los gastos de los ayuntamientos se redujeron menos de lo que deberían haberlo hecho gracias a la inyección de dinero que supusieron los planes E, que una vez más en muy pocos casos se destinaron a inversiones productivas.

En el año siguiente (octubre de 2009 a septiembre de 2010) el incremento de la deuda exterior se redujo algo más, esta vez al 3% del PIB, el desempleo continuó creciendo, y los gastos de las administraciones públicas empezaron a reducirse, por la vía de la reducción de las inversiones públicas y de las retribuciones a los trabajadores públicos y de los recortes en prestaciones sociales básicas (pensiones, dependencia, sanidad y educación)

En el último año (octubre de 2009 a septiembre de 2010) el incremento de la deuda exterior se redujo algo más, esta vez al 2% del PIB, el desempleo continuó creciendo, y los gastos de las administraciones públicas continuaron la reducción, por parecidas vías, reducción de las inversiones públicas y del gasto en retribuciones a los trabajadores públicos (esta vez reduciendo el número de trabajadores públicos) y de nuevos recortes en prestaciones sociales básicas (dependencia, sanidad y educación) La novedad de este año fue que tras las elecciones autonómicas y municipales empezaron a conocerse los déficit ocultos de buena parte de esas administraciones y tras las elecciones generales, también el déficit global del Estado parece ser superior a lo que hasta el mes de diciembre admitía el Gobierno (ya en funciones) en el Parlamento.

En el sector privado, durante este periodo, se ha ido realizando un ajuste importante por las vías de la reducción del consumo y de la inversión para acomodarse a la nueva situación de la reducción de los ingresos (tanto de retribuciones como de márgenes empresariales) de aumento de los tipos impositivos y del aumento de ahorro privado (las familias que continúan teniendo ingresos que no se hayan reducido excesivamente, también reducen el consumo por lo que pueda ocurrir) Su endeudamiento exterior a finales de septiembre de 2011 era un 2% inferior al de cuatro años antes.

El PIB, a pesar del déficit público del orden del 8%, sigue siendo inferior al de 2007, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones y del turismo.

La inversión productiva está paralizada.

La construcción tanto en obra civil como en vivienda está muy deprimida.

El paro continúa creciendo.

Las administraciones públicas están lejos de alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos, a pesar de los aumentos de los tipos impositivos en la práctica totalidad de los impuestos. Por descontado siguen sin hacer un escandallo de servicios públicos por su prioridad para recortarlos por orden de prescindibilidad hasta que se alcance el equilibrio.

El sistema financiero tiene un serio problema de refinanciación (566.000 millones de euros (55% del PIB) de la deuda externa total tienen un vencimiento inferior a un año, por lo que si los mercados internacionales pusieran reparos a prestar dinero a la economía española, la intervención del FMI y de la UE tendría una magnitud desconocida, sólo comparable a la magnitud de los sacrificios que exigirían a nuestra sociedad si la intervención fuera inevitable.

La financiación de los proyectos productivos está prácticamente cerrada, lo que supone que la única forma de mejorar nuestra competitividad en los mercados exteriores es reducir los salarios unitarios y los márgenes empresariales.

Nos guste o no nos guste, y no nos gusta a nadie y aún menos a los políticos el nudo gordiano que hay que cortar para salir del circulo vicioso de menor actividad y más paro es una actuación decidida en la reducción de la deuda externa total.

Además, si los políticos consideran que hay que dar a la economía algo de financiación para los proyectos de inversión productivos (única manera de poder aspirar a aumentos en el empleo y en los salarios unitarios) no les queda más remedio que usar a fondo la tijera para recortar todos los gastos públicos que no sean imprescindibles.

Tendrán que decir claramente a la población que durante 2005-2007 vivimos un 20% por encima de nuestras posibilidades, por lo que ahora toca reducir ese 20% más lo que corresponda para pagar la deuda externa acumulada entre 2003 y la actualidad, (aproximadamente el 125% del PIB) que fácilmente supondrá otro 5% más.

Por mi parte considero imprescindibles las pensiones, algunas prestaciones dinerarias a las familias sin recursos, la sanidad (aunque cabe una importante mejora en la gestión) la educación y la seguridad.

Si se lleva a cabo esta reducción de la actividad pública es indudable que el paro seguirá aumentando, ya que es muy elevado el número de trabajadores públicos contratados para puestos de trabajo sin sentido, o para realizar actividades prescindibles o que tienen una ocupación de su tiempo de trabajo en actividades necesarias notablemente inferior a la jornada laboral.

Como todo esto supone para los partidos políticos la potencial pérdida de muchos votos, lo más probable es que prefieran recortar lo mínimo e insistir en las medidas que han venido realizando hasta ahora (reducción de pensiones, salarios públicos, número de trabajadores interinos, prestaciones sanitarias, ayudas a la dependencia y nuevos aumentos de impuestos)

La única esperanza es que sean conscientes de que si siguen sin actuar correctamente, la crisis podrá continuar dentro de cuatro años y el paro ser superior al actual, con lo que sus perspectivas electorales podrían ser parecidas a las que el PSOE ha tenido que soportar este año.

Deuda española con el exterior (2º trimestrre 2011)

Deuda española con el exterior

Ya están disponibles los datos del Banco de España de la deuda española con el exterior a finales del segundo trimestre de 2011. Los datos del segundo trimestre de este año han roto la tendencia al descenso de la deuda iniciada en el segundo trimestre de 2010, de forma que la deuda total casi ha igualado el máximo registrado a finales del primer trimestre de 2010.

Tras este aumento, la deuda externa total a largo plazo era, a finales de junio de 2011, de 1,78 billones de euros, cifra que por otra parte no es muy lejana a la de septiembre de 2007 (1,54 billones) momento en el que se redujo drásticamente el ritmo de incremento de los préstamos del exterior a los agentes españoles.

La evolución de este importante indicador se puede apreciar de forma muy intuitiva en la gráfica siguiente, en la que se presenta la variación de la deuda total española con el exterior en los cuatro trimestres anteriores al trimestre de referencia.

Como se puede apreciar en la gráfica, desde el año 2000 la economía española venía aumentando cada año su deuda externa total en unos cien mil millones de euros anuales. Esta cifra ya era muy elevada, porque este incremento de deuda se dedicaba en su mayor parte al gasto o a inversiones muy poco o nada productivas, lo que de hecho suponía que el país estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades.

En 2004 la deuda externa aumentó en casi ciento cincuenta mil millones y esta cifra siguió aumentando año a año hasta llegar a un máximo de doscientos sesenta y cinco mil millones de euros en 2007 (siempre con datos referidos a la variación entre el segundo trimestre de un año respecto del mismo trimestre del año anterior) A partir de 2007 el incremento anual se redujo drásticamente (hasta 120.000 millones en 2008 y 60.000 millones en cada uno de los años 2009 y 2010) y en 2011 el incremento ha sido de 13.000 millones.

La variación registrada en el conjunto de los cuatro últimos trimestres (13.288 millones de euros, equivalentes al 0,8% de la deuda total de un año antes) ha sido muy distinta en cada uno de los sectores considerados: las Administraciones Públicas han registrado un incremento del 6,2% en su deuda externa, el conjunto de las instituciones financieras, lo han hecho en el 0,6%, y el resto del sector privado (empresas no financieras y familias) han registrado una caída del 1,5%)

El aumento del endeudamiento de las administraciones públicas y del sistema financiero es la consecuencia de que el ahorro interno, a pesar de haber aumentado sensiblemente durante la crisis actual, es insuficiente. Por otra parte el importante incremento del endeudamiento exterior del sector financiero podría estar reflejando la creciente desconfianza de los ahorradores particulares en los depósitos bancarios y/o la consideración de insuficiente retribución por parte de las entidades financieras.

Los problemas que quedan por resolver en la economía española no son pocos, ya que España deberá reducir durante bastantes años su deuda con el exterior, lo que significará necesariamente que, mientras exista además un déficit público relevante, podrá contar para la financiación de la economía sólo con una pequeña parte del ahorro interior, y esta escasez de financiación será un freno para el incremento de la capacidad productiva.

El Gobierno seguirá reduciendo el déficit público, pero si para ello tuviera que aumentar la fiscalidad de forma relevante, haría aún más difícil la recuperación del consumo. Por este motivo es especialmente importante que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos asuman que los ingresos fiscales de los años previos a la crisis no eran ingresos estructurales y estables, por lo que pasarán muchos años antes de que vuelvan a tener unos ingresos de la magnitud de los que tuvieron en esos años, por lo que el ajuste deberán realizarlo en su mayor parte a partir de la reducción del gasto (a ser posible con mejor gestión y con la reducción y eliminación de los gastos no imprescindibles)

El sector financiero tendrá que seguir saneando su exposición a los proyectos inmobiliarios tóxicos, por lo que también intentará aumentar las comisiones y los márgenes que cobra al sector privado.

Por último, el sector privado, el único que no puede, en la mayoría de los casos, traspasar su déficit a terceros, seguirá ajustándose el cinturón para capear la situación, a la espera de poder aumentar sus ingresos por las vías, fundamentalmente, del aumento de la productividad y de la actividad.

Reforma constitucional: proceso y forma de presentación de la propuesta

Hay que destacar que tanto el proceso de preparación como la forma de presentación de la propuesta han sorprendido a propios y extraños.

La primera sorpresa ha sido que el acuerdo haya sido realizado solo por el PSOE y el PP y que cuando han invitado al resto de los partidos con representación parlamentaria, sólo UPN se haya sumado al acuerdo. La elección del momento ha estado indudablemente influida por el periodo de ataques especulativos a varios países de la UE, incluida España, pero también es probable que la proximidad de las elecciones y el deseo comprensible del Presidente de que su partido salga lo menos dañado posible le hayan llevado a aprovechar parte del mes de agosto, con medio país de vacaciones.

No es de extrañar que el PP haya apoyado sin reservas la iniciativa, ya que hace tiempo que venía proponiendo algo muy parecido, por lo que es el partido que menos desgaste tendrá con este asunto y el único que no se ha visto obligado a cambiar ninguno de sus principios para promover este cambio de la Constitución.

Tampoco lo es (desde mayo de 2010) que el Presidente Rodríguez Zapatero haya tomado una iniciativa totalmente contraria a su ideología, en aras del bien común de España, lo que dice mucho en su favor.

Extraña algo más que haya acordado la propuesta con el PP sin haberla compartido (al menos de forma pública) con la cúpula de su partido, aunque no se deba descartar la posibilidad de que el Presidente Rodríguez Zapatero y el próximo candidato, Pérez Rubalcaba hayan diseñado esta forma de actuar, un tanto heterodoxa, para salvaguardar un núcleo relevante de votos en las próximas elecciones y para dejar al candidato que se desmarque de una iniciativa a la que él también es contrario, aunque acepte la necesidad de llevarla a cabo

Lo que es realmente extraño es el ejercicio dialéctico que han tenido que hacer los partidos nacionalistas de derechas y Coalición Canaria para justificar su actitud en la votación (no participación de CiU, voto negativo del PNV y abstención de CC) pasando del inicial apoyo inequívoco a la necesidad absoluta de respetar el equilibrio presupuestario, en términos plurianuales, al rechazo final de que esa política sea una exigencia de la Constitución, ya que limita su capacidad de hacer lo contrario donde ellos gobiernan, cuando les parezca conveniente.

También extraña que los partidos de izquierda, en su mayoría, asocien esta propuesta a la reducción del Estado del Bienestar, porque parece que realmente estén convencidos de que el dinero público es infinito y de que, además, no haya que pagar nunca el déficit público en que se pueda incurrir en un periodo determinado.

Finalmente resulta extravagante la pose, típica de damas ofendidas en las películas costumbristas del siglo XIX, que han tenido algunos partidos que son contrarios a la Constitución (son contrarios a la que se aprobó en 1978, en algún caso con su apoyo, a la actual, y a la que resulte de esta modificación, pero también lo serían a cualquier otra que no supusiera la desaparición, por troceo, de España) Esta pose se puede resumir en echar en cara, a los que si creen en la Constitución, que se atrevan a modificarla sin su permiso (permiso que obviamente jamás darían) ya que, al parecer, para ellos debería valer más el voto de uno solo de sus diputados que el de todos los diputados de los dos partidos mayoritarios juntos.

¿Era necesario llevar la estabilidad presupuestaria a la Constitución?

Uno de los argumentos más empleados por los partidos que se oponen a la modificación es que si el objetivo real fuera la estabilidad presupuestaria sería suficiente con la legislación ordinaria (alguno añadía que con la actual ya basta y la mayoría venía a exigir que se incluyera su derecho de veto cuando se viera afectada alguna administración que estuviera bajo su gobierno)

La experiencia demuestra, sin embargo, que sin excepción alguna, todos los partidos que han gobernado han permitido que el criterio de estabilidad presupuestaria no se aplicara en algunas de las administraciones por ellos gobernadas. Incluso el PP, que presume de lo contrario, continua dando en el Ayuntamiento de Madrid, el más importante de España por número de habitantes, un ejemplo de cómo endeudar de forma escandalosa a la ciudad para pagar inversiones y gastos totalmente prescindibles para la ciudad (el exceso de coste de la obra, magnífica, de la M-30 que podría haber realizado pagando muchísimo menos con una mejor gestión y con menos prisas por acabar antes de las elecciones, el despilfarro de la remodelación del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, o los fastos de las candidaturas olímpicas de Madrid, con el agravante de haber pasado por la injustificable entrega de dinero a representantes corruptos del COI para conseguir unos votos que, por fortuna, hasta ahora no han sido suficientes)

Por tanto, visto el patio en el que se mueven en nuestro país el conjunto de los políticos con poder en las instituciones, parece obvio que si se quiere tener una cierta tranquilidad respecto a la situación futura del endeudamiento de las distintas administraciones, es más que deseable que la obligación alcance a todas las administraciones (en la propuesta se han olvidado de las diputaciones provinciales) esté clara y explícita en la Constitución y ojalá que la Ley Orgánica que desarrolle el mandato constitucional deje muy claras las responsabilidades, también personales, de las personas que por acción u omisión incumplan, o permitan que se incumplan, las exigencias de estabilidad financiera que se introduzcan en el texto final que se incluya en la Constitución.

Modificación de la Constitución (I)

Estoy convencido de que la modificación del artículo 135 de la Constitución propuesta de forma conjunta por los dos principales partidos políticos es una modificación relevante, por lo que lo primero que hay que hacer es leerla detenidamente, Sólo ocupa una página, motivo por el que a continuación transcribo el texto actual y el propuesto, y en sucesivas entradas iré comentando los aspectos que me parecen más relevantes tanto de la modificación en sí, como de la necesidad mas o menos perentoria de llevarla a cabo, del proceso seguido hasta su aprobación final y de las consecuencias que se derivaran de todo ello en los aspectos políticos, sociales y económicos.

La redacción actual del artículo 135 es:

Artículo 135.
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.


La propuesta tiene por objeto la modificación del artículo 135 de la Constitución que pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 135.
-1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

-2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros.

Una ley orgánica será la que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su producto interior bruto, mientras que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

-3. El Estado y las comunidades habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

-4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

-5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.

En todo caso, regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

Igualmente, regulará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

-6. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.