martes, 8 de marzo de 2022

LA INCONGRUENCIA DEL SISTEMA EUROPEO DE FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD

 

La Comisión de la UE fijó en su día la obligación de usar básicamente el sistema marginalista para la fijación de los precios mayoristas de la electricidad, con el convencimiento de que es un buen método para garantizar la competencia y asegurar unos precios razonables a los consumidores.

La machacona realidad es que en la generación de electricidad coexisten múltiples tecnologías (fundamentalmente nuclear, hidráulica, eólica, fotovoltaica, termosolar, ciclos combinados de gas natural y carbón, esta última en proceso de desaparición ya culminado en España)

Cada una de estas tecnologías tienen unos tamaños óptimos de cada unidad de generación muy diferentes, unas capacidades de entrada, salida y variación de la producción horaria, unos costes medios fijos y variables y, finalmente, unos plazos para la instalación de nuevas unidades muy diferentes.

Pero todas ellas, excepto las muy pequeñas de algunas de las tecnologías renovables, tienen que participar obligatoriamente todos los días (salvo que decidan o tengan que estar paradas ese día) en una subasta en la que se decide, para cada unidad de generación, que cantidad de electricidad producirá en cada hora de ese día y el precio que recibirá por cada unidad de electricidad generada en esa hora, que será el precio ofrecido por la última unidad necesaria para igualar la oferta en esa hora a la demanda prevista para esa hora (de ahí el nombre de sistema marginalista)

La realidad es que ese método ha funcionado sin demasiados problemas durante algunas décadas, aunque las tecnologías que fijaban el precio durante más horas en el año (el carbón y el gas natural en el caso español, hasta la desaparición por imperativo legal del carbón) apenas podían cubrir sus costes marginales y poco más, con lo que su rentabilidad era muy baja, situación muy distinta a las que tenían una tecnología con unos costes marginales muy reducidos (la nuclear y la hidráulica,  también en el caso español) que se limitaban a ofrecer un precio muy bajo (cero euros con cero céntimos durante la mayor parte de las horas del año en el caso de la nuclear) y a aceptar el precio resultante de la subasta, que cubría con creces tanto sus costes fijos como sus costes variables y proporcionaban unos pingües beneficios a las empresas que tienen unidades de generación de estas dos tecnologías.

Pero la desaparición de las centrales de carbón dejó al gas natural como tecnología marginal durante la mayoría de las horas del año (solo dejaba de fijar el precio en las horas en que no podían cubrir sus costes variables por escasez de demanda, horas en las que dejaban de generar todas las centrales de esa tecnología, salvo las que fueran necesarias para atender alguna zona geográfica concreta por falta de capacidad de transporte de la red de alta tensión)

Ha bastado que los mercados internacionales de gas, en los que se abastece en gran parte la Unión Europea, hayan pasado de tener un moderado exceso de oferta a una ligera presión de la demanda, de una parte, y que la política de restricción de la oferta de derechos de emisión de CO2 decidida por la Comisión haya aumentado su precio en el mercado europeo, de otra, para que desde el tercer trimestre de 2021 los precios mayoristas de la electricidad se hayan disparado. Por descontado la actual situación política internacional ha disparado aún más los precios del gas con el resultado de que el precio de la generación de electricidad que se carga en la factura del consumidor español ha pasado de unos cuatro céntimos por kWh hace un año a los setenta céntimos que se han alcanzado el 7 de marzo de 2022.

¿Quién gana y quién pierde en el camino?

Indudablemente pierden todos los consumidores que no pueden traspasar a nadie este sobrecoste, sean ciudadanos de a pie, trabajadores autónomos o empresarios.

Ganan primero los políticos (que ven aumentados los ingresos públicos por los ingresos mucho mayores procedentes tanto de la venta de los derechos de CO2 como del IVA, ya que el 21% de cuatro céntimos es inferior al 10% a partir de los 9 céntimos del coste de generación (90 euros por MWh) pero también los generadores de electricidad de todas las tecnologías, incluidos los que lo hacen con gas natural.

Las consecuencias de tal subida ya son las de una inflación en la UE impensable hace tan solo un año, pero todo hace pensar que será aun más elevada en los próximos meses, con lo que tendrá efectos muy negativos en la reducción del crecimiento económico y en el aumento del paro.

¿Existe alguna solución razonable para paliar la subida de los precios de generación?

Si, por descontado, y parece que la Comisión ya está pensando en cómo hacerlo, porque la presión de Alemania para reducir la inflación será fortísima y efectiva.

Una idea sencilla es que si la causa fundamental es la regulación adoptada en la formación de los precios mayoristas, una modificación adecuada de la misma podrá anular los efectos directos de la misma. Por tanto urge eliminar que sea el precio marginal de la generación del gas el que marque el precio de generación del resto de tecnologías y también, aunque sea de forma temporal, la reducción de los precios de los derechos de CO2, hasta el nivel que la Comisión considere razonable, mediante el aumento de la oferta en la cantidad necesaria para que el precio sea el deseado por los burócratas.

Indudablemente si, como es previsible, se mantiene el precio más elevado del gas en los mercados internacionales, tendremos que asumir ese sobrecoste pero teniendo en cuenta el precio medio de compra, no aplicando también el precio marginal más elevado a todo el gas consumido, porque los contratos a largo plazo, que cubren la mayor parte de la demanda, tienen actualmente un precio mucho más moderado que el de los mercados spot o los precios de futuros.

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