El circulo vicioso de la profunda crisis económica

Cuando falta poco, un trimestre, para que se cumplan tres años del inicio de la crisis económica más profunda de lo últimos setenta años, ya no queda nadie que dude que la situación es muy mala y que se necesitará bastante tiempo para mejorarla.

Sin embargo, no hay una explicación global de las causas que han llevado a esta situación tan compleja ni mucho menos un planteamiento de cual es la mejor manera de actuar para limitar en lo posible los efectos perversos de la crisis, probablemente porque nadie quiere reconocer lo que ha hecho mal, ni mucho menos lo que sigue haciendo mal, y además, todos los estamentos sociales pretenden que la crisis no les afecte, aferrándose a la idea infantil de que es posible superar la crisis sin sacrificios.

La dureza y la duración de la crisis y la evidencia de qué está siendo más profunda en nuestro país que en los otros países de nuestro entorno se explican si se admite que, en realidad, estamos padeciendo tres crisis diferentes, cada una de las cuales, por sí sola, habría dado lugar a una crisis de las que ocurren cada cinco-diez años. Además, ha dado la casualidad de que habrían tenido lugar en momentos temporalmente próximos, pero la aparición de los síntomas iniciales de los otros dos problemas ha inducido que se junten aún más en el tiempo.

La primera de las tres crisis, por haber aparecido un poco antes y también porque su carácter es global, es la crisis financiera, que habríamos sufrido en todo caso y cuya causa última está en la falta de una regulación internacional que impida que los procesos especulativos de tipo piramidal se desarrollen de forma exponencial hasta que la situación se hace insostenible y se produce el derrumbe de la pirámide que afecta, sobre todo, a la base, esto es a una gran parte de la población de ingresos bajos o medios. No sería razonable hacer responsable a nuestro gobierno de esta crisis, porque se habría desarrollado de forma prácticamente idéntica al margen de la política económica y financiera seguida en España.

La segunda crisis, netamente española, aunque también se ha producido de forma similar en otros países, es la inmobiliaria, derivada también de un proceso especulativo de tipo piramidal que, en este caso sí, es responsabilidad exclusiva de los sucesivos gobiernos que hemos tenido. La base del problema está en la elección de un sistema perverso para la definición de los lugares en que se puede construir, que se puede definir como “prohibido construir excepto donde la autoridad administrativa lo permita específicamente y en el modo en que ésta lo permita” en lugar del más lógico en una economía de mercado “permitido construir en todo el territorio excepto donde la autoridad administrativa lo prohíba específicamente, aunque esté regulado el modo en que se puede y se debe construir”

El modelo vigente en España permite multiplicar por cifras increíblemente altas el valor de los terrenos que las Administraciones competentes tienen a bien calificar como edificables y, al tratarse de decisiones parcialmente arbitrarias, se ponen todos los elementos para que haya un reparto poco transparente de la enorme plusvalía generada entre los distintos actores. Es más que conocido el mecanismo mediante el que los Ayuntamientos consiguen una parte relevante, aunque minoritaria, de la plusvalía derivada de las recalificaciones, sistema que ha permitido cubrir una parte importante de los gastos de los Ayuntamientos; se habla del 30% como media.

La tercera crisis, también netamente española, es la derivada del final de la práctica de gastar más de lo que se ingresa recurriendo al crédito internacional, aprovechando los bajos tipos de interés existentes. Esta práctica tenía que tener un límite que se alcanzó cuando la deuda externa total de España (privada y pública) llegó al 150% del PIB y lo peor de esta práctica es que la mayor parte del incremento se empleó en consumo y no en inversiones productivas. Este mayor consumo, basado en el aumento de la deuda con el exterior, llevó a cifras elevadas del incremento del PIB y aún más elevadas de la recaudación fiscal, con lo que todo el mundo estaba contento (hasta el Presidente se creyó que habíamos superado a Italia y que como el modelo era estable estábamos a punto de igualar a Francia en PIB por habitante)

La coincidencia en el tiempo de las tres crisis nos ha llevado a un círculo vicioso del que no será fácil salir. Los elementos principales de este círculo (el orden no implica su mayor o menor causalidad) son:

1) Caída muy importante de la actividad constructora de viviendas, actividad que no debería volver a alcanzar nunca más cifras parecidas a las de los años previos a la crisis, porque el país no necesita tantas viviendas (muchas de ellas se construyeron exclusivamente por motivos especulativos, pero es difícil que nunca tengan una ocupación mínimamente relevante) Esta caída de la actividad supuso también una caída relevante de los precios que en muchos casos hace imposible poder vender los terrenos comprados en los últimos años sin incurrir en unas pérdidas muy relevantes, lo que en último término supone un grave problema para las instituciones financieras que dieron los préstamos para la compra de esos terrenos.

2) Serias dificultades de las entidades financieras para poder dar nuevos créditos, tanto por la creciente dificultad de acceder a los mercados financieros internacionales (lo que se ha paliado con los préstamos del BCE) como por la situación objetiva de sus balances (que nunca conoceremos, pero que en la mayoría de los casos hubieran llevado a la quiebra a muchas entidades financieras si se hubieran aplicado las normas contables aplicables a cualquier tipo de empresa, que obligan a reconocer las pérdidas en las cuentas cuando se tiene el convencimiento de que son inevitables, aunque no se hayan vendido los activos.

3) Caída importante de la actividad, no sólo en los sectores de la construcción y relacionados con ella, sino también en muchos otros, como consecuencia de la reducción del flujo monetario total y, sobre todo, de la reducción o anulación del crédito a la mayoría de las PYMES y autónomos.

4) Caída importante del empleo, derivada de la caída de la actividad.

5) Importante deterioro de las cuentas públicas derivado del enorme descenso de la recaudación, del mayor coste de las prestaciones sociales, que aumentan a ritmo aún más rápido en situación de crisis, del aumento del gasto público decidido por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis y de la ausencia de recorte relevante del gasto corriente superfluo de todas las administraciones, derivada de la aceptación general de que la crisis era suave y de escasa duración.

Las interrelaciones entre los distintos elementos del circulo vicioso son claras, y todas ellas negativas, por lo que si no se llevan a cabo las políticas adecuadas para romper el circulo por uno de los elementos, o mucho mejor por varios de ellos a la vez, la crisis se resolverá de la peor forma posible (mayor caída de la actividad, mayor endeudamiento, mayor caída de las prestaciones sociales, mayor crecimiento del desempleo y mayor duración de la etapa de baja actividad) las principales interrelaciones son:

a) La caída de la actividad constructora ha sido excesiva, y en algún momento deberá recuperar el ritmo que el país necesita, pero para ello es necesario que los precios del suelo vuelvan a valores razonables (en el límite, en la mayoría del territorio el precio del suelo debería ser el precio del suelo no urbanizable más los gastos de urbanización) Cuando esta recuperación se produzca, la actividad económica aumentará de forma directa e indirecta, lo que influirá en mayor empleo y mayor recaudación fiscal. Cuanto más tiempo se retrase esta recuperación, como consecuencia del mantenimiento de unos precios del suelo imposibles de pagar para la mayoría de la población, más tiempo se necesitará para que la economía mejore.

b) La falta de crédito disponible para la mayoría de las personas físicas y jurídicas reduce la actividad inversora, básica para mejorar la competitividad de la economía española a corto plazo y, por tanto, para el incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones, única manera de tener una recuperación relativamente rápida de la actividad. La política financiera seguida es, de lejos, la que mejor ha realizado el Gobierno; pero le falta un ingrediente fundamental, la separación real de las decisiones de las Cajas de Ahorros de los deseos de los políticos que las controlan. Como país, tenemos que asumir que no es posible aumentar más la deuda externa total y que sería muy deseable que ésta se fuera reduciendo.

c) Mientras no vuelva a estar disponible una capacidad crediticia razonable para PYMES y autónomos, será muy difícil que se reduzca de forma relevante el desempleo y, en consecuencia, que se vuelvan a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y aumente la recaudación fiscal.

d) La continuidad del déficit público por encima del 3% del PIB en términos anuales tiene efectos negativos sobre la disponibilidad de créditos para el sector privado, sobre el desempleo, ya que dificulta su reducción, sobre la inversión pública, que a medio plazo disminuye si hay más déficit, y sobre la actividad y el consumo interno, ya que la presión fiscal tiende a aumentar más todavía.

El mayor problema es que al ser impopulares las políticas necesarias para corregir la situación antes y mejor, los políticos que adopten esas políticas perderán votos en las siguientes elecciones y, por desgracia, el lema general de los políticos de nuestro país es obtener el poder, o mantenerlo donde ya se tiene, cueste lo que cueste.

La diferencia entre los modelos económicos anglosajón y mediterráneo

Durante siglos, los modelos económicos anglosajón y mediterráneo han tenido diferencias que en las últimas décadas se han ido reduciendo, aunque todavía sean relevantes. Ambos modelos se basan en tres pilares de los que sólo uno es diferente. Los pilares comunes son la eficiencia y la redistribución y el pilar diferente es el individualismo en el modelo anglosajón y la ayuda mutua en el modelo mediterráneo.

La eficiencia se basa en ambos modelos en la competencia en los mercados, y en ambos modelos se admite una perdida de eficiencia, que puede ser muy relevante, en las actividades que se realizan por parte del sector público y también en las que realiza el sector privado en régimen de monopolio o de oligopolio, tanto si es de derecho como si lo es de hecho.

La redistribución es el conjunto de procesos que permiten incluir a muchas más personas en el mercado, porque les permite disponer de una cierta capacidad adquisitiva. Con el paso de los siglos, en ambos modelos se ha reducido a cifras realmente bajas el número de personas que están en situación de exclusión social o próximas a ella, aunque la parte del PIB dedicada a esta función varíe mucho de unos países a otros.

El individualismo es la forma de proceder según la cual cada persona se preocupa exclusivamente de si misma, de su pareja y de los hijos mientras son menores, de forma que para todas las demás personas la máxima general es que nadie da nada a nadie si no es a cambio de algo, aunque haya excepciones normalmente gestionadas a través de organizaciones civiles.

La ayuda mutua es la forma de proceder según la cual una parte relevante de la población, hasta hace pocas décadas una clara mayoría, amplía a un círculo mucho mayor el conjunto de personas a las que cada persona está dispuesta a proporcionar determinados bienes y servicios sin esperar nada a cambio. Obviamente, la predisposición a actuar así es mucho mayor cuando la relación entre las personas es de vínculo familiar, afecto o vecindad.

El modelo anglosajón ha dado lugar a países con una mayor renta media, derivada de la mayor eficiencia que en promedio se ha derivado del individualismo; además, en esos países la redistribución ha funcionado mejor porque había más para repartir.

El modelo mediterráneo sólo ha permitido que los países en que está implantado se hayan acercado a los niveles de eficiencia del modelo anglosajón cuando en ellos se ha desarrollado parcialmente el individualismo, aunque en situaciones de crisis, como la actual, la ayuda mutua haga posible que millones de personas no caigan en la exclusión social gracias al soporte que reciben de sus seres próximos, fundamentalmente familiares.

Parece claro que una situación mixta, con una dosis de individualismo para la mayoría de las actividades habituales, complementada con la ayuda mutua en situaciones especiales (aunque esa situación especial no afecte más que a una sola persona) llevarían a una sociedad con el máximo nivel de renta y, sobre todo, de bienestar.

La respuesta forzada de un presidente sin respuestas

El Presidente del Gobierno ha comparecido ante el Congreso, a petición propia, para explicar el plan de reformas que se ha visto obligado a poner en marcha para evitar que España caiga en el abismo de la suspensión de pagos.

El conjunto de reformas presentado me ha gustado, aunque me da la impresión de que no ha sido preparado por el Gobierno de España, sino que le ha sido impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la llamada telefónica que ayer le hizo su admirado Obama.

Me ha gustado porque me parece un plan realista dada la situación actual, aunque creo que los aspectos más dolorosos se podrían haber evitado si hace dos años y medio, cuando la crisis económica ya era evidente, el Gobierno hubiera diseñado un plan de reformas para reducir en lo posible sus efectos.

Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Presidente Zapatero ha ido al grano en vez de usar su táctica habitual de decir párrafos muy largos pero carentes de la menor concreción.

No ha debido ser fácil para el Presidente decir en el Congreso lo contrario de lo que ha venido diciendo durante años en aspectos tan sensibles como las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, o los pagos a las personas dependientes desde que solicitan la situación de dependencia hasta que oficialmente reciben la respuesta, cuando esta es positiva.

Las medidas presentadas supondrán una reducción relevante del gasto público, y además, excepto la reducción de inversiones públicas, la reducción tendrá carácter estructural, aunque con mucha probabilidad a este recorte le seguirán recortes adicionales, porque la economía española no puede soportar el elevado coste del conjunto de los trabajadores del sector público (no porque tengan sueldos elevados, sino porque hay demasiados y un porcentaje elevado de ellos no tienen una función que resulte útil para la sociedad, especialmente en ayuntamientos y comunidades autónomas) tampoco son económicamente sostenibles ni el actual sistema de pensiones ni las prestaciones que promete la Ley de Dependencia (aunque la realidad es que en la mayor parte de los casos la promesa no se cumple mediante el viejo truco de dejar dormir el expediente hasta que fallece el potencial beneficiario) y también será necesaria una profunda modificación de las prestaciones sanitarias, ya que el crecimiento exponencial del gasto sanitario total hará que éste alcance pronto unos valores insoportables (esperemos que en este aspecto se optimicen los servicios prestados, de forma que el coste medio por persona atendida se reduzca drásticamente sin merma de la calidad asistencial, objetivo que es perfectamente alcanzable a condición de que se abandone la privatización creciente de los servicios con el criterio actual de que los contratistas privados obtengan más beneficios cuanto más elevado sea el gasto por paciente)

Me ha sorprendido mucho que el plan sólo contenga reducciones del gasto público, pero no incorpore también incrementos de los ingresos públicos, y no me ha quedado claro si esta parte no se ha presentado porque no está aún elaborada (o todavía no ha sido aprobada por el FMI y la UE) o porque el Presidente considera que de momento no es adecuado aumentar los impuestos.

Finalmente, creo que hay que destacar que el propio Presidente ha dicho que no le gusta tener que adoptar esas medidas, pero que no le queda otra alternativa. Lástima que no hiciera caso a Solbes, cuando éste era el responsable de la economía. ¿Hará un cambio de gobierno relevante una vez que finalice la Presidencia Española de la UE?

La deuda externa española

Las enormes dificultades de Grecia para reconducir sus cuentas públicas han desembocado en la drástica rebaja de la calificación de la deuda griega que los mercados internacionales califican ya de “bonos basura”

Como de costumbre, algunos especuladores habrán obtenido pingües beneficios en la operación y, una vez esquilmada la pieza griega, parecen dirigir su objetivo hacia un nuevo país, en este caso nuestro vecino Portugal que, aunque ni de lejos tiene una situación comparable a la de Grecia, casi con seguridad será la nueva victima propiciatoria si la UE no lo evita a tiempo.

Después está Irlanda en la cola y a continuación viene España, que presenta como punto débil principal el desmesurado déficit público que no está claro que el gobierno sea capaz de reconducir a los límites del Pacto de Estabilidad en su actual interpretación por parte de la UE (máximo déficit anual del 3% del PIB a cumplir en 2012)

Conviene, en consecuencia, hacer un análisis detallado de la situación actual de la deuda externa española, tanto pública como privada, porque el ataque especulativo se basa en una circunstancia que se da en todos los países del mundo, dado el escaso plazo a que se dan la inmensa mayoría de los créditos: si el sistema financiero internacional exige a un país que devuelva todos los créditos que vencen en un breve plazo (o una gran parte de ellos) en una situación en la que las actuaciones especulativas previas hayan puesto en cuestión la solvencia de ese país, la situación se hace imposible de gestionar (hoy mismo un funcionario del FMI ha cifrado, para desmentirlo poco después, en 120.000 millones de euros la cantidad que necesitará Grecia para salir de su situación, cifra que es del mismo orden de magnitud que la deuda externa total de ese país)

La mejor fuente de información sobre la deuda externa española es, como no podía ser de otra manera, el Banco de España que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo (ún año o más), con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.

Desde que en el tercer trimestre de 2007, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer de golpe (en 2006 había crecido en 210000 millones de euros y en 2005 en 158000 millones) la evolución de la deuda total de cada uno de los tres sectores ha sido muy diferente:

El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 613000 millones en el cuarto trimestre de 2009, si bien la deuda a corto plazo también aumentó casi otros 10000 millones de euros en el mismo periodo.



El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del año pasado prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 383000 millones respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto plazo la que ha aumentado de forma muy notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 440000 millones)




Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2009 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (53000 millones) y la deuda a corto plazo (39000 millones)



La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,77 billones en el cuarto trimestre de 2009.

Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que a finales de 2009 alcanzó la cifra de 519.000 millones de euros, lo que significa que España necesitaría una ayuda no inferior a 40000 millones de euros al mes para no suspender pagos si la acción especulativa cortara de raíz el acceso de España a los mercados internacionales de financiación, como ocurrió ayer con Grecia.

¿Es conveniente complementar la pensión pública con un plan de pensiones privado?

Ayer 9 de marzo de 2010, el Ministro de Trabajo ha recomendado públicamente a los ciudadanos que complementen la pensión pública que vayan a tener con un plan de pensiones privado para reducir, o eliminar, la pérdida de ingresos que siempre supone la jubilación respecto a los ingresos por el trabajo que se tienen el año previo a la jubilación.

La polémica que ha surgido está llena de falsedades y de demagogia, aunque también hay un elevado grado de demagogia en la propuesta del Sr. Corbacho.

Es falso que la supuesta conveniencia de tener un plan de pensiones privado se derive del elevado riesgo de que desaparezcan las pensiones públicas. Las pensiones no desaparecerán, salvo catástrofe mayúscula que se lleve por delante, además, a una gran parte de la población. Lo que si ocurrirá es que, al ser nuestro sistema de pensiones un sistema de reparto, las pensiones que se reciban sean las que correspondan a repartir los ingresos de cada etapa (no es ajustarán año a año pero si a lo largo de las décadas) entre los pensionistas que haya. Por eso es tan importante analizar la propuesta sobre la modificación de las pensiones, porque la demografía nos muestra que, casi con certeza absoluta, el sistema actual, si mantiene todas sus características actuales, no será viable en el futuro.

Pero también es falso que la opción del plan de pensiones privado sea la mejor para los actuales trabajadores, ya que la fiscalidad de los planes de pensiones es, con mucho, la peor de las fiscalidades que existen en España para inversiones financieras, exactamente lo contrario de lo que debería ser, por tratarse de un ahorro no especulativo y con vocación, impuesta `por la ley, de larga permanencia en el sistema financiero antes de que el beneficiario pueda disponer de él (veinte años como media para un trabajador que lo construya a lo largo de una vida laboral de cuarenta años)

Esta fiscalidad es tan mala porque para compensar el caramelo que supone no tributar, hasta un límite, por el IRPF respecto a las cantidades ingresadas en el plan de pensiones, Hacienda grava después tanto los rendimientos como el dinero invertido como si se tratara de rentas de trabajo. Pongamos el caso, más habitual de lo que a primera vista pueda parecer de una persona que cotiza a la seguridad social por el máximo, lo que le lleva a tener en su día la pensión máxima, y que tiene un sueldo medio alto, que le lleva a tener el tipo marginal más elevado en sus declaraciones anuales. El resultado es que, año a año, deja de pagar por IRPF el 42% de las cantidades que ingresa en el plan de pensiones; a cambio, cuando cobra el plan de pensiones, tanto si lo hace de una vez al jubilarse como si prefiere una renta vitalicia, pagará el 42% (si se mantiene este tipo marginal) de todo el dinero que reciba, incluido el que ingresó en el plan de pensiones.

Comparemos esta fiscalidad, con la que tendría una persona que, con la misma situación fiscal invirtiera el mismo dinero cada año en activos financieros con la misma rentabilidad y recibiera, por tanto, las mismas cantidades en los mismos plazos. Pues bien, esta persona, además de que no tendría ninguna limitación legal para movilizar su dinero cuando y como quisiera, pagaría el 18% de los rendimientos (el 20% a partir de julio) y el 0% de las cantidades que ingresó.

En consecuencia, cabe pensar que la recomendación del ministro Corbacho es menos inocente de lo que parece, ya que si una parte importante de la población le hiciera caso el resultado sería el siguiente:

- Buen negocio para los bancos, que a través de sus gestoras de los fondos de pensiones ingresarían todos los años un buen pellizco en forma de comisiones (que están en función del patrimonio del fondo, no de sus resultados)
- Aumento del ahorro nacional, con lo que el Estado lo tendrá más fácil para colocar sus emisiones de deuda pública.
- Importante incremento, a largo plazo, de la recaudación fiscal, sin que se hayan tocado los impuestos.

La recomendación del Ministro de Trabajo no es buena, pero no por las razones que se han dicho, sino porque es una forma muy sutil de conseguir que los jubilados paguen mucho más en concepto de impuesto sobre la renta, con la gran ventaja de que lo harán de forma voluntaria.