La diferencia entre los modelos económicos anglosajón y mediterráneo

Durante siglos, los modelos económicos anglosajón y mediterráneo han tenido diferencias que en las últimas décadas se han ido reduciendo, aunque todavía sean relevantes. Ambos modelos se basan en tres pilares de los que sólo uno es diferente. Los pilares comunes son la eficiencia y la redistribución y el pilar diferente es el individualismo en el modelo anglosajón y la ayuda mutua en el modelo mediterráneo.

La eficiencia se basa en ambos modelos en la competencia en los mercados, y en ambos modelos se admite una perdida de eficiencia, que puede ser muy relevante, en las actividades que se realizan por parte del sector público y también en las que realiza el sector privado en régimen de monopolio o de oligopolio, tanto si es de derecho como si lo es de hecho.

La redistribución es el conjunto de procesos que permiten incluir a muchas más personas en el mercado, porque les permite disponer de una cierta capacidad adquisitiva. Con el paso de los siglos, en ambos modelos se ha reducido a cifras realmente bajas el número de personas que están en situación de exclusión social o próximas a ella, aunque la parte del PIB dedicada a esta función varíe mucho de unos países a otros.

El individualismo es la forma de proceder según la cual cada persona se preocupa exclusivamente de si misma, de su pareja y de los hijos mientras son menores, de forma que para todas las demás personas la máxima general es que nadie da nada a nadie si no es a cambio de algo, aunque haya excepciones normalmente gestionadas a través de organizaciones civiles.

La ayuda mutua es la forma de proceder según la cual una parte relevante de la población, hasta hace pocas décadas una clara mayoría, amplía a un círculo mucho mayor el conjunto de personas a las que cada persona está dispuesta a proporcionar determinados bienes y servicios sin esperar nada a cambio. Obviamente, la predisposición a actuar así es mucho mayor cuando la relación entre las personas es de vínculo familiar, afecto o vecindad.

El modelo anglosajón ha dado lugar a países con una mayor renta media, derivada de la mayor eficiencia que en promedio se ha derivado del individualismo; además, en esos países la redistribución ha funcionado mejor porque había más para repartir.

El modelo mediterráneo sólo ha permitido que los países en que está implantado se hayan acercado a los niveles de eficiencia del modelo anglosajón cuando en ellos se ha desarrollado parcialmente el individualismo, aunque en situaciones de crisis, como la actual, la ayuda mutua haga posible que millones de personas no caigan en la exclusión social gracias al soporte que reciben de sus seres próximos, fundamentalmente familiares.

Parece claro que una situación mixta, con una dosis de individualismo para la mayoría de las actividades habituales, complementada con la ayuda mutua en situaciones especiales (aunque esa situación especial no afecte más que a una sola persona) llevarían a una sociedad con el máximo nivel de renta y, sobre todo, de bienestar.

La respuesta forzada de un presidente sin respuestas

El Presidente del Gobierno ha comparecido ante el Congreso, a petición propia, para explicar el plan de reformas que se ha visto obligado a poner en marcha para evitar que España caiga en el abismo de la suspensión de pagos.

El conjunto de reformas presentado me ha gustado, aunque me da la impresión de que no ha sido preparado por el Gobierno de España, sino que le ha sido impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la llamada telefónica que ayer le hizo su admirado Obama.

Me ha gustado porque me parece un plan realista dada la situación actual, aunque creo que los aspectos más dolorosos se podrían haber evitado si hace dos años y medio, cuando la crisis económica ya era evidente, el Gobierno hubiera diseñado un plan de reformas para reducir en lo posible sus efectos.

Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Presidente Zapatero ha ido al grano en vez de usar su táctica habitual de decir párrafos muy largos pero carentes de la menor concreción.

No ha debido ser fácil para el Presidente decir en el Congreso lo contrario de lo que ha venido diciendo durante años en aspectos tan sensibles como las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, o los pagos a las personas dependientes desde que solicitan la situación de dependencia hasta que oficialmente reciben la respuesta, cuando esta es positiva.

Las medidas presentadas supondrán una reducción relevante del gasto público, y además, excepto la reducción de inversiones públicas, la reducción tendrá carácter estructural, aunque con mucha probabilidad a este recorte le seguirán recortes adicionales, porque la economía española no puede soportar el elevado coste del conjunto de los trabajadores del sector público (no porque tengan sueldos elevados, sino porque hay demasiados y un porcentaje elevado de ellos no tienen una función que resulte útil para la sociedad, especialmente en ayuntamientos y comunidades autónomas) tampoco son económicamente sostenibles ni el actual sistema de pensiones ni las prestaciones que promete la Ley de Dependencia (aunque la realidad es que en la mayor parte de los casos la promesa no se cumple mediante el viejo truco de dejar dormir el expediente hasta que fallece el potencial beneficiario) y también será necesaria una profunda modificación de las prestaciones sanitarias, ya que el crecimiento exponencial del gasto sanitario total hará que éste alcance pronto unos valores insoportables (esperemos que en este aspecto se optimicen los servicios prestados, de forma que el coste medio por persona atendida se reduzca drásticamente sin merma de la calidad asistencial, objetivo que es perfectamente alcanzable a condición de que se abandone la privatización creciente de los servicios con el criterio actual de que los contratistas privados obtengan más beneficios cuanto más elevado sea el gasto por paciente)

Me ha sorprendido mucho que el plan sólo contenga reducciones del gasto público, pero no incorpore también incrementos de los ingresos públicos, y no me ha quedado claro si esta parte no se ha presentado porque no está aún elaborada (o todavía no ha sido aprobada por el FMI y la UE) o porque el Presidente considera que de momento no es adecuado aumentar los impuestos.

Finalmente, creo que hay que destacar que el propio Presidente ha dicho que no le gusta tener que adoptar esas medidas, pero que no le queda otra alternativa. Lástima que no hiciera caso a Solbes, cuando éste era el responsable de la economía. ¿Hará un cambio de gobierno relevante una vez que finalice la Presidencia Española de la UE?

La deuda externa española

Las enormes dificultades de Grecia para reconducir sus cuentas públicas han desembocado en la drástica rebaja de la calificación de la deuda griega que los mercados internacionales califican ya de “bonos basura”

Como de costumbre, algunos especuladores habrán obtenido pingües beneficios en la operación y, una vez esquilmada la pieza griega, parecen dirigir su objetivo hacia un nuevo país, en este caso nuestro vecino Portugal que, aunque ni de lejos tiene una situación comparable a la de Grecia, casi con seguridad será la nueva victima propiciatoria si la UE no lo evita a tiempo.

Después está Irlanda en la cola y a continuación viene España, que presenta como punto débil principal el desmesurado déficit público que no está claro que el gobierno sea capaz de reconducir a los límites del Pacto de Estabilidad en su actual interpretación por parte de la UE (máximo déficit anual del 3% del PIB a cumplir en 2012)

Conviene, en consecuencia, hacer un análisis detallado de la situación actual de la deuda externa española, tanto pública como privada, porque el ataque especulativo se basa en una circunstancia que se da en todos los países del mundo, dado el escaso plazo a que se dan la inmensa mayoría de los créditos: si el sistema financiero internacional exige a un país que devuelva todos los créditos que vencen en un breve plazo (o una gran parte de ellos) en una situación en la que las actuaciones especulativas previas hayan puesto en cuestión la solvencia de ese país, la situación se hace imposible de gestionar (hoy mismo un funcionario del FMI ha cifrado, para desmentirlo poco después, en 120.000 millones de euros la cantidad que necesitará Grecia para salir de su situación, cifra que es del mismo orden de magnitud que la deuda externa total de ese país)

La mejor fuente de información sobre la deuda externa española es, como no podía ser de otra manera, el Banco de España que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo (ún año o más), con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.

Desde que en el tercer trimestre de 2007, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer de golpe (en 2006 había crecido en 210000 millones de euros y en 2005 en 158000 millones) la evolución de la deuda total de cada uno de los tres sectores ha sido muy diferente:

El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 613000 millones en el cuarto trimestre de 2009, si bien la deuda a corto plazo también aumentó casi otros 10000 millones de euros en el mismo periodo.



El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del año pasado prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 383000 millones respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto plazo la que ha aumentado de forma muy notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 440000 millones)




Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2009 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (53000 millones) y la deuda a corto plazo (39000 millones)



La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,77 billones en el cuarto trimestre de 2009.

Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que a finales de 2009 alcanzó la cifra de 519.000 millones de euros, lo que significa que España necesitaría una ayuda no inferior a 40000 millones de euros al mes para no suspender pagos si la acción especulativa cortara de raíz el acceso de España a los mercados internacionales de financiación, como ocurrió ayer con Grecia.

¿Es conveniente complementar la pensión pública con un plan de pensiones privado?

Ayer 9 de marzo de 2010, el Ministro de Trabajo ha recomendado públicamente a los ciudadanos que complementen la pensión pública que vayan a tener con un plan de pensiones privado para reducir, o eliminar, la pérdida de ingresos que siempre supone la jubilación respecto a los ingresos por el trabajo que se tienen el año previo a la jubilación.

La polémica que ha surgido está llena de falsedades y de demagogia, aunque también hay un elevado grado de demagogia en la propuesta del Sr. Corbacho.

Es falso que la supuesta conveniencia de tener un plan de pensiones privado se derive del elevado riesgo de que desaparezcan las pensiones públicas. Las pensiones no desaparecerán, salvo catástrofe mayúscula que se lleve por delante, además, a una gran parte de la población. Lo que si ocurrirá es que, al ser nuestro sistema de pensiones un sistema de reparto, las pensiones que se reciban sean las que correspondan a repartir los ingresos de cada etapa (no es ajustarán año a año pero si a lo largo de las décadas) entre los pensionistas que haya. Por eso es tan importante analizar la propuesta sobre la modificación de las pensiones, porque la demografía nos muestra que, casi con certeza absoluta, el sistema actual, si mantiene todas sus características actuales, no será viable en el futuro.

Pero también es falso que la opción del plan de pensiones privado sea la mejor para los actuales trabajadores, ya que la fiscalidad de los planes de pensiones es, con mucho, la peor de las fiscalidades que existen en España para inversiones financieras, exactamente lo contrario de lo que debería ser, por tratarse de un ahorro no especulativo y con vocación, impuesta `por la ley, de larga permanencia en el sistema financiero antes de que el beneficiario pueda disponer de él (veinte años como media para un trabajador que lo construya a lo largo de una vida laboral de cuarenta años)

Esta fiscalidad es tan mala porque para compensar el caramelo que supone no tributar, hasta un límite, por el IRPF respecto a las cantidades ingresadas en el plan de pensiones, Hacienda grava después tanto los rendimientos como el dinero invertido como si se tratara de rentas de trabajo. Pongamos el caso, más habitual de lo que a primera vista pueda parecer de una persona que cotiza a la seguridad social por el máximo, lo que le lleva a tener en su día la pensión máxima, y que tiene un sueldo medio alto, que le lleva a tener el tipo marginal más elevado en sus declaraciones anuales. El resultado es que, año a año, deja de pagar por IRPF el 42% de las cantidades que ingresa en el plan de pensiones; a cambio, cuando cobra el plan de pensiones, tanto si lo hace de una vez al jubilarse como si prefiere una renta vitalicia, pagará el 42% (si se mantiene este tipo marginal) de todo el dinero que reciba, incluido el que ingresó en el plan de pensiones.

Comparemos esta fiscalidad, con la que tendría una persona que, con la misma situación fiscal invirtiera el mismo dinero cada año en activos financieros con la misma rentabilidad y recibiera, por tanto, las mismas cantidades en los mismos plazos. Pues bien, esta persona, además de que no tendría ninguna limitación legal para movilizar su dinero cuando y como quisiera, pagaría el 18% de los rendimientos (el 20% a partir de julio) y el 0% de las cantidades que ingresó.

En consecuencia, cabe pensar que la recomendación del ministro Corbacho es menos inocente de lo que parece, ya que si una parte importante de la población le hiciera caso el resultado sería el siguiente:

- Buen negocio para los bancos, que a través de sus gestoras de los fondos de pensiones ingresarían todos los años un buen pellizco en forma de comisiones (que están en función del patrimonio del fondo, no de sus resultados)
- Aumento del ahorro nacional, con lo que el Estado lo tendrá más fácil para colocar sus emisiones de deuda pública.
- Importante incremento, a largo plazo, de la recaudación fiscal, sin que se hayan tocado los impuestos.

La recomendación del Ministro de Trabajo no es buena, pero no por las razones que se han dicho, sino porque es una forma muy sutil de conseguir que los jubilados paguen mucho más en concepto de impuesto sobre la renta, con la gran ventaja de que lo harán de forma voluntaria.

Propuesta de modificación de las pensiones

La propuesta de modificación del sistema de pensiones aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero es, en mi modesta opinión, la única medida acertada que ha planteado el Gobierno desde que hizo los deberes, con gran corrección, para evitar la caída del sistema financiero cuando aún no reconocía públicamente que hubiera una crisis, aunque era obvio que era una realidad y una realidad con pinta de ser mucho más dura que las anteriores.

También en esta ocasión se ha encontrado el Gobierno con un rechazo generalizado (sólo he percibido el apoyo de la CEOE, al margen del inevitable, aunque en este caso con matices, del PSOE) lo que supone una noticia bastante mala, porque lo que el Gobierno ha aprobado es una propuesta, que será discutida con sindicatos y patronal y posteriormente enviada al Pacto de Toledo para su eventual aprobación en su seno, lo que abriría las puertas a su envío al Parlamento para que sea convertida en norma.

Es de esperar que en todo ese camino haya cambios, aunque por el bien de nuestro sistema de pensiones más nos valdría que los cambios no sean de tal magnitud que eliminen la mayor parte de la ganancia de solvencia del sistema de pensiones que la propuesta supondría.

Es obvio que, desde un punto de vista individual, a todos nos gustaría jubilarnos cuanto antes y con una pensión que sea lo más elevada posible, y también es claro que la demagogia es muy fácil de aplicar en este caso, ya que los efectos de esta propuesta sólo se empezarán a notar por unas pocas personas en 2013 y afectarán plenamente a las personas nacidas a partir de 1959, a partir de 2026. Cuesta poco decir, en consecuencia, que la reforma no es necesaria y muchos se agarrarán a esa mentira (que seguirá siendo una mentira aunque la digan multitud de personas y de instituciones) como a un clavo ardiendo, para no aceptar una reducción de las prestaciones de pensiones del orden del 20%, que es lo que en resumen supondría la reforma, si se aprobara en los términos propuestos por el Gobierno, para todos los nacidos a partir de 1959.

Lo que no explicarán los demagogos es que la alternativa de no cambiar nada, que sin duda sería más favorable (pero sólo durante algunos años) para el conjunto de los nuevos pensionistas a partir de 2013, llevaría en un plazo no muy largo a la necesidad de una reforma mucho más drástica que podría incluso llegar a la necesidad de recortar las prestaciones de los pensionistas que ya lo sean cuando la reforma sea inevitable.

Sería una verdadera paradoja que la única medida social con visión de largo plazo que ha sido capaz de proponer el Gobierno desde que se inició la crisis, fuera también la que tuviera un mayor coste electoral para el partido que le sustenta. Pero la política de este país, basada en la mentira como forma habitual de relación entre los políticos y la sociedad, puede tener estas incongruencias, y no deberíamos sorprendernos en exceso por ello.

Por primera vez en mucho tiempo el Gobierno cuenta con mi apoyo y con mi aplauso por la iniciativa que ha tenido. Me gustaría mucho poder decir lo mismo del resto de actores cuando la propuesta termine su andadura y pase a ser una realidad en nuestro sistema de protección social.