La deuda externa española

Las enormes dificultades de Grecia para reconducir sus cuentas públicas han desembocado en la drástica rebaja de la calificación de la deuda griega que los mercados internacionales califican ya de “bonos basura”

Como de costumbre, algunos especuladores habrán obtenido pingües beneficios en la operación y, una vez esquilmada la pieza griega, parecen dirigir su objetivo hacia un nuevo país, en este caso nuestro vecino Portugal que, aunque ni de lejos tiene una situación comparable a la de Grecia, casi con seguridad será la nueva victima propiciatoria si la UE no lo evita a tiempo.

Después está Irlanda en la cola y a continuación viene España, que presenta como punto débil principal el desmesurado déficit público que no está claro que el gobierno sea capaz de reconducir a los límites del Pacto de Estabilidad en su actual interpretación por parte de la UE (máximo déficit anual del 3% del PIB a cumplir en 2012)

Conviene, en consecuencia, hacer un análisis detallado de la situación actual de la deuda externa española, tanto pública como privada, porque el ataque especulativo se basa en una circunstancia que se da en todos los países del mundo, dado el escaso plazo a que se dan la inmensa mayoría de los créditos: si el sistema financiero internacional exige a un país que devuelva todos los créditos que vencen en un breve plazo (o una gran parte de ellos) en una situación en la que las actuaciones especulativas previas hayan puesto en cuestión la solvencia de ese país, la situación se hace imposible de gestionar (hoy mismo un funcionario del FMI ha cifrado, para desmentirlo poco después, en 120.000 millones de euros la cantidad que necesitará Grecia para salir de su situación, cifra que es del mismo orden de magnitud que la deuda externa total de ese país)

La mejor fuente de información sobre la deuda externa española es, como no podía ser de otra manera, el Banco de España que trimestralmente, aunque con excesivo retraso, proporciona información detallada sobre los créditos a corto plazo (menos de un año de vencimiento) y a largo plazo (ún año o más), con un desglose que permite separar la deuda entre el sector público, el conjunto de las instituciones financieras y el resto de la sociedad que, para simplificar, llamaré sector privado no financiero.

Desde que en el tercer trimestre de 2007, el conjunto de la deuda externa a largo plazo dejó de crecer de golpe (en 2006 había crecido en 210000 millones de euros y en 2005 en 158000 millones) la evolución de la deuda total de cada uno de los tres sectores ha sido muy diferente:

El sector privado no financiero, como muestra el gráfico siguiente, prácticamente no ha aumentado su deuda a largo plazo, ya que era de 603000 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 y ha sido de 613000 millones en el cuarto trimestre de 2009, si bien la deuda a corto plazo también aumentó casi otros 10000 millones de euros en el mismo periodo.



El conjunto de las instituciones financieras también tuvo al final del año pasado prácticamente la misma deuda a largo plazo que en el tercer trimestre de 2007 (382000 y 383000 millones respectivamente) En este caso ha sido la deuda a corto plazo la que ha aumentado de forma muy notable (ha pasado en el mismo periodo de 324000 a 440000 millones)




Finalmente, el sector público ha tenido un comportamiento completamente diferente, ya que durante la primera parte del periodo analizado la deuda externa, que estaba descendiendo desde el primer trimestre de 2007, como consecuencia lógica del superávit publico que entonces había, continuó bajando hasta que, a partir del segundo trimestre de 2008, empezó a crecer de forma exponencial, crecimiento que en el periodo considerado desde el tercer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2009 se ha repartido entre la deuda a largo plazo (53000 millones) y la deuda a corto plazo (39000 millones)



La deuda externa total ha continuado creciendo durante todo el periodo, aunque a un ritmo bastante inferior, y ha pasado de 1,54 billones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 1,77 billones en el cuarto trimestre de 2009.

Lo más preocupante, a efectos de las consecuencias de una eventual actuación especulativa contra la deuda española, es la evolución de la deuda a menos de un año, que a finales de 2009 alcanzó la cifra de 519.000 millones de euros, lo que significa que España necesitaría una ayuda no inferior a 40000 millones de euros al mes para no suspender pagos si la acción especulativa cortara de raíz el acceso de España a los mercados internacionales de financiación, como ocurrió ayer con Grecia.

¿Es conveniente complementar la pensión pública con un plan de pensiones privado?

Ayer 9 de marzo de 2010, el Ministro de Trabajo ha recomendado públicamente a los ciudadanos que complementen la pensión pública que vayan a tener con un plan de pensiones privado para reducir, o eliminar, la pérdida de ingresos que siempre supone la jubilación respecto a los ingresos por el trabajo que se tienen el año previo a la jubilación.

La polémica que ha surgido está llena de falsedades y de demagogia, aunque también hay un elevado grado de demagogia en la propuesta del Sr. Corbacho.

Es falso que la supuesta conveniencia de tener un plan de pensiones privado se derive del elevado riesgo de que desaparezcan las pensiones públicas. Las pensiones no desaparecerán, salvo catástrofe mayúscula que se lleve por delante, además, a una gran parte de la población. Lo que si ocurrirá es que, al ser nuestro sistema de pensiones un sistema de reparto, las pensiones que se reciban sean las que correspondan a repartir los ingresos de cada etapa (no es ajustarán año a año pero si a lo largo de las décadas) entre los pensionistas que haya. Por eso es tan importante analizar la propuesta sobre la modificación de las pensiones, porque la demografía nos muestra que, casi con certeza absoluta, el sistema actual, si mantiene todas sus características actuales, no será viable en el futuro.

Pero también es falso que la opción del plan de pensiones privado sea la mejor para los actuales trabajadores, ya que la fiscalidad de los planes de pensiones es, con mucho, la peor de las fiscalidades que existen en España para inversiones financieras, exactamente lo contrario de lo que debería ser, por tratarse de un ahorro no especulativo y con vocación, impuesta `por la ley, de larga permanencia en el sistema financiero antes de que el beneficiario pueda disponer de él (veinte años como media para un trabajador que lo construya a lo largo de una vida laboral de cuarenta años)

Esta fiscalidad es tan mala porque para compensar el caramelo que supone no tributar, hasta un límite, por el IRPF respecto a las cantidades ingresadas en el plan de pensiones, Hacienda grava después tanto los rendimientos como el dinero invertido como si se tratara de rentas de trabajo. Pongamos el caso, más habitual de lo que a primera vista pueda parecer de una persona que cotiza a la seguridad social por el máximo, lo que le lleva a tener en su día la pensión máxima, y que tiene un sueldo medio alto, que le lleva a tener el tipo marginal más elevado en sus declaraciones anuales. El resultado es que, año a año, deja de pagar por IRPF el 42% de las cantidades que ingresa en el plan de pensiones; a cambio, cuando cobra el plan de pensiones, tanto si lo hace de una vez al jubilarse como si prefiere una renta vitalicia, pagará el 42% (si se mantiene este tipo marginal) de todo el dinero que reciba, incluido el que ingresó en el plan de pensiones.

Comparemos esta fiscalidad, con la que tendría una persona que, con la misma situación fiscal invirtiera el mismo dinero cada año en activos financieros con la misma rentabilidad y recibiera, por tanto, las mismas cantidades en los mismos plazos. Pues bien, esta persona, además de que no tendría ninguna limitación legal para movilizar su dinero cuando y como quisiera, pagaría el 18% de los rendimientos (el 20% a partir de julio) y el 0% de las cantidades que ingresó.

En consecuencia, cabe pensar que la recomendación del ministro Corbacho es menos inocente de lo que parece, ya que si una parte importante de la población le hiciera caso el resultado sería el siguiente:

- Buen negocio para los bancos, que a través de sus gestoras de los fondos de pensiones ingresarían todos los años un buen pellizco en forma de comisiones (que están en función del patrimonio del fondo, no de sus resultados)
- Aumento del ahorro nacional, con lo que el Estado lo tendrá más fácil para colocar sus emisiones de deuda pública.
- Importante incremento, a largo plazo, de la recaudación fiscal, sin que se hayan tocado los impuestos.

La recomendación del Ministro de Trabajo no es buena, pero no por las razones que se han dicho, sino porque es una forma muy sutil de conseguir que los jubilados paguen mucho más en concepto de impuesto sobre la renta, con la gran ventaja de que lo harán de forma voluntaria.

Propuesta de modificación de las pensiones

La propuesta de modificación del sistema de pensiones aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero es, en mi modesta opinión, la única medida acertada que ha planteado el Gobierno desde que hizo los deberes, con gran corrección, para evitar la caída del sistema financiero cuando aún no reconocía públicamente que hubiera una crisis, aunque era obvio que era una realidad y una realidad con pinta de ser mucho más dura que las anteriores.

También en esta ocasión se ha encontrado el Gobierno con un rechazo generalizado (sólo he percibido el apoyo de la CEOE, al margen del inevitable, aunque en este caso con matices, del PSOE) lo que supone una noticia bastante mala, porque lo que el Gobierno ha aprobado es una propuesta, que será discutida con sindicatos y patronal y posteriormente enviada al Pacto de Toledo para su eventual aprobación en su seno, lo que abriría las puertas a su envío al Parlamento para que sea convertida en norma.

Es de esperar que en todo ese camino haya cambios, aunque por el bien de nuestro sistema de pensiones más nos valdría que los cambios no sean de tal magnitud que eliminen la mayor parte de la ganancia de solvencia del sistema de pensiones que la propuesta supondría.

Es obvio que, desde un punto de vista individual, a todos nos gustaría jubilarnos cuanto antes y con una pensión que sea lo más elevada posible, y también es claro que la demagogia es muy fácil de aplicar en este caso, ya que los efectos de esta propuesta sólo se empezarán a notar por unas pocas personas en 2013 y afectarán plenamente a las personas nacidas a partir de 1959, a partir de 2026. Cuesta poco decir, en consecuencia, que la reforma no es necesaria y muchos se agarrarán a esa mentira (que seguirá siendo una mentira aunque la digan multitud de personas y de instituciones) como a un clavo ardiendo, para no aceptar una reducción de las prestaciones de pensiones del orden del 20%, que es lo que en resumen supondría la reforma, si se aprobara en los términos propuestos por el Gobierno, para todos los nacidos a partir de 1959.

Lo que no explicarán los demagogos es que la alternativa de no cambiar nada, que sin duda sería más favorable (pero sólo durante algunos años) para el conjunto de los nuevos pensionistas a partir de 2013, llevaría en un plazo no muy largo a la necesidad de una reforma mucho más drástica que podría incluso llegar a la necesidad de recortar las prestaciones de los pensionistas que ya lo sean cuando la reforma sea inevitable.

Sería una verdadera paradoja que la única medida social con visión de largo plazo que ha sido capaz de proponer el Gobierno desde que se inició la crisis, fuera también la que tuviera un mayor coste electoral para el partido que le sustenta. Pero la política de este país, basada en la mentira como forma habitual de relación entre los políticos y la sociedad, puede tener estas incongruencias, y no deberíamos sorprendernos en exceso por ello.

Por primera vez en mucho tiempo el Gobierno cuenta con mi apoyo y con mi aplauso por la iniciativa que ha tenido. Me gustaría mucho poder decir lo mismo del resto de actores cuando la propuesta termine su andadura y pase a ser una realidad en nuestro sistema de protección social.

Debate sobre los efectos del envejecimiento en el Estado del Bienestar

El 20 de enero de 2010 se ha hecho público el informe de la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro del Estado del Bienestar titulado “Reflexiones para la Reforma” que, en mi modesta opinión constituye un excelente planteamiento del problema y sugiere una vía muy razonable para abordar la definición de las soluciones que la sociedad española se verá obligada a adoptar, más bien pronto que tarde.

El informe se puede descargar desde la dirección de Internet:

http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3001_20100120.pdf

y recomiendo que lo lean detenidamente a todas aquellas personas que estén interesadas en este asunto (que deberíamos ser todos porque, antes o después, todos desearemos llegar a edades avanzadas en buenas condiciones de salud y con unos recursos económicos suficientes, recursos que en la mayoría de los casos procederán en su totalidad o en su mayor parte de las pensiones que recibamos)

La composición de la Comisión es suficientemente heterogénea como para impedir las tomas de postura puramente ideológicas, excepto en aquellos aspectos en que hay un acuerdo prácticamente unánime de la sociedad, pero creo que también ha impedido algunas críticas necesarias a los aspectos más injustos o menos eficientes de los sistemas actuales.

El informe termina con un decálogo que, a modo de resumen, indica los aspectos que la sociedad española debería empezar a debatir cuanto antes, decálogo que resumo a continuación:

1) Necesidad y urgencia del debate para definir una serie de reformas, que afectarían al mercado laboral (especialmente en los aspectos de flexibilizar la entrada y salida, parcial o total, de la situación de activo a pensionista y viceversa) a la forma de acceder a las pensiones y de establecer su cuantía, al sistema público de sanidad y al sistema público de atención de la dependencia.
2) Crisis de sostenibilidad del actual sistema de pensiones antes de dos décadas que exige reformar el sistema de pensiones para retornarlo a la situación de sostenibilidad (la crisis significa que no se podrían seguir pagando las pensiones con la cuantía actual, no que quiebre el sistema de pensiones como anuncian algunos catastrofistas)
3) Amplio debate, con intervención de toda la sociedad, con carácter previo, para que las reformas que se lleven a cabo tengan el máximo consenso social.
4) Información completa, fiable y a tiempo de todos los aspectos y dirigida a toda la sociedad.
5) Prolongación de la vida laboral (se podrá discutir la cuantía de la prolongación, las condiciones y la forma o formas de hacerlo, pero no se puede continuar pagando pensiones suficientes sin reducir el periodo de percepción de las pensiones)
6) Nivel de las pensiones que la sociedad deberá proponer atendiendo a criterios de justicia, equidad y solidaridad.
7) Ajustes de la cuantía de la pensión que se deban aplicar a cada pensionista de forma periódica, que no tienen por qué coincidir con el sistema de revisión actual.
8) Participación pública y privada en los esquemas de sanidad, pensiones y dependencia
9) Sanidad si se mantuviera el actual proceso de encarecimiento del sistema público de sanidad, en no muchos años su coste sería inasumible, por lo que es necesario introducir mecanismos para aumentar la eficiencia.
10) Dependencia El sistema de atención a la dependencia iniciado en la anterior legislatura supondrá un aumento muy relevante del gasto público, por lo que se tendrá que adecuar a las posibilidades efectivas de la sociedad.

¿Cómo evoluciona la economía sumergida?

Si entendemos por economía sumergida la que se realiza sin hacer las oportunas declaraciones fiscales establecidas (no forma parte, por tanto, la actividad económica de autoconsumo que en su mayor parte no debe declararse) es evidente que, por definición, su cuantificación es muy difícil, ya que quienes realizan la actividad procuran ocultarla tanto como sea posible.

Además, la economía sumergida incluye la mayor parte de los negocios delictivos, algunos alegales como la prostitución y toda una serie de negocios legales que, simplemente, no son declarados en todo o en parte a Hacienda. Finalmente, debe destacarse que una parte de la economía sumergida si que paga algunos impuestos, los impuestos locales asociados a los locales en que se lleva a cabo, y el IVA y los impuestos especiales de algunos de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, aunque ésta sea delictiva.

Hay una tendencia a pensar que una buena forma de realizar un cálculo aproximado de la variación de la economía sumergida es la comparación de la evolución de la recaudación por IVA con la evolución de dos indicadores de la economía declarada (el PIB y el consumo final) Pero este modelo tiene demasiados puntos débiles como para no desecharlo:
- El IVA, aunque sea un impuesto indirecto es un impuesto progresivo, ya que tiene cuatro tipos diferenciados (la exención, que no es el tipo cero sino la media ponderada de los tipos de los bienes y servicios intermedios empleados para realizar la actividad, y los tipos normal, reducido y superreducido y, por tanto, su recaudación aumenta más que la actividad cuando aumenta el poder adquisitivo medio por persona, pero se reduce en mayor proporción cuando éste decrece.
- Las estimaciones del PIB y del consumo final no se calculan mediante la suma del conjunto de las operaciones declaradas, sino con modelos que están diseñados para suavizar las puntas de los ciclos, tanto las de crecimiento más elevado como las de crecimiento más reducido o decrecimiento más acentuado, dependiendo de si el ciclo no incluye, o sí, una etapa de recesión. Esta metodología, muy estimada por los políticos en el poder, acentúa la discrepancia entre los ritmos de evolución del IVA recaudado, que sí es el resultado de la suma de todas las operaciones declaradas, y de los indicadores considerados precisamente en los momentos más altos y más bajos del ciclo.

Sin embargo, si que se puede intuir, de forma exclusivamente cualitativa, que en una situación de recesión como la actual la economía sumergida tiende a incrementar su proporción, de la misma manera que ocurre lo contrario en etapas de crecimiento sostenido, también por varios motivos:
- No pocas empresas, normalmente no muy grandes, y autónomos, como consecuencia de la ausencia de rentabilidad de sus actividades, simplemente carecen del dinero necesario para pagar los impuestos derivados de su actividad, por lo que se ven abocados a ocultar buena parte de su actividad.
- Las personas que pasan al paro están más dispuestas a realizar trabajos sin declarar, especialmente mientras cobran las prestaciones a las que tienen derecho.
- Si se aumenta el esfuerzo fiscal, entendido como el porcentaje de su renta bruta que dedican a pagar todo tipo de impuestos, sobre las personas físicas y jurídicas, se aumenta la ventaja que se obtiene al ocultar la actividad económica, en todo o en parte, si finalmente esta ocultación no es detectada a tiempo, por lo que un mayor número decidirá correr el riesgo.

Y no debe olvidarse que Hacienda tiene una información ingente sobre la actividad económica de cualquier persona, siempre que esta actividad haya sido declarada por la propia persona o por la contraparte, pero en caso contrario, la actividad económica para Hacienda simplemente no existe. De ahí el enorme interés de Hacienda en ir reduciendo el número de operaciones que se realizan pagando en efectivo y el cuidado de quienes no declaran en que sus cobros y pagos no dejen el menor rastro.