Una política mejor para España: defensa de la libertad de expresión.

Las últimas noticias auguran malos tiempos para la libertad de expresión.

Se quiere volver a la situación, desconocida para la mayoría de los españoles y casi olvidada para los que vivimos durante la dictadura, en la que el poder político se autoconfería el derecho de decidir quienes tenían derecho a emitir públicamente sus opiniones y quienes no.

Casualmente serán bendecidos los que compartan, o digan amén, las opiniones de los gobernantes. Y serán expulsados al vacío los que critiquen o disientan del pensamiento de los mismos.

La Ley, mala ley, recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña, otorga a la Administración la posibilidad de sancionar, e incluso cerrar, a aquellos medios de comunicación que falten a la verdad o que, eventualmente, cometan el desatino de emitir más allá de lo permitido en una de las lenguas oficiales (sólo en una)

Y la condena no será realizada por un tribunal, sino por un comité nombrado por los políticos, previsiblemente en proporción a los resultados electorales.

Y será la opinión de este comité la que sirva para ello, sin que se mantengan las garantías previstas en la Constitución.

Esta ley tiene claramente una empresa destinataria, aunque se hará extensiva a quien se atreva a criticar a los partidos gobernantes, más allá de lo que ellos mismos consideren aceptable.

La empresa es la COPE, cadena radiofónica que se caracteriza por una crítica feroz a los partidos que gobiernan en España y en algunas de sus comunidades autónomas, incluida la de Cataluña.

Debo decir que hace muchos meses que no escucho la COPE, porque no me gusta su estilo ni tampoco su ideología.

Por eso tomo la decisión individual de sintonizar otras cadenas de radio y no esa.

Pero eso no es óbice para que defienda con énfasis su derecho a expresar sus opiniones libremente. Y por eso he firmado el manifiesto a presentar en el Parlamento Europeo.

Y si es cierto, como dicen algunos de los criticados, que sus actuaciones son a veces contrarias a la ley, deberán ser los tribunales, con todas las garantías para ambas partes, los que decidan si se ha transgredido o no la ley.

Pero la libertad de expresión es sagrada, y hace aún más daño que sean los partidos supuestamente progresistas los que se afanen en recortar las libertades individuales de los ciudadanos.

¿Tendremos nuevo sistema de financiación en la Unión Europea?

El sistema de financiación de la Unión Europea se ha complicado mucho con la última ampliación.

El motivo básico es, sin duda, la magnitud de la ampliación, tanto por la población afectada como por el número de países y su renta media, bastante inferior a la de los miembros anteriores.

Las ayudas a los nuevos miembros son un elemento importante para acelerar su convergencia. El caso de España, en la anterior ampliación, es una muestra evidente.

Pero la situación económica de Alemania y Francia no es la mejor para abordar un aumento de las ayudas a los nuevos socios y la pretensión es usar la reducción de las ayudas a los tres países de la anterior ampliación para pagar la mayor parte.

Además, si es posible, se pretende reducir el montante del presupuesto de la Unión, calculado como porcentaje del PIB. Y los políticos de todos los países, estén en el gobierno o en la oposición, no desaprovechan la oportunidad de valorar los presupuestos en función del saldo neto para su país de aportaciones y retornos vía ayudas y subvenciones.

Así los ciudadanos piensan que para qué van a dar una parte de sus impuestos (algo menos del 1,5% de sus compras) si una buena porción irá a parar a esos aprovechados (o vagos, o antipáticos o desleales o… [elíjase el improperio que se quiera] de los [póngase franceses, ingleses, alemanes, españoles, italianos…. Según las fobias personales o colectivas]

Buena manera de ir creando la mentalidad de Europa…

En palabras del presidente de la Comisión "hay que pensar en una reforma del sistema de recursos propios, ya que la actual forma de negociar no es siempre racional y ello crea una atmósfera muy negativa entre los Estados miembros, lo cual no es bueno para Europa"

También ha dicho Durao Barroso que algunos líderes europeos le han animado en privado a realizar una reforma en profundidad del sistema de recursos propios para evitar un vínculo tan directo entre los presupuestos nacionales y el presupuesto europeo, cosa que se podría lograr con un impuesto europeo. Es obvio que el objetivo es ir creando las condiciones para la Unión Política

Justo lo contrario de lo que algunos quieren hacer en España, que se vayan disgregando las haciendas para que cada Comunidad Autónoma se las arregle con los impuestos que pagan sus residentes y de esta forma ir deshaciendo la conciencia nacional (española claro)

Los ciudadanos europeos deberíamos exigir dos condiciones para admitir la incorporación de ese impuesto:

Una condición previa que sería la desaparición del déficit democrático de la UE. El Gobierno Europeo debería ser elegido y controlado por el Parlamento Europeo y los Presupuestos deberían ser aprobados, en exclusiva por el Parlamento Europeo. Y entonces sí, tendría sentido la creación de un impuesto europeo, probablemente como un recargo sobre el IVA, que sirviera para financiar las instituciones europeas y las ayudas que el Parlamento (no la Comisión ni el Consejo) aprobaran.

La otra condición debería ser la reducción del IVA en todos los países miembros en la misma cuantía en que se reduzcan las aportaciones directas de los Estados, no vaya a ser que aprovechando la coyuntura aumenten la presión fiscal sin que se note.

Cuando este debate se abra, cosa que no tardará muchos años, será curioso ver a los nacionalistas defender por una parte el avance hacia una Unión Política Europea y, por otra, continuar trabajando en la demolición de la unión política que tenemos en España. Pero encontrarán la forma, seguro, de defender simultáneamente una cosa y la contraria con argumentos irrebatibles para los convencidos.

Artículo de Rosa Díez "Lo más sagrado"

El viernes 18 de noviembre de 2005 Rosa Díez, diputada por el Psoe en el Parlamento Europeo publicó en la tercera de ABC el artículo titulado "Lo más sagrado"

Me parece un artículo fundamental. Yo lo suscribo en su integridad y creo que lo mismo debe ocurrir con todos los demócratas.

A continuación lo reproduzco en su integridad, para que el paso del tiempo no haga que se nos olvide y sólo me limitaré a extraer y destacar en negrita una frase que creo que resume su intenso contenido.

[....hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados. Pero alguno de ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, o el respeto a la memoria y a la dignidad de los seres humanos, lo son.]

Lo más sagrado

POR ROSA DÍEZ DIPUTADA DEL PSOE AL PARLAMENTO EUROPEO

... Están dilapidando lo más sagrado. Pero aún nos queda la palabra, la palabra en la plaza pública, que eso es la política. Quizá a través de la palabra consigamos que despierten algunas conciencias. Las de aquellos que deben, y pueden aún, frenar esta deriva...

HACE algunos años Mario Onaindía publicó un artículo que tituló provocativamente «La Constitución es sagrada». Sostenía Mario que había que interpretar el término sagrado en su sentido antiguo y laico, el mismo que aplicaba aquel gobernante romano que defendía que las leyes reguladoras de lo fundamental para la convivencia entre seres humanos debieran estar protegidas por una suerte de pacto de inviolabilidad. Desde esa perspectiva hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados. Pero alguno de ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, o el respeto a la memoria y a la dignidad de los seres humanos, lo son.

Me duele escribir este artículo. Pero considero que las declaraciones realizadas por Patxi López, secretario general de mi partido, al diario «Gara», no respetan alguno de esos valores. Y me siento en la obligación de alzar mi voz contra lo que considero una ofensa a la historia del socialismo vasco.

Proclama Patxi López en la mencionada entrevista que «si todos los vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de contención insalvables». No sé si esta declaración es consecuencia de una suerte de analfabetismo funcional o expresa la voluntad del líder del PSE de asumir los postulados ideológicos del nacionalismo. Lo primero sería grave; lo segundo, penoso. En el primer caso, porque desconocer que la democracia está estructurada en base a los muros -leyes-, que se adoptan para poner coto a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o colectivos, sería una demostración de ignorancia imperdonable en un dirigente político. Si, por contra, «sólo» fuera entreguismo al nacionalismo, resultaría, como dije, lamentable. «¡Tanto trabajo para esto!». Resulta aleccionador que López ni siquiera se tome la molestia de utilizar términos que no sean los ya acuñados por el propietario ideológico e intelectual del medio para el que habla. O por Ibarretxe. Levanto la voz porque a mí no se me olvida que «la voluntad de los vascos» ha sido el grito de guerra utilizado por ETA para asesinar a cientos de ciudadanos inocentes. No se me olvida que en nombre de «la voluntad de los vascos» quiere Ibarretxe excluirnos a quienes no somos nacionalistas. No se me olvida que los asesinos y sus cómplices han sostenido (en solitario hasta hoy) que el terrorismo es producto de un conflicto político que nace precisamente porque no se respeta «la voluntad de los vascos». La verdad y las leyes debieran ser sagradas.

En otro momento de la entrevista Patxi López se pronuncia en estos términos sobre el Foro de Ermua: «No sabía que el Foro de Ermua había nacido para reclamar la unidad de España con la derecha más reaccionaria». Otra vez Patxi López hace suyos el lenguaje y la filosofía de quien le entrevista. Los verdugos han acuñado hace tiempo ese concepto, hasta el extremo de justificar en base a él algunos atentados perpetrados contra los que consideran «opresores españoles». Olvida López que sólo desde una España constitucional unida se puede garantizar la igualdad. Olvida López que la igualdad es una conquista de la civilización y la reivindicación más querida de la izquierda. Olvida López que durante la causa contra los asesinos de Fernando Buesa se probó que hubo un pormenorizado seguimiento de sus movimientos, condición imprescindible para preparar el atentado. Olvida López que se probó que fue fotografiado incluso dentro del Parlamento vasco. Sólo alguien acreditado para trabajar profesionalmente dentro de la Cámara vasca pudo hacer esas fotos. Yo no puedo disociar ese recuerdo del hecho de que López haga esas declaraciones en el «Gara». Yo no me olvido de que el actual presidente del Foro de Ermua se llama Mikel Buesa. Para mí el derecho a la vida es sagrado.

Por último, Patxi López es interpelado sobre futuros acuerdos de gobierno, incluso con Batasuna: «Democracia es, entre otras cosas, libertad de pactos. Que cada cual lo interprete como quiera...». Otra vez la duda: ¿ignorancia?, ¿complacencia? Es verdad que la democracia es pacto; pero es pacto entre partidos democráticos. Y Batasuna no lo es. En sentencia firme del Supremo del año 2003 se estableció que Batasuna, Euskal Herritarrok y Sozialista Abertzaleak formaban parte del entramado de ETA. Y se ordenó, entre otras cosas: su disolución, que fueran borrados del Registro de Partidos Políticos, que se liquidaran sus cuentas y que se incautaran sus bienes. La gravedad de las pruebas fue tan considerable que al Supremo sólo le faltó ordenar, a modo de los gobernantes de la antigüedad, «quemar su hacienda y echar sal sobre ella para que no volviera a florecer la hierba». Pues con éstos es con los que no excluye Patxi López hacer un pacto de gobierno. Yo no me olvido de esa sentencia. No me olvido de las palabras de los dirigentes de Batasuna tras los crímenes de ETA. No me olvido de quién acosa a nuestros concejales. No me olvido de quiénes brindan ante nuestros muertos. No me olvido de que Batasuna es ETA. Por eso me produce un inmenso dolor que en nombre de los socialistas vascos se especule siquiera sobre la posibilidad de estrechar esas manos ensangrentadas. La memoria, la justicia y la dignidad son sagradas.

Soy una militante de base y un cargo público del PSOE. En nombre de mi partido y desde sus listas he pedido el voto a los ciudadanos. En nombre de mi partido y también en el mío propio me he comprometido a defender la libertad, a desenmascarar a los cómplices de los terroristas, a derrotar a los verdugos. No he pedido el voto para justificar pacto alguno con ellos. Por eso me siento, desde el más profundo desasosiego, obligada a levantar mi voz. Rechazo los planteamientos del secretario general de mi partido en Euskadi expresados en la mencionada entrevista. Rechazo la idea misma de que no exista tutela democrática alguna sobre la decisión de los vascos. Rechazo que se utilice «Gara» para señalar de forma tendenciosa al Foro de Ermua. Llamarle cómplice de «la derecha más reaccionaria» es una injusticia y una irresponsabilidad no exenta de riesgos para los así calificados. Rechazo radicalmente que se contemple como una opción viable un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Batasuna-ETA. «Que cada cual lo interprete como quiera...», reitera López ante la insistencia del periodista. ¿Cómo es posible que a López, que habla en nombre de un partido adalid en la defensa de las libertades, no le repugne el planteamiento mismo? ¿Cómo es posible que no lo rechace de forma tajante? Porque no es sólo que esté demostrado el fracaso político de una alianza de gobierno entre socialistas e independentistas practicantes. Es que debiera resultarle moralmente inaceptable consentir que se especule sobre un pacto de gobierno con los que tienen las manos manchadas de sangre. Esto sí que es violar lo más sagrado.

Ignoro si quienes desde la dirección del PSOE no han encontrado en las palabras de Patxi López ningún elemento reprobable considerarán necesario desautorizar las mías. Pero asumo ese riesgo porque callarme ante hechos que considero graves me parecería impropio de una socialista que aprendió de su padre -y de muchos dirigentes y compañeros del PSOE- que la libertad es sagrada. La de expresión, también. Quiero seguir teniendo mi conciencia en paz. Quiero poder mirar a los ojos a las personas a las que respeto, a las que de verdad saben lo que es sufrir. A las que han demostrado siempre tener más dignidad que miedo. Quiero mirar, por ejemplo, a Pilar Ruiz. Y no sentirme aludida por sus palabras de denuncia. Como aquellas que le dirigió a Patxi López recordando a su hijo muerto, Joseba Pagazaurtundúa, y apelando a las promesas incumplidas: «Harás y dirás más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son...». Palabras proféticas, Pilar. Están dilapidando lo más sagrado. Pero aún nos queda la palabra, la palabra en la plaza pública, que eso es la política. Quizá a través de la palabra consigamos que despierten algunas conciencias. Las de aquellos que deben, y pueden aún, frenar esta deriva. De no ser así, sólo nos quedará el dolor. Y un sentimiento de profunda desolación e infinita vergüenza.

Boicot a los productos catalanes: Causas, efectos y posibles soluciones

Cada vez llegan más noticias, de los orígenes más diversos, que dan una idea clara de que, desgraciadamente, está teniendo éxito el nefasto boicot a los productos catalanes.

Todavía es muy pronto para tener una idea cuantitativa de los efectos que está teniendo ese boicot y, hoy por hoy, no se ve que el proceso está remitiendo.

Me propongo hacer un análisis, que intentaré que sea lo más objetivo posible, sobre las causas, los efectos y las posibles soluciones a un problema que, desde el primer momento, me ha parecido muy grave, tanto que si no se ataja en un plazo breve, probablemente suponga un cambio cualitativo de la estructura social española.

1) Escenario socio-político preexistente.

El escenario político que tenemos en España, que todavía es una democracia con multitud de imperfecciones, tiene una serie de características que facilitan la aparición de un problema como el del boicot. Estas características son:

Una clase política que actúa dando prioridad a sus intereses personales, en segundo término a sus intereses de partido y sólo en último término, y en la medida en que le pueda resultar útil para obtener el poder (o mantenerse en él si ya lo tiene) los intereses de la sociedad en general.

Los efectos más importantes son los de la aceptación generalizada de la corrupción (en el mejor de los casos como medio para aumentar de forma opaca la financiación de los partidos político y en el resto también para lucrarse personalmente) y los de gobernar en contra de una parte importante de la población (la que vota o tiene la ideología de la oposición)

El sistema electoral, por otra parte, da un plus de representación a los partidos nacionalistas, por el hecho de tener los votos concentrados en unas pocas circunscripciones, y los partidos nacionalistas venden a precio de oro sus votos cuando el partido que forma gobierno no dispone de mayoría absoluta. El resultado es el de un sobrepoder de los partidos nacionalistas cuando no hay mayoría absoluta y el de un gobierno prepotente que actúa en contra de la parte de la sociedad que no comparte su ideología cuando dispone de ella. El cambio periódico del partido en el Gobierno lleva como efecto inseparable la inestabilidad de la legislación básica, de la que la legislación en materia de educación es el ejemplo más claro, por lo pernicioso que resulta para la sociedad.

Los partidos nacionalistas, por su parte, carecen estructuralmente de límites en sus reivindicaciones, que sólo pueden terminar con la independencia de su territorio, y para mantener su posición política tienen que poner de manifiesto la permanente existencia de trato discriminatorio, supuesto o real, en contra de su territorio.

Si el territorio tiene una renta superior a la media, defienden el concepto de que quién paga los impuestos es el territorio y como el sistema fiscal es progresivo y, por tanto, los que tienen más riqueza que la media pagan más impuestos a cambio de los mismos servicios, la reclamación es obvia: tienen que recibir servicios por el mismo importe que pagan sus residentes y si no es así, sufren un expolio manifiesto.

A su favor tienen la injusta excepción que la Constitución da al País Vasco y Navarra con su específico sistema fiscal que permite que el País Vasco reciba dinero, en términos netos, del resto de España (a pesar de tener una renta superior a la media) en tanto que Navarra aporta algo al resto pero en cantidad muy inferior a lo que le correspondería de acuerdo con su renta.

En el caso de que el territorio tenga una renta inferior a la media recibe, por definición, más servicios que lo que correspondería a los impuestos pagados por sus residentes y por este concepto no es fácil reclamar. Surge entonces la idea de la deuda histórica ya que es el resto de la sociedad española el que, a lo largo de siglos, ha expoliado a ese territorio y ha impedido su desarrollo. Debe ser compensado, por tanto, con cantidades ingentes de dinero para satisfacer esa reivindicación.

La suma de las peticiones de todos lleva, obviamente, a un imposible: las regiones ricas deben recibir más servicios hasta igualar los impuestos que pagan sus residentes y las pobres, que ya reciben más servicios de lo que pagan sus residentes, deben ser compensadas, para satisfacer la deuda histórica, con ingresos adicionales. Pero todos, absolutamente todos, sostienen que eso es posible sin subir los impuestos y sin perjudicar a los residentes de los demás territorios.

En consecuencia, parece resultar obvio, para ellos, que el Estado dispone de fuentes inagotables de financiación que no quiere utilizar para perjudicar a los que son diferentes.

Y todo ello se aliña con los ejemplos de aspectos reales, y ciertamente injustos, como son las carencias de infraestructuras comparables en determinadas zonas. Buen ejemplo de ello son los peajes de las autopistas, muy desigualmente repartidos en las distintas comunidades autónomas, o las diferencias de calidad de las comunicaciones por ferrocarril, con lo que no es díficil convencer a buena parte de los ciudadanos de que son tratados de forma discriminatoria por Madrid, ese ente extraño que no quieren definir como el conjunto de población que vive en esa comunidad ni como el Gobierno Central, pero que tiene una capacidad económica casi infinita y como objetivo indiscutible fastidiar todo lo posible a quien vive en las demás comunidades.

Aparece también la reivindicación de los partidos nacionalistas de que su comunidad tiene derecho a más autogobierno, ya sea por la vía de las transferencias o, simplemente, de disponer de más dinero, que el resto, reivindicación que se plasma en la exigencia de competencias que nunca puedan estar al alcance de las comunidades sin partidos nacionalistas.

2) la realidad económico-fiscal de las distintas comunidades

El sistema fiscal español dista mucho de ser justo, como ya he expresado en otra entrada del Cuaderno, pero es muy parecido en todo el territorio español.

Por tanto es innegable que para cualquier persona la presión fiscal es prácticamente la misma en todo el territorio si su nivel de renta, la forma en que la obtiene y sus ciscunstancias familiares son parecidas.

Asimismo me parece bastante claro que el nivel de servicios que se recibe del Estado es muy parecido en todas las comunidades autónomas. Es verdad que hay diferencias entre unos lugares y otros, pero creo que a menudo son más pronunciadas cuando el tipo de población en que se vive es muy diferente que cuando se trata de una u otra comunidad autónoma.

Las diferencias que más se notan, por razones obvias, son las de las infraestructuras, ya que la elevada movilidad permite a buena parte de la población detectar las diferencias que hay entre unos lugares y otros.

Y estas diferencias son bastante patentes en los aspectos de carreteras, autovías y autopistas y la existencia más o menos generalizada de tramos de peaje. También lo son en los servicios de metro, en las ciudades que disponen de él, y de ferrocarriles de cercanías.

Pero las reivindicaciones en este sentido nunca se plantean en planes de actuación para mejorar ese tipo de servicios, con proyectos concretos, plazos y estimación de costes y del esfuerzo que debería realizar cada administración para solucionarlo.

Hay otro aspecto poco conocido pero que tiene una importancia relevante en el día a día de los ciudadanos. Este aspecto es el conjunto de la legislación autonómica que cada vez influye más porque abarca a más aspectos.

Pareciera que los gobiernos autónomos crean que el juicio de los administrados sobre la bondad de su gestión depende del número de leyes que hayan aprobado en la legislatura. Y que, además, las leyes que desarrollen tienen que marcar diferencias con las demás comunidades autónomas.

El resultado es el de una creciente inseguridad para aquellos ciudadanos que se mueven habitualmente por más de una comunidad, ya que, a menudo, lo que cumple con las leyes en una no lo hace en otra, sin que sea fácil comprender la razón.

Sin duda hay comunidades que son más intervencionistas que otras y comunidades con más tendencia al amiguismo y/o con mayor grado de corrupción. Los resultados al cabo de los años se notan en forma de mayor crecimiento de la economía y del bienestar para aquellas comunidades que son menos intervencionistas, menos dadas a dar trato preferente a los amiguetes y con menor grado de corrupción.

Hay otro aspecto curioso: prácticamente ninguna comunidad autónoma acepta de buen grado que el crecimiento de su economía sea inferior a la media (la excepción más notoria ha sido la Comunidad Valenciana que durante muchos años ha preferido estar a la cola del crecimiento, sólo en los números ya que la realidad ha ido por otra parte, con el objetivo poco disimulado de mantenerse el máximo tiempo posible con la característica de región objetivo 1 en la Unión Europea para así disponer de mayor cantidad de transferencias de la UE)

Por descontado que si una comunidad autónoma tiene que aceptar en los registros oficiales un crecimiento inferior a la media y el partido gobernante en ella es nacionalista o diferente del que soporta al Gobierno Central la culpa es de Madrid o del partido que gobierna en la Moncloa.

Ni por asomo el gobierno de la comunidad autónoma puede tener la menor responsabilidad a pesar de que el presupuesto del conjunto de las comunidades autónomas es unas dos veces y media el del gobierno central.

3) Efectos de los aspectos anteriores.

Desgraciadamente, los efectos de los aspectos anteriores combinados son los de una situación que facilita el enfrentamiento entre los habitantes de unas comunidades con otras.

¿Quién no tiene motivos de queja? la comunidad que no tiene falta de agua no puede usar adecuadamente la que tiene, la comunidad que no es más rica que la media quiere serlo y la que lo es no quiere dejar de serlo y para los partidos nacionalistas sólo la independencia es la garantía del bienestar para sus habitantes.

Y por descontado no falta quien promueva el boicot a los productos de otras comunidades ya sea desde la recomendación, que algunos querrían poder convertir en obligación, de comprar sólo productos de la propia comunidad ya sea desde la llamada al boicot de los productos de las comunidades "malas"

Poco parece importarles las indudables ventajas que a todos proporciona el formar parte de un mercado propio más amplio. La creencia general es que sólo "los otros" se benefician del mayor tamaño del mercado cuando la realidad es que la riqueza del conjunto es apreciablemente mayor que la suma de las riquezas que tendrían cada una por separado si fueran independientes.

Y usan el argumento de que el mercado ya es global, al menos en el ámbito de la UE, como si todavía no fuera cierto (y no vaya a seguir siéndolo durante muchos años) que el mercado de un país es mucho más accesible para las empresas de ese país que para las de otros países, aunque también sean miembros de la UE.

Y, además, los partidos nacionalistas son partidarios de que exista el boicot y de que tenga mucho éxito. De esta forma podrán convencer a mayor número de personas de que la independencia es la única solución para librarse de esa "madrastra" que es España, o del expolio que de su riqueza realiza "Madrid"

Les avisan, eso sí, de que posiblemente haya que aceptar un periodo con una pequeña pérdida de renta para poder alcanzar el paraíso de bienestar social y económico que sucederá a la consecución de la independencia que, por si las moscas, debe procurarse a toda costa que no suponga la salida de la UE.

4) Posibles soluciones.

Es obvio que las posibles soluciones pasan por la limitación del poder político de los partidos nacionalistas al que corresponda al número de votos que obtengan. Y, además, sería muy conveniente una campaña promovida por ambos partidos que explicara claramente a todos los ciudadanos las ventajas que para todos tiene pertenecer a una nación más amplia así como el compromiso de llevar a cabo las inversiones necesarias para que desaparezcan las desigualdades que puedan existir respecto a la calidad de los servicios e infraestructuras que se disfrutan en todo el territorio nacional.

Para ello sería necesario un acuerdo político entre los dos grandes partidos nacionales, de largo alcance temporal e independiente de los resultados concretos en cada proceso electoral. Este acuerdo debería abarcar los siguientes aspectos:

a) Siempre debería gobernar el partido que hubiera obtenido el mayor número de diputados (en el caso improbable de empate a número de escaños, debería hacerlo el que hubiera obtenido mayor número de votos) para ello el partido que no formara gobierno actuaría de forma que el proceso de investidura culminara con la elección del presidente propuesto por el partido ganador.

b) El partido que formara gobierno podría buscar los apoyos parlamentarios que considerara oportunos y el partido que quedara en la oposición garantizaría que si el partido gobernante perdiera los apoyos como consecuencia de las politicas desarrolladas en los aspectos que se ennumeran en el punto siguiente, el partido en la oposición le daría los votos necesarios para la aprobación de la Ley de Presupuestos, de forma que no hubiera que convocar elecciones por ese motivo.

c) Las políticas de interés general afectadas por ese acuerdo serían: la estructura del Estado y su modificación, la política exterior, la política antiterrorista y la política de financiación de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

d) La realización de un plan a medio y largo plazo que garantice la igualdad de la calidad de los servicios e infraestructuras en toda España.

Una política mejor para España

La forma en que se hace política en España me preocupa cada vez más.

Pareciera que se dedican a la política los peores de cada casa, de cada barrio y de cada promoción.

Dicen que dedicarse a la política es muy duro. Y debe serlo para los que, por el motivo que sea, no alcanzan unas mínimas cotas de poder.

Pero, al parecer, también lo es para los que sí tienen éxito. Debe ser por la cantidad de sapos que se tienen que tragar a diario para mantener su poltrona.

Con éste encabezamiento me propongo ir escribiendo mis pensamientos sobre otra forma de hacer política, que fuera más provechosa para el conjunto de los ciudadanos y que, a ser posible, no fuera tan dura para los políticos.

Al iniciar esta serie, debo reconocer que no he realizado una mínima reflexión sobre como estructurarla. Por este motivo iré escribiendo capítulos según se me vayan ocurriendo y, quizás, en algún momento los iré ordenando con alguna estructura lógica que se me ocurra.

Creo que es razonable exponer desde el principio los puntos básicos de mi ideología.

En religión soy agnóstico, aunque creo conocer en profundidad la religión católica y, por convicción, mi escala de valores coincide en lo básico con la cristiana excepción hecha, obviamente, de los valores rituales específicos de esa religión y de algunos otros diseñados para limitar la libertad de las personas.

El valor más importante para mí es el derecho a la vida de todas las personas y el segundo el derecho a la libertad. El orden de prioridad viene dado, por descontado, por la irreversibilidad de la muerte, cosa que no ocurre con la libertad cuando, por algún motivo, esos derechos no son respetados.

Los siguientes valores son la tolerancia, el amor, en sus distintas facetas en función de la relación con la persona a la que se tiene afecto (pareja, familia más o menos directa, amigos) la lealtad, la honradez, la justicia, la bondad, la diligencia, etc...

Soy progresista en lo social y liberal, aunque no radical, en lo económico. Por esos motivos considero que el Estado debe limitar su función a los siguientes aspectos:

- La elaboración, aprobación y puesta efectiva en práctica de las leyes que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.

- El aseguramiento de que todos los individuos tengan derecho, de forma gratuita y con una calidad suficiente, a los siguientes bienes y servicios básicos que debe prestar de forma exclusiva o, en algunos casos, compartida con la iniciativa privada, pero siempre sin ningún tipo de discriminación:

• Sanidad
• Educación
• Infraestructuras básica
• Seguridad

- La existencia de una legislación económica que, basada en la propiedad privada y la libertad de mercado, evite los abusos de los que tienen una posición más fuerte, acerque a los individuos a la igualdad de oportunidades y haga más fácil la cobertura de las necesidades básicas a los más débiles.

En teoría, nuestro sistema político se acerca bastante a estos principios, pero la realidad es bastante diferente. Creo que la diferencia proviene básicamente del excesivo poder que, de hecho, tienen los políticos con puestos representativos y del casi inexistente control efectivo de sus actuaciones.

Una de las principales contradicciones de nuestro sistema político es que la defensa de la democracia esté básicamente encomendada a los partidos políticos cuya característica común es la ausencia casi total democracia interna.

Y otra imperfección relevante es la diferente representación efectiva de los elegidos en unos u otros territorios.

La mejor solución para estos dos problemas sería un cambio radical del sistema electoral que debería ser mayoritario y estar basado en circunscripciones con un único puesto de representación.

El equilibrio territorial se debería conseguir haciendo que el número de electores de cada circunscripción dependiera de la densidad de población, de forma que en las zonas más pobladas cada circunscripción tuviera más electores.

Y en cuanto a la justicia, soy partidario de un sistema garantista y que evite el progresivo desarrollo de uno o varios "grandes hermanos" que tengan el control de la vida y milagros de los ciudadanos.