Artículo de Rosa Díez "Lo más sagrado"

El viernes 18 de noviembre de 2005 Rosa Díez, diputada por el Psoe en el Parlamento Europeo publicó en la tercera de ABC el artículo titulado "Lo más sagrado"

Me parece un artículo fundamental. Yo lo suscribo en su integridad y creo que lo mismo debe ocurrir con todos los demócratas.

A continuación lo reproduzco en su integridad, para que el paso del tiempo no haga que se nos olvide y sólo me limitaré a extraer y destacar en negrita una frase que creo que resume su intenso contenido.

[....hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados. Pero alguno de ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, o el respeto a la memoria y a la dignidad de los seres humanos, lo son.]

Lo más sagrado

POR ROSA DÍEZ DIPUTADA DEL PSOE AL PARLAMENTO EUROPEO

... Están dilapidando lo más sagrado. Pero aún nos queda la palabra, la palabra en la plaza pública, que eso es la política. Quizá a través de la palabra consigamos que despierten algunas conciencias. Las de aquellos que deben, y pueden aún, frenar esta deriva...

HACE algunos años Mario Onaindía publicó un artículo que tituló provocativamente «La Constitución es sagrada». Sostenía Mario que había que interpretar el término sagrado en su sentido antiguo y laico, el mismo que aplicaba aquel gobernante romano que defendía que las leyes reguladoras de lo fundamental para la convivencia entre seres humanos debieran estar protegidas por una suerte de pacto de inviolabilidad. Desde esa perspectiva hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados. Pero alguno de ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, o el respeto a la memoria y a la dignidad de los seres humanos, lo son.

Me duele escribir este artículo. Pero considero que las declaraciones realizadas por Patxi López, secretario general de mi partido, al diario «Gara», no respetan alguno de esos valores. Y me siento en la obligación de alzar mi voz contra lo que considero una ofensa a la historia del socialismo vasco.

Proclama Patxi López en la mencionada entrevista que «si todos los vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de contención insalvables». No sé si esta declaración es consecuencia de una suerte de analfabetismo funcional o expresa la voluntad del líder del PSE de asumir los postulados ideológicos del nacionalismo. Lo primero sería grave; lo segundo, penoso. En el primer caso, porque desconocer que la democracia está estructurada en base a los muros -leyes-, que se adoptan para poner coto a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o colectivos, sería una demostración de ignorancia imperdonable en un dirigente político. Si, por contra, «sólo» fuera entreguismo al nacionalismo, resultaría, como dije, lamentable. «¡Tanto trabajo para esto!». Resulta aleccionador que López ni siquiera se tome la molestia de utilizar términos que no sean los ya acuñados por el propietario ideológico e intelectual del medio para el que habla. O por Ibarretxe. Levanto la voz porque a mí no se me olvida que «la voluntad de los vascos» ha sido el grito de guerra utilizado por ETA para asesinar a cientos de ciudadanos inocentes. No se me olvida que en nombre de «la voluntad de los vascos» quiere Ibarretxe excluirnos a quienes no somos nacionalistas. No se me olvida que los asesinos y sus cómplices han sostenido (en solitario hasta hoy) que el terrorismo es producto de un conflicto político que nace precisamente porque no se respeta «la voluntad de los vascos». La verdad y las leyes debieran ser sagradas.

En otro momento de la entrevista Patxi López se pronuncia en estos términos sobre el Foro de Ermua: «No sabía que el Foro de Ermua había nacido para reclamar la unidad de España con la derecha más reaccionaria». Otra vez Patxi López hace suyos el lenguaje y la filosofía de quien le entrevista. Los verdugos han acuñado hace tiempo ese concepto, hasta el extremo de justificar en base a él algunos atentados perpetrados contra los que consideran «opresores españoles». Olvida López que sólo desde una España constitucional unida se puede garantizar la igualdad. Olvida López que la igualdad es una conquista de la civilización y la reivindicación más querida de la izquierda. Olvida López que durante la causa contra los asesinos de Fernando Buesa se probó que hubo un pormenorizado seguimiento de sus movimientos, condición imprescindible para preparar el atentado. Olvida López que se probó que fue fotografiado incluso dentro del Parlamento vasco. Sólo alguien acreditado para trabajar profesionalmente dentro de la Cámara vasca pudo hacer esas fotos. Yo no puedo disociar ese recuerdo del hecho de que López haga esas declaraciones en el «Gara». Yo no me olvido de que el actual presidente del Foro de Ermua se llama Mikel Buesa. Para mí el derecho a la vida es sagrado.

Por último, Patxi López es interpelado sobre futuros acuerdos de gobierno, incluso con Batasuna: «Democracia es, entre otras cosas, libertad de pactos. Que cada cual lo interprete como quiera...». Otra vez la duda: ¿ignorancia?, ¿complacencia? Es verdad que la democracia es pacto; pero es pacto entre partidos democráticos. Y Batasuna no lo es. En sentencia firme del Supremo del año 2003 se estableció que Batasuna, Euskal Herritarrok y Sozialista Abertzaleak formaban parte del entramado de ETA. Y se ordenó, entre otras cosas: su disolución, que fueran borrados del Registro de Partidos Políticos, que se liquidaran sus cuentas y que se incautaran sus bienes. La gravedad de las pruebas fue tan considerable que al Supremo sólo le faltó ordenar, a modo de los gobernantes de la antigüedad, «quemar su hacienda y echar sal sobre ella para que no volviera a florecer la hierba». Pues con éstos es con los que no excluye Patxi López hacer un pacto de gobierno. Yo no me olvido de esa sentencia. No me olvido de las palabras de los dirigentes de Batasuna tras los crímenes de ETA. No me olvido de quién acosa a nuestros concejales. No me olvido de quiénes brindan ante nuestros muertos. No me olvido de que Batasuna es ETA. Por eso me produce un inmenso dolor que en nombre de los socialistas vascos se especule siquiera sobre la posibilidad de estrechar esas manos ensangrentadas. La memoria, la justicia y la dignidad son sagradas.

Soy una militante de base y un cargo público del PSOE. En nombre de mi partido y desde sus listas he pedido el voto a los ciudadanos. En nombre de mi partido y también en el mío propio me he comprometido a defender la libertad, a desenmascarar a los cómplices de los terroristas, a derrotar a los verdugos. No he pedido el voto para justificar pacto alguno con ellos. Por eso me siento, desde el más profundo desasosiego, obligada a levantar mi voz. Rechazo los planteamientos del secretario general de mi partido en Euskadi expresados en la mencionada entrevista. Rechazo la idea misma de que no exista tutela democrática alguna sobre la decisión de los vascos. Rechazo que se utilice «Gara» para señalar de forma tendenciosa al Foro de Ermua. Llamarle cómplice de «la derecha más reaccionaria» es una injusticia y una irresponsabilidad no exenta de riesgos para los así calificados. Rechazo radicalmente que se contemple como una opción viable un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Batasuna-ETA. «Que cada cual lo interprete como quiera...», reitera López ante la insistencia del periodista. ¿Cómo es posible que a López, que habla en nombre de un partido adalid en la defensa de las libertades, no le repugne el planteamiento mismo? ¿Cómo es posible que no lo rechace de forma tajante? Porque no es sólo que esté demostrado el fracaso político de una alianza de gobierno entre socialistas e independentistas practicantes. Es que debiera resultarle moralmente inaceptable consentir que se especule sobre un pacto de gobierno con los que tienen las manos manchadas de sangre. Esto sí que es violar lo más sagrado.

Ignoro si quienes desde la dirección del PSOE no han encontrado en las palabras de Patxi López ningún elemento reprobable considerarán necesario desautorizar las mías. Pero asumo ese riesgo porque callarme ante hechos que considero graves me parecería impropio de una socialista que aprendió de su padre -y de muchos dirigentes y compañeros del PSOE- que la libertad es sagrada. La de expresión, también. Quiero seguir teniendo mi conciencia en paz. Quiero poder mirar a los ojos a las personas a las que respeto, a las que de verdad saben lo que es sufrir. A las que han demostrado siempre tener más dignidad que miedo. Quiero mirar, por ejemplo, a Pilar Ruiz. Y no sentirme aludida por sus palabras de denuncia. Como aquellas que le dirigió a Patxi López recordando a su hijo muerto, Joseba Pagazaurtundúa, y apelando a las promesas incumplidas: «Harás y dirás más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son...». Palabras proféticas, Pilar. Están dilapidando lo más sagrado. Pero aún nos queda la palabra, la palabra en la plaza pública, que eso es la política. Quizá a través de la palabra consigamos que despierten algunas conciencias. Las de aquellos que deben, y pueden aún, frenar esta deriva. De no ser así, sólo nos quedará el dolor. Y un sentimiento de profunda desolación e infinita vergüenza.

Boicot a los productos catalanes: Causas, efectos y posibles soluciones

Cada vez llegan más noticias, de los orígenes más diversos, que dan una idea clara de que, desgraciadamente, está teniendo éxito el nefasto boicot a los productos catalanes.

Todavía es muy pronto para tener una idea cuantitativa de los efectos que está teniendo ese boicot y, hoy por hoy, no se ve que el proceso está remitiendo.

Me propongo hacer un análisis, que intentaré que sea lo más objetivo posible, sobre las causas, los efectos y las posibles soluciones a un problema que, desde el primer momento, me ha parecido muy grave, tanto que si no se ataja en un plazo breve, probablemente suponga un cambio cualitativo de la estructura social española.

1) Escenario socio-político preexistente.

El escenario político que tenemos en España, que todavía es una democracia con multitud de imperfecciones, tiene una serie de características que facilitan la aparición de un problema como el del boicot. Estas características son:

Una clase política que actúa dando prioridad a sus intereses personales, en segundo término a sus intereses de partido y sólo en último término, y en la medida en que le pueda resultar útil para obtener el poder (o mantenerse en él si ya lo tiene) los intereses de la sociedad en general.

Los efectos más importantes son los de la aceptación generalizada de la corrupción (en el mejor de los casos como medio para aumentar de forma opaca la financiación de los partidos político y en el resto también para lucrarse personalmente) y los de gobernar en contra de una parte importante de la población (la que vota o tiene la ideología de la oposición)

El sistema electoral, por otra parte, da un plus de representación a los partidos nacionalistas, por el hecho de tener los votos concentrados en unas pocas circunscripciones, y los partidos nacionalistas venden a precio de oro sus votos cuando el partido que forma gobierno no dispone de mayoría absoluta. El resultado es el de un sobrepoder de los partidos nacionalistas cuando no hay mayoría absoluta y el de un gobierno prepotente que actúa en contra de la parte de la sociedad que no comparte su ideología cuando dispone de ella. El cambio periódico del partido en el Gobierno lleva como efecto inseparable la inestabilidad de la legislación básica, de la que la legislación en materia de educación es el ejemplo más claro, por lo pernicioso que resulta para la sociedad.

Los partidos nacionalistas, por su parte, carecen estructuralmente de límites en sus reivindicaciones, que sólo pueden terminar con la independencia de su territorio, y para mantener su posición política tienen que poner de manifiesto la permanente existencia de trato discriminatorio, supuesto o real, en contra de su territorio.

Si el territorio tiene una renta superior a la media, defienden el concepto de que quién paga los impuestos es el territorio y como el sistema fiscal es progresivo y, por tanto, los que tienen más riqueza que la media pagan más impuestos a cambio de los mismos servicios, la reclamación es obvia: tienen que recibir servicios por el mismo importe que pagan sus residentes y si no es así, sufren un expolio manifiesto.

A su favor tienen la injusta excepción que la Constitución da al País Vasco y Navarra con su específico sistema fiscal que permite que el País Vasco reciba dinero, en términos netos, del resto de España (a pesar de tener una renta superior a la media) en tanto que Navarra aporta algo al resto pero en cantidad muy inferior a lo que le correspondería de acuerdo con su renta.

En el caso de que el territorio tenga una renta inferior a la media recibe, por definición, más servicios que lo que correspondería a los impuestos pagados por sus residentes y por este concepto no es fácil reclamar. Surge entonces la idea de la deuda histórica ya que es el resto de la sociedad española el que, a lo largo de siglos, ha expoliado a ese territorio y ha impedido su desarrollo. Debe ser compensado, por tanto, con cantidades ingentes de dinero para satisfacer esa reivindicación.

La suma de las peticiones de todos lleva, obviamente, a un imposible: las regiones ricas deben recibir más servicios hasta igualar los impuestos que pagan sus residentes y las pobres, que ya reciben más servicios de lo que pagan sus residentes, deben ser compensadas, para satisfacer la deuda histórica, con ingresos adicionales. Pero todos, absolutamente todos, sostienen que eso es posible sin subir los impuestos y sin perjudicar a los residentes de los demás territorios.

En consecuencia, parece resultar obvio, para ellos, que el Estado dispone de fuentes inagotables de financiación que no quiere utilizar para perjudicar a los que son diferentes.

Y todo ello se aliña con los ejemplos de aspectos reales, y ciertamente injustos, como son las carencias de infraestructuras comparables en determinadas zonas. Buen ejemplo de ello son los peajes de las autopistas, muy desigualmente repartidos en las distintas comunidades autónomas, o las diferencias de calidad de las comunicaciones por ferrocarril, con lo que no es díficil convencer a buena parte de los ciudadanos de que son tratados de forma discriminatoria por Madrid, ese ente extraño que no quieren definir como el conjunto de población que vive en esa comunidad ni como el Gobierno Central, pero que tiene una capacidad económica casi infinita y como objetivo indiscutible fastidiar todo lo posible a quien vive en las demás comunidades.

Aparece también la reivindicación de los partidos nacionalistas de que su comunidad tiene derecho a más autogobierno, ya sea por la vía de las transferencias o, simplemente, de disponer de más dinero, que el resto, reivindicación que se plasma en la exigencia de competencias que nunca puedan estar al alcance de las comunidades sin partidos nacionalistas.

2) la realidad económico-fiscal de las distintas comunidades

El sistema fiscal español dista mucho de ser justo, como ya he expresado en otra entrada del Cuaderno, pero es muy parecido en todo el territorio español.

Por tanto es innegable que para cualquier persona la presión fiscal es prácticamente la misma en todo el territorio si su nivel de renta, la forma en que la obtiene y sus ciscunstancias familiares son parecidas.

Asimismo me parece bastante claro que el nivel de servicios que se recibe del Estado es muy parecido en todas las comunidades autónomas. Es verdad que hay diferencias entre unos lugares y otros, pero creo que a menudo son más pronunciadas cuando el tipo de población en que se vive es muy diferente que cuando se trata de una u otra comunidad autónoma.

Las diferencias que más se notan, por razones obvias, son las de las infraestructuras, ya que la elevada movilidad permite a buena parte de la población detectar las diferencias que hay entre unos lugares y otros.

Y estas diferencias son bastante patentes en los aspectos de carreteras, autovías y autopistas y la existencia más o menos generalizada de tramos de peaje. También lo son en los servicios de metro, en las ciudades que disponen de él, y de ferrocarriles de cercanías.

Pero las reivindicaciones en este sentido nunca se plantean en planes de actuación para mejorar ese tipo de servicios, con proyectos concretos, plazos y estimación de costes y del esfuerzo que debería realizar cada administración para solucionarlo.

Hay otro aspecto poco conocido pero que tiene una importancia relevante en el día a día de los ciudadanos. Este aspecto es el conjunto de la legislación autonómica que cada vez influye más porque abarca a más aspectos.

Pareciera que los gobiernos autónomos crean que el juicio de los administrados sobre la bondad de su gestión depende del número de leyes que hayan aprobado en la legislatura. Y que, además, las leyes que desarrollen tienen que marcar diferencias con las demás comunidades autónomas.

El resultado es el de una creciente inseguridad para aquellos ciudadanos que se mueven habitualmente por más de una comunidad, ya que, a menudo, lo que cumple con las leyes en una no lo hace en otra, sin que sea fácil comprender la razón.

Sin duda hay comunidades que son más intervencionistas que otras y comunidades con más tendencia al amiguismo y/o con mayor grado de corrupción. Los resultados al cabo de los años se notan en forma de mayor crecimiento de la economía y del bienestar para aquellas comunidades que son menos intervencionistas, menos dadas a dar trato preferente a los amiguetes y con menor grado de corrupción.

Hay otro aspecto curioso: prácticamente ninguna comunidad autónoma acepta de buen grado que el crecimiento de su economía sea inferior a la media (la excepción más notoria ha sido la Comunidad Valenciana que durante muchos años ha preferido estar a la cola del crecimiento, sólo en los números ya que la realidad ha ido por otra parte, con el objetivo poco disimulado de mantenerse el máximo tiempo posible con la característica de región objetivo 1 en la Unión Europea para así disponer de mayor cantidad de transferencias de la UE)

Por descontado que si una comunidad autónoma tiene que aceptar en los registros oficiales un crecimiento inferior a la media y el partido gobernante en ella es nacionalista o diferente del que soporta al Gobierno Central la culpa es de Madrid o del partido que gobierna en la Moncloa.

Ni por asomo el gobierno de la comunidad autónoma puede tener la menor responsabilidad a pesar de que el presupuesto del conjunto de las comunidades autónomas es unas dos veces y media el del gobierno central.

3) Efectos de los aspectos anteriores.

Desgraciadamente, los efectos de los aspectos anteriores combinados son los de una situación que facilita el enfrentamiento entre los habitantes de unas comunidades con otras.

¿Quién no tiene motivos de queja? la comunidad que no tiene falta de agua no puede usar adecuadamente la que tiene, la comunidad que no es más rica que la media quiere serlo y la que lo es no quiere dejar de serlo y para los partidos nacionalistas sólo la independencia es la garantía del bienestar para sus habitantes.

Y por descontado no falta quien promueva el boicot a los productos de otras comunidades ya sea desde la recomendación, que algunos querrían poder convertir en obligación, de comprar sólo productos de la propia comunidad ya sea desde la llamada al boicot de los productos de las comunidades "malas"

Poco parece importarles las indudables ventajas que a todos proporciona el formar parte de un mercado propio más amplio. La creencia general es que sólo "los otros" se benefician del mayor tamaño del mercado cuando la realidad es que la riqueza del conjunto es apreciablemente mayor que la suma de las riquezas que tendrían cada una por separado si fueran independientes.

Y usan el argumento de que el mercado ya es global, al menos en el ámbito de la UE, como si todavía no fuera cierto (y no vaya a seguir siéndolo durante muchos años) que el mercado de un país es mucho más accesible para las empresas de ese país que para las de otros países, aunque también sean miembros de la UE.

Y, además, los partidos nacionalistas son partidarios de que exista el boicot y de que tenga mucho éxito. De esta forma podrán convencer a mayor número de personas de que la independencia es la única solución para librarse de esa "madrastra" que es España, o del expolio que de su riqueza realiza "Madrid"

Les avisan, eso sí, de que posiblemente haya que aceptar un periodo con una pequeña pérdida de renta para poder alcanzar el paraíso de bienestar social y económico que sucederá a la consecución de la independencia que, por si las moscas, debe procurarse a toda costa que no suponga la salida de la UE.

4) Posibles soluciones.

Es obvio que las posibles soluciones pasan por la limitación del poder político de los partidos nacionalistas al que corresponda al número de votos que obtengan. Y, además, sería muy conveniente una campaña promovida por ambos partidos que explicara claramente a todos los ciudadanos las ventajas que para todos tiene pertenecer a una nación más amplia así como el compromiso de llevar a cabo las inversiones necesarias para que desaparezcan las desigualdades que puedan existir respecto a la calidad de los servicios e infraestructuras que se disfrutan en todo el territorio nacional.

Para ello sería necesario un acuerdo político entre los dos grandes partidos nacionales, de largo alcance temporal e independiente de los resultados concretos en cada proceso electoral. Este acuerdo debería abarcar los siguientes aspectos:

a) Siempre debería gobernar el partido que hubiera obtenido el mayor número de diputados (en el caso improbable de empate a número de escaños, debería hacerlo el que hubiera obtenido mayor número de votos) para ello el partido que no formara gobierno actuaría de forma que el proceso de investidura culminara con la elección del presidente propuesto por el partido ganador.

b) El partido que formara gobierno podría buscar los apoyos parlamentarios que considerara oportunos y el partido que quedara en la oposición garantizaría que si el partido gobernante perdiera los apoyos como consecuencia de las politicas desarrolladas en los aspectos que se ennumeran en el punto siguiente, el partido en la oposición le daría los votos necesarios para la aprobación de la Ley de Presupuestos, de forma que no hubiera que convocar elecciones por ese motivo.

c) Las políticas de interés general afectadas por ese acuerdo serían: la estructura del Estado y su modificación, la política exterior, la política antiterrorista y la política de financiación de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

d) La realización de un plan a medio y largo plazo que garantice la igualdad de la calidad de los servicios e infraestructuras en toda España.

Una política mejor para España

La forma en que se hace política en España me preocupa cada vez más.

Pareciera que se dedican a la política los peores de cada casa, de cada barrio y de cada promoción.

Dicen que dedicarse a la política es muy duro. Y debe serlo para los que, por el motivo que sea, no alcanzan unas mínimas cotas de poder.

Pero, al parecer, también lo es para los que sí tienen éxito. Debe ser por la cantidad de sapos que se tienen que tragar a diario para mantener su poltrona.

Con éste encabezamiento me propongo ir escribiendo mis pensamientos sobre otra forma de hacer política, que fuera más provechosa para el conjunto de los ciudadanos y que, a ser posible, no fuera tan dura para los políticos.

Al iniciar esta serie, debo reconocer que no he realizado una mínima reflexión sobre como estructurarla. Por este motivo iré escribiendo capítulos según se me vayan ocurriendo y, quizás, en algún momento los iré ordenando con alguna estructura lógica que se me ocurra.

Creo que es razonable exponer desde el principio los puntos básicos de mi ideología.

En religión soy agnóstico, aunque creo conocer en profundidad la religión católica y, por convicción, mi escala de valores coincide en lo básico con la cristiana excepción hecha, obviamente, de los valores rituales específicos de esa religión y de algunos otros diseñados para limitar la libertad de las personas.

El valor más importante para mí es el derecho a la vida de todas las personas y el segundo el derecho a la libertad. El orden de prioridad viene dado, por descontado, por la irreversibilidad de la muerte, cosa que no ocurre con la libertad cuando, por algún motivo, esos derechos no son respetados.

Los siguientes valores son la tolerancia, el amor, en sus distintas facetas en función de la relación con la persona a la que se tiene afecto (pareja, familia más o menos directa, amigos) la lealtad, la honradez, la justicia, la bondad, la diligencia, etc...

Soy progresista en lo social y liberal, aunque no radical, en lo económico. Por esos motivos considero que el Estado debe limitar su función a los siguientes aspectos:

- La elaboración, aprobación y puesta efectiva en práctica de las leyes que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.

- El aseguramiento de que todos los individuos tengan derecho, de forma gratuita y con una calidad suficiente, a los siguientes bienes y servicios básicos que debe prestar de forma exclusiva o, en algunos casos, compartida con la iniciativa privada, pero siempre sin ningún tipo de discriminación:

• Sanidad
• Educación
• Infraestructuras básica
• Seguridad

- La existencia de una legislación económica que, basada en la propiedad privada y la libertad de mercado, evite los abusos de los que tienen una posición más fuerte, acerque a los individuos a la igualdad de oportunidades y haga más fácil la cobertura de las necesidades básicas a los más débiles.

En teoría, nuestro sistema político se acerca bastante a estos principios, pero la realidad es bastante diferente. Creo que la diferencia proviene básicamente del excesivo poder que, de hecho, tienen los políticos con puestos representativos y del casi inexistente control efectivo de sus actuaciones.

Una de las principales contradicciones de nuestro sistema político es que la defensa de la democracia esté básicamente encomendada a los partidos políticos cuya característica común es la ausencia casi total democracia interna.

Y otra imperfección relevante es la diferente representación efectiva de los elegidos en unos u otros territorios.

La mejor solución para estos dos problemas sería un cambio radical del sistema electoral que debería ser mayoritario y estar basado en circunscripciones con un único puesto de representación.

El equilibrio territorial se debería conseguir haciendo que el número de electores de cada circunscripción dependiera de la densidad de población, de forma que en las zonas más pobladas cada circunscripción tuviera más electores.

Y en cuanto a la justicia, soy partidario de un sistema garantista y que evite el progresivo desarrollo de uno o varios "grandes hermanos" que tengan el control de la vida y milagros de los ciudadanos.

OPA, CNE, PSC y La Caixa

OPA, CNE, PSC y La Caixa

Han aparecido, casi simultáneamente, las noticias del informe de la CNE sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la situación crediticia del PSC respecto a la Caixa.

El informe de la CNE no incluye sorpresas. Los aspectos que debe analizar la CNE en estos casos se pueden resumir en la garantía de que las actividades reguladas (transporte, distribución y suministro a los clientes a tarifa de electricidad y gas natural) se continuarán realizando en condiciones iguales, o mejores, en caso de éxito de la OPA.

Se trata de analizar si la empresa resultante tendrá capacidad financiera y técnica para realizar las inversiones necesarias y para mantener en su propiedad y en condiciones adecuadas las instalaciones ya existentes.

No cabe la menor duda de que el informe, y sus conclusiones, son correctos y a la pregunta de por qué la misma CNE que hace unos dos años hizo un informe contrario ante un caso similar (OPA, también hostil, de Gas Natural sobre Iberdrola) solo cabe una respuesta: la CNE era totalmente dependiente del gobierno de turno.

Tanto, que el informe técnico era muy parecido al ahora aprobado por el Consejo de la CNE, pero en aquella ocasión no resultaba del agrado del Gobierno. El Consejo de la CNE aprobó un informe bien distinto, prohibiendo la continuación de la OPA.

Su decisión era, y es, ejecutiva (aunque cabe recurso ante el Ministerio de Industria) pero a ver que empresa regulada se atreve a oponerse (ni siquiera Gas Natural lo hizo) Y para terminar la operación, obligaron a irse de la CNE al Director de Gas por la osadía que tuvo de anteponer los criterios técnicos y de legalidad a los políticos.

¿Cuál será el perfil, en esos aspectos, del Director que le sustituyó?

¿Es ahora la CNE independiente?

Creo que no, que tiene la misma total dependencia del Ministerio.

Su actual presidenta, ha sido nombrada (como está previsto legalmente) por el Ministro de Industria, fue diputada del PSC en el Congreso durante la última legislatura y era Secretaria General de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña hasta su nombramiento. Creo que su capacidad técnica para el puesto está fuera de toda duda.

El Ministro de Industria es el Secretario General del PSC.

El PSC tiene un crédito, concedido por La Caixa, con unas condiciones que ni la empresa más solvente del país podría soñar. Sería bueno conocer cuantos pagos y de que cuantía ha realizado el PSC en todos estos años (parece que ninguno) y sería bueno conocer los motivos por los que La Caixa le ha condonado los intereses no pagados.

Por cierto, si la actual Presidenta de la CNE fuera diputada en el Congreso ¿preguntaría a algún representante destacado de La Caixa sobre los créditos privilegiados como hizo en la Comisión de Gescartera? Me parece que no, que no es políticamente correcto preguntar por los créditos de los partidos políticos.

¿Podremos los ciudadanos de a pie obtener el mismo trato de La Caixa en nuestros créditos?

Seguramente sí, siempre que consigamos ser aspirantes cualificados al puesto de Ministro de Industria. Porque ahora ha saltado a la luz pública el crédito del PSC, pero ¿cuantos créditos de otros partidos políticos han tenido trato similar en La Caixa o en otras cajas o bancos?

La Caixa es el principal accionista de Gas Natural y la OPA ha sido ideada, preparada y aprobada por sus directivos.

¿Tendrá alguna influencia La Caixa en las decisiones de los órganos reguladores?

La respuesta estará en el informe de Competencia, que deberá corregir las, para mí, muy negativas repercusiones de la OPA sobre la competencia en los mercados de gas y electricidad.

Y ahí si que hay dinero en juego, dinero que pagaremos todos los consumidores con las oportunas subidas de precios (que soportaremos tanto los que sigamos a tarifa como los que opten por el mercado liberalizado) que engrosarán la cuenta de resultados de la nueva empresa y de rebote la de La Caixa, que de esta manera recuperará, con creces, el pago de los créditos que no ha realizado directamente el PSC (y que no habrán realizado los demás partidos políticos, en el poder o con posibilidades de estarlo en el futuro, por lo que calladitos seguirán estando mucho más guapos)

Gas natural: ¿subida de precios ajustada o excesiva?

El Ministerio de Industria ha aprobado, mediante la Orden ITC/3321/2005 de 25 de octubre (BOE del 27 de octubre) una subida de las tarifas de gas natural que afectará a los consumos realizados a partir del 28 de octubre.

La modificación de las tarifas está prevista en la legislación vigente: las tarifas se fijan a principio de año por Orden Ministerial y se pueden variar trimestralmente (para lo que basta una Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el BOE) si el coste de la materia prima (Cmp) varía, en más o en menos, en una proporción superior al 2% respecto al valor vigente

Las tarifas (excepto las interrumpibles y la de uso como materia prima que sólo tienen un término variable) tienen un término fijo (a veces dos) y uno variable.

El término variable de la tarifa para uso como materia prima no se publica con el resto de las tarifas, sino que se hace con resoluciones de fecha diferente, posiblemente para ocultar que el precio al que las distribuidoras tienen que vender este gas es inferior al que las mismas distribuidoras tienen que comprarlo obligatoriamente (práctica esta de vender por debajo del coste que está prohibida por las legislaciones española y europea)

Como consecuencia del progresivo incremento del precio del crudo, el Cmp ha aumentado en más del 2% respecto al anterior en cada uno de los trimestres de 2005. Los incrementos registrados en abril y julio han sido del 4,04 y 11,4% respectivamente, lo que supone un incremento acumulado hasta julio del 15,9%. En la Orden ITC/3321/2005 se ha modificado la fórmula de cálculo y no se indica el valor que hubiera tenido con la fórmula anterior. El valor resultante de la nueva fórmula supone un aumento del 20,7% respecto al valor anterior y de un 40,0% respecto al valor del mes de enero.

Los términos fijos establecidos en el mes de enero no han variado en las sucesivas modificaciones de tarifas, lo que es coherente con la filosofía de repercutir exclusivamente las variaciones del coste de importación del gas.

Los términos variables han aumentado algo por encima de la repercusión estricta de la variación del coste del Cmp:

- En el caso del precio del gas para uso como materia prima en enero era tan sólo el 85,1% del precio que debían pagar por el las distribuidoras y este porcentaje ha ido aumentando progresivamente hasta llegar al 95,8% en el mes de octubre (todavía no se ha publicado la tarifa para el mes de noviembre que, muy probablemente, tendrá en cuenta el nuevo Cmp)
- En todas las demás tarifas (Tarifas de alta presión, interrumpibles y firmes, y tarifas de baja presión, que en su mayor parte corresponden a los consumidores domésticos y del sector servicios) se ha aumentado el término variable en 0,0128 céntimos de euro por kilowatio hora por encima del aumento de precio que las distribuidoras tienen que soportar.

Como es obvio, este pequeño aumento en la parte variable adicional a la repercusión del coste del Cmp va directamente a la cuenta de resultados de las distribuidoras. El orden de magnitud del regalito del Ministerio a las distribuidoras es, en términos anuales, de unos 15M€ de los que más del 90% va a las distribuidoras del grupo Gas Natural.

La subida de tarifas de octubre no se ha realizado mediante resolución porque se ha cambiado la fórmula de cálculo del Cmp y, además, se ha establecido un sistema para que los consumidores a tarifa paguen con efecto retroactivo la diferencia entre el Cmp calculado según la nueva fórmula y el calculado con la fórmula vigente desde el 1 de febrero hasta el 27 de octubre de 2005. ¿Es legal el aumento de los precios regulados con efecto retroactivo?

Además se introduce, por primera vez, un concepto no existente hasta ahora: el de “empresa que suministra al transportista responsable del aprovisionamiento a tarifa”

La empresa responsable del aprovisionamiento a tarifa es, para cada distribuidora, la empresa transportista a la que esté conectada su red y esta empresa transportista recibe como precio del gas el llamado precio de cesión que es el Cmp más una pequeña cantidad ( 0,000393 €/kWh durante 2005) que sirve para pagar los costes de gestión de la compraventa.

La empresa transportista puede adquirir el gas en el exterior, al precio que pueda obtener (en cuyo caso asume el riesgo de diferencia de precio respecto del Cmp) o comprárselo a otra transportista, en cuyo caso pagará por él el mismo precio de cesión que cobrará a la transportista.

La realidad es que Enagás es la empresa que suministra, directa o indirectamente, la inmensa mayoría del gas a las distribuidoras, aunque Gas de Euskadi y BBG también lo hacen, y que todo apunta a que Enagás compraría todo el gas que necesita al Grupo Gas Natural que, en consecuencia, sería la “empresa que suministra al transportista responsable del aprovisionamiento a tarifa” a que se refiere la Orden ITC/3321/2005 y por tanto la beneficiaria de los 83.032.284 euros en que, para la totalidad de 2005, estima el Ministerio de Industria la diferencia de precio entre el coste real del gas y el reconocido con el Cmp vigente hasta el 27 de octubre.

La problemática que plantea el Ministerio en la Orden es, en términos generales, cierta y razonable. Se echa de menos, sin embargo, la explicación concreta del cálculo de la estimación del déficit previsto para todo el año realizada, eso sí, al euro. Probablemente esta explicación se encuentre en el informe preceptivo, pero no vinculante, de la CNE que, por el momento, no se ha hecho público aunque todos hablan de él como si lo conocieran.
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Si no se hacen públicos todos esos datos (es muy fácil, bastaría con que la CNE lo colgara en su web) cabrá la sospecha de que, además de los 15 millones de euros regalados a las distribuidoras (unos 13,5 para las del Grupo Gas Natural) pueda haber también alguna cantidad no justificada en los más 83 millones de euros de déficit previsto, que también irían en su inmensa mayoría, si no en su totalidad, al Grupo Gas Natural y continuarán las dudas respecto a las ayudas (legislativas, económicas y de dictámenes oficiales) que esta empresa estaría recibiendo de los sucesivos gobiernos, al margen del partido que los sustente.