El sistema financiero tiene tres tipos de organismos que supervisan el riesgo financiero, lo que, sin ser el principal objetivo, debería ser un elemento de seguridad para los inversores, grandes o pequeños. Estos organismos son los bancos centrales (públicos) las comisiones de valores (independientes, al menos en teoría) y las agencias de calificación (privadas)
Los bancos centrales son los que tienen mayor poder y, por tanto, sus decisiones sobre tipos de interés y liquidez del sistema, son las que más rápidamente afectan al sistema financiero.
Las comisiones de valores velan por el cumplimiento de las normas por parte de las entidades que cotizan y negocian en las bolsas y mercados financieros y, aunque disponen de información suficiente para hacerlo, difícilmente valoran si las entidades concretas actúan de forma eficiente y con riesgo limitado, o no, siempre que cumplan las normas establecidas.
Por último, las agencias de calificación valoran, y revisan periódicamente, la calidad financiera de la deuda de las distintas empresas, emisiones y países, de forma que cada calificación afecta sólo a una emisión o empresa y, casi siempre, de forma moderada. Son las que disponen de los análisis individualizados y las que más rápidamente podrían avisar del cambio de riesgo de cada activo, pero suelen distanciar bastante en el tiempo la publicación de una revisión respecto a la anterior.
Ninguno de estos organismos ha reaccionado anticipadamente a los síntomas que anunciaban la actual crisis financiera y sólo, a toro pasado, los bancos centrales han actuado, aunque con eficacia como se ha visto hoy con la baja del tipo de interés en USA y, días antes, con la inyección de liquidez en la UE y Japón.
Cuando el pequeño inversor se entera del problema, sea este particular o de alcance general, las bolsas ya han descontado el valor de su inversión en al menos el 5%
Los organismos citados retrasan el anuncio de los problemas y minimizan su importancia: los bancos centrales porque tienen el objetivo superior de mantener la confianza en la solidez del sistema financiero, el punto más frágil del sistema económico; las comisiones de valores porque no es obvio que se hayan incumplido las normas, y las agencias de valores porque reciben sus ingresos de las empresas por los procesos de calificación y por la venta de otros servicios relacionados a esas y otras empresas.
Con la llegada de una nueva crisis, de nuevo surge la dificultad de actuar de forma ética y eficiente cuando se es a la vez juez y parte, aunque el hecho de ser juez proporcione de forma incontestable el mejor conocimiento para tomar las decisiones adecuadas.
No es fácil, ni tampoco sería conveniente, que los bancos centrales modifiquen su política de moderación en la valoración pública de las crisis, ya que la pérdida de la confianza sería mucho más dañina.
Las agencias de cotización no deberían obtener ingresos derivados de actividades distintas de la calificación, y la obtención de la información detallada de todas las calificaciones debería ser gratuita y pública de forma inmediata, a través de internet, para todos.
Las comisiones de valores, que reciben sus ingresos de las transacciones en las bolsas, deberían añadir entre sus servicios de información (también de forma pública inmediata y gratuita) el análisis de los riesgos financieros de los distintos tipos de fondos, emisiones y valores comercializados.
La responsabilidad de los gestores y administradores de las empresas, emisiones y fondos debería ser denunciable de oficio, de forma obligatoria e inmediata, por parte de las comisiones de valores y agencias de calificación, cuando sus análisis detectaran la existencia de riesgos no publicados explícitamente por aquellos.
En este cuaderno iré poniendo notas sobre los temas que me gustan o que me preocupan. Por deformación profesional abundarán los temas sobre economía en general y sobre energía y empresas en particular, pero también saldrán temas políticos y sociales y recetas de cocina sencillas y sanas. Son bienvenidos los comentarios, incluso aunque no sean discrepantes, sólo pido educación y respeto para las opiniones de los demás.
viernes, 17 de agosto de 2007
Crisis financiera ¿será profunda?
El aumento de la morosidad de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos ha encendido las señales de alarma del sector financiero internacional.
Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades económicas de todo el mundo y los gurús y expertos del sector financiero se han apresurado a asegurar que es un problema puntual, que sólo afecta a un sector minoritario, y además de alto riesgo, por lo que los inversores que están en sectores de riesgo normal o bajo (la inmensa mayoría) deben estar tranquilos respecto a sus inversiones.
También han asegurado que el problema se limitará a Estados Unidos, ya que en Europa no existe ese mercado de hipotecas de alto riesgo.
Como siempre que una crisis encierra motivos más profundos y estructurales, los mercados reaccionan con nerviosismo: crece el número de entidades financieras de Estados Unidos que suspenden pagos y ¡oh sorpresa! los bancos centrales de la UE y Japón inyectan liquidez a unos mercados que no se iban a ver afectados.
Si cae la confianza de los ahorradores, la crisis puede ser histórica.
En España, mientras tanto, se niega el parón inmobiliario, y se dejan de publicar la mayoría de los indicadores de precios de la vivienda. Pero a los precios actuales muy pocos pueden comprar la vivienda para uso propio y, desaparecidas las expectativas de beneficios rápidos, la compra como inversión se traslada a sectores con más liquidez.
Los tipos de interés más altos, que seguramente tocarán techo este año tras alguna subida más, apretarán aún más el cinturón a los que se endeudaron al límite con tipos más bajos: la solidaridad familiar volverá a cubrir gran parte de los agujeros, pero a costa de un descenso importante del consumo privado.
Todo apunta a que la crisis financiera internacional será importante y pilla a la economía española en un momento de baja tras el periodo más largo de su historia de crecimiento relevante y continuado.
Suerte que en España tenemos a Pedro Solbes como ministro responsable. Esperemos que, también esta vez, Rodriguez Zapatero le haga caso.
Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades económicas de todo el mundo y los gurús y expertos del sector financiero se han apresurado a asegurar que es un problema puntual, que sólo afecta a un sector minoritario, y además de alto riesgo, por lo que los inversores que están en sectores de riesgo normal o bajo (la inmensa mayoría) deben estar tranquilos respecto a sus inversiones.
También han asegurado que el problema se limitará a Estados Unidos, ya que en Europa no existe ese mercado de hipotecas de alto riesgo.
Como siempre que una crisis encierra motivos más profundos y estructurales, los mercados reaccionan con nerviosismo: crece el número de entidades financieras de Estados Unidos que suspenden pagos y ¡oh sorpresa! los bancos centrales de la UE y Japón inyectan liquidez a unos mercados que no se iban a ver afectados.
Si cae la confianza de los ahorradores, la crisis puede ser histórica.
En España, mientras tanto, se niega el parón inmobiliario, y se dejan de publicar la mayoría de los indicadores de precios de la vivienda. Pero a los precios actuales muy pocos pueden comprar la vivienda para uso propio y, desaparecidas las expectativas de beneficios rápidos, la compra como inversión se traslada a sectores con más liquidez.
Los tipos de interés más altos, que seguramente tocarán techo este año tras alguna subida más, apretarán aún más el cinturón a los que se endeudaron al límite con tipos más bajos: la solidaridad familiar volverá a cubrir gran parte de los agujeros, pero a costa de un descenso importante del consumo privado.
Todo apunta a que la crisis financiera internacional será importante y pilla a la economía española en un momento de baja tras el periodo más largo de su historia de crecimiento relevante y continuado.
Suerte que en España tenemos a Pedro Solbes como ministro responsable. Esperemos que, también esta vez, Rodriguez Zapatero le haga caso.
martes, 24 de julio de 2007
Barcelona sin electricidad ¿pulso al Gobierno?
Ayer 23 de julio de 2007, por enésima vez una importante ciudad española registró un corte de electricidad de larga duración y que afectó a centenares de miles de clientes (abonados según las distribuidoras) y con certeza a un par de millones de ciudadanos.
Con gran rapidez y diligencia centenares de guardias regularon los cruces que se habían quedado sin semáforos útiles ¿estaban avisados sus mandos de que algo así podía ocurrir? Al anochecer, todavía había bastantes semáforos sin servicio, pero no seguidos sino escalonados, y en esos cruces siempre había un guardia regulando eficazmente el tráfico (algunos de ellos sin señales luminosas, con el consiguiente riesgo para ellos por falta de visibilidad)
Antes les había tocado el turno en varias ocasiones a Madrid, Sevilla y a la propia Barcelona, por no hablar de la multitud de incidentes en zonas costeras que afectan a un número muy inferior de ciudadanos.
Todo apunta a que el origen real de los cortes es la insuficiente inversión de las filiales de distribución de todas las eléctricas: La causa última es que, aunque la actividad de distribución de electricidad tiene en su conjunto una retribución más que generosa, el sistema de retribución de las nuevas inversiones tiene algunos fallos que hacen que determinadas inversiones individuales no sean rentables para la empresa que debería hacerlas. En particular esto es así cuando la inversión debe atender aumentos de consumo que no aportan nuevos clientes o aumentos de la potencia contratada de los clientes existentes.
Además, si hay sobrecarga en una red la primera consecuencia es una caída de tensión, de hasta 10 o 15 voltios que no impide que la mayoría de los aparatos eléctricos funcionen aunque al consumidor se le factura más consumo del realizado (exactamente en la misma proporción que baja la tensión ya que el contador lo que mide es intensidad y no energía) con el resultado de un suculento beneficio adicional para la distribuidora.
Tradicionalmente el ministro responsable de la energía es catalán. En la actualidad son también catalanes el Secretario General correspondiente y la Presidenta de la CNE, todos ellos residentes en Barcelona durante décadas. Y Montilla, que en su etapa de ministro no hizo nada para evitar que esto pudiera ocurrir, ahora exige que el problema de Barcelona se solucione de forma inmediata.
Aunque es evidente que en este aspecto Barcelona es tratada de forma similar a Madrid o a Sevilla ¿podría alguien pensar que estas personas quieren tan poco a su ciudad como para no preocuparse de que tenga unas infraestructuras razonables?
¿O quizás el lobby eléctrico es tan potente que se permite echar un pulso al Gobierno para que en la próxima revisión de las tarifas eléctricas se acepte un aumento claramente por encima del compromiso que el presidente Rodríguez Zapatero adquirió con los españoles en el Parlamento? El tiempo nos dará la respuesta.
Con gran rapidez y diligencia centenares de guardias regularon los cruces que se habían quedado sin semáforos útiles ¿estaban avisados sus mandos de que algo así podía ocurrir? Al anochecer, todavía había bastantes semáforos sin servicio, pero no seguidos sino escalonados, y en esos cruces siempre había un guardia regulando eficazmente el tráfico (algunos de ellos sin señales luminosas, con el consiguiente riesgo para ellos por falta de visibilidad)
Antes les había tocado el turno en varias ocasiones a Madrid, Sevilla y a la propia Barcelona, por no hablar de la multitud de incidentes en zonas costeras que afectan a un número muy inferior de ciudadanos.
Todo apunta a que el origen real de los cortes es la insuficiente inversión de las filiales de distribución de todas las eléctricas: La causa última es que, aunque la actividad de distribución de electricidad tiene en su conjunto una retribución más que generosa, el sistema de retribución de las nuevas inversiones tiene algunos fallos que hacen que determinadas inversiones individuales no sean rentables para la empresa que debería hacerlas. En particular esto es así cuando la inversión debe atender aumentos de consumo que no aportan nuevos clientes o aumentos de la potencia contratada de los clientes existentes.
Además, si hay sobrecarga en una red la primera consecuencia es una caída de tensión, de hasta 10 o 15 voltios que no impide que la mayoría de los aparatos eléctricos funcionen aunque al consumidor se le factura más consumo del realizado (exactamente en la misma proporción que baja la tensión ya que el contador lo que mide es intensidad y no energía) con el resultado de un suculento beneficio adicional para la distribuidora.
Tradicionalmente el ministro responsable de la energía es catalán. En la actualidad son también catalanes el Secretario General correspondiente y la Presidenta de la CNE, todos ellos residentes en Barcelona durante décadas. Y Montilla, que en su etapa de ministro no hizo nada para evitar que esto pudiera ocurrir, ahora exige que el problema de Barcelona se solucione de forma inmediata.
Aunque es evidente que en este aspecto Barcelona es tratada de forma similar a Madrid o a Sevilla ¿podría alguien pensar que estas personas quieren tan poco a su ciudad como para no preocuparse de que tenga unas infraestructuras razonables?
¿O quizás el lobby eléctrico es tan potente que se permite echar un pulso al Gobierno para que en la próxima revisión de las tarifas eléctricas se acepte un aumento claramente por encima del compromiso que el presidente Rodríguez Zapatero adquirió con los españoles en el Parlamento? El tiempo nos dará la respuesta.
lunes, 2 de abril de 2007
El precio del gas argelino
El ministro argelino de energía y minas ha anunciado el aumento del precio del gas en 1 $USA por millón de BTU (el millón de BTU es la unidad en que se fijan los precios internacionales del gas y equivale a 293,2 kWh) lo que supone un aumento del 15% sobre el precio actual.
Dice el Ministerio que el aumento sólo afecta a Gas Natural, de donde se podría deducir que no afectará a los consumidores que contraten con otros suministradores, pero el gas afectado es el 30% del gas consumido en España y serán consumidores españoles los que paguen los 150 millones de dólares anuales que Argelia recibirá de forma inmediata con este aumento.
Los argelinos son negociadores muy duros y pacientes, cuyo objetivo es maximizar los ingresos a largo plazo que obtienen por el gas, y la experiencia demuestra que suelen conseguir sus objetivos casi al 100%.
En este caso su estrategia ha debido ser, poco más o menos, la siguiente:
Negociación política, durante 6 años, para obtener el permiso de un gasoducto directo entre Argelia y España (llamado Medgaz) con una capacidad equivalente a la de los contratos que ahora renegocia Gas Natural para el gas que llega a través de Marruecos.
Para evitar el rechazo inicial Sonatrach planteó el proyecto como un gasoducto internacional, en el que no menos del 75% del gas iría a Francia y otros países europeos y el resto se vendería en España. La cantidad de gas con destino a otros países fue reduciéndose hasta desaparecer ya que, finalmente, el Gobierno aceptó que toda la capacidad se destine al mercado español.
Argelia consiguió, con Montilla como ministro, el permiso con unas condiciones que hacen que los consumidores españoles paguen todas las inversiones necesarias en España para que el gas llegue desde Almería al resto del sistema gasista.
Ahora Argelia está negociando con el Ministerio el permiso para que Sonatrach (que tiene en Argelia el monopolio del transporte y comercialización del gas) pueda comercializar gas en España sin estar obligada a la reciprocidad que la legislación española prevé, según la cual las empresas españolas tendrían que estar autorizadas a comercializar gas en Argelia.
Los distintos socios de Medgaz han firmado contratos con precios secretos pero que, probablemente, son superiores a los actuales de Gas Natural, aunque con la garantía de que, en su momento, serán iguales o inferiores.
No deben ser baratos los precios de Sonatrach, ya que las dos multinacionales más importantes del proyecto (BP y Total) se han retirado del mismo al no llegar a un acuerdo al respecto.
El anuncio de la subida del gas que llega por Marruecos, lo ha hecho el ministro, no Sonatrach, coincidiendo con el cambio de postura política del Gobierno respecto al Sahara y justo el día antes de la visita oficial de los Reyes a Argelia.
Dice el Ministerio que el aumento sólo afecta a Gas Natural, de donde se podría deducir que no afectará a los consumidores que contraten con otros suministradores, pero el gas afectado es el 30% del gas consumido en España y serán consumidores españoles los que paguen los 150 millones de dólares anuales que Argelia recibirá de forma inmediata con este aumento.
Los argelinos son negociadores muy duros y pacientes, cuyo objetivo es maximizar los ingresos a largo plazo que obtienen por el gas, y la experiencia demuestra que suelen conseguir sus objetivos casi al 100%.
En este caso su estrategia ha debido ser, poco más o menos, la siguiente:
Negociación política, durante 6 años, para obtener el permiso de un gasoducto directo entre Argelia y España (llamado Medgaz) con una capacidad equivalente a la de los contratos que ahora renegocia Gas Natural para el gas que llega a través de Marruecos.
Para evitar el rechazo inicial Sonatrach planteó el proyecto como un gasoducto internacional, en el que no menos del 75% del gas iría a Francia y otros países europeos y el resto se vendería en España. La cantidad de gas con destino a otros países fue reduciéndose hasta desaparecer ya que, finalmente, el Gobierno aceptó que toda la capacidad se destine al mercado español.
Argelia consiguió, con Montilla como ministro, el permiso con unas condiciones que hacen que los consumidores españoles paguen todas las inversiones necesarias en España para que el gas llegue desde Almería al resto del sistema gasista.
Ahora Argelia está negociando con el Ministerio el permiso para que Sonatrach (que tiene en Argelia el monopolio del transporte y comercialización del gas) pueda comercializar gas en España sin estar obligada a la reciprocidad que la legislación española prevé, según la cual las empresas españolas tendrían que estar autorizadas a comercializar gas en Argelia.
Los distintos socios de Medgaz han firmado contratos con precios secretos pero que, probablemente, son superiores a los actuales de Gas Natural, aunque con la garantía de que, en su momento, serán iguales o inferiores.
No deben ser baratos los precios de Sonatrach, ya que las dos multinacionales más importantes del proyecto (BP y Total) se han retirado del mismo al no llegar a un acuerdo al respecto.
El anuncio de la subida del gas que llega por Marruecos, lo ha hecho el ministro, no Sonatrach, coincidiendo con el cambio de postura política del Gobierno respecto al Sahara y justo el día antes de la visita oficial de los Reyes a Argelia.
Gas Natural, que tantos favores debe al Gobierno, aceptará la subida que, inmediatamente, será repercutida en sus precios, subida a la que se apuntarán los demás operadores. Los consumidores de gas pagaremos, cuando Medgaz entre en operación, unos 400 M€ más al año, de los que 240 irán a Argelia (los 120 aumentados a Gas Natural y los 120 que ya había subido a los socios de Medgaz) 100 a Gas Natural y los 60 restantes al resto de los operadores.
Los precios del gas pagados en España serán más altos que los equivalentes en el Reino Unido, Holanda y Bélgica, que este invierno están pagando precios entre un 50 y un 70% más baratos, a los que pronto se unirán los industriales alemanes.
Argelia, cuando entre en operación Medgaz, volverá a acercarse, desde el 40% actual, a la cuota máxima que la legislación vigente prevé para aprovisionamientos desde un mismo país (60%) con lo que podrá manejar a su antojo los precios de un mercado supuestamente liberalizado, en el que los consumidores, excepto los muy pequeños, perderán el próximo año la protección que para ellos suponía la existencia de tarifas reguladas.
Los precios del gas pagados en España serán más altos que los equivalentes en el Reino Unido, Holanda y Bélgica, que este invierno están pagando precios entre un 50 y un 70% más baratos, a los que pronto se unirán los industriales alemanes.
Argelia, cuando entre en operación Medgaz, volverá a acercarse, desde el 40% actual, a la cuota máxima que la legislación vigente prevé para aprovisionamientos desde un mismo país (60%) con lo que podrá manejar a su antojo los precios de un mercado supuestamente liberalizado, en el que los consumidores, excepto los muy pequeños, perderán el próximo año la protección que para ellos suponía la existencia de tarifas reguladas.
viernes, 12 de enero de 2007
Unión Europea y cambio climático
La Comisión ha presentado una propuesta para que la UE combata el cambio climático.
Los objetivos son muy ambiciosos: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a las de 1990) del 30% para el conjunto de los países industrializados en 2020 y del 50% para el conjunto mundial en 2050 (lo que supondría entre el 60 y el 80% para los países industrializados)
La propia Comisión considera que si su propuesta se lleva a cabo, para lo que será necesario un acuerdo internacional muy amplio, supondrá una nueva revolución industrial. en todo caso la UE se compromete a una reducción del 20% para 2020 incluso en ausencia de acuerdo internacional.
Los objetivos a conseguir son múltiples, pero los más importantes son el aumento de la eficiencia energética en todos los campos (procesos industriales, transporte y consumos residenciales de calefacción y de refrigeración) y el desarrollo de las energías renovables.
Además la Comisión considera que es necesario que los mercados energéticos tengan una competencia real y no aparente como ocurre en la actualidad. para ello propone algunos cambios que afectarán tanto a las empresas integradas que incluyen las redes de transporte y distribución entre sus activos como a los reguladores nacionales en los aspectos en que sus decisiones impidan el comercio de energía entre unos paises y otros.
En cuanto a los gobiernos, si la propuesta triunfa, se encontrarán con que los objetivos de reducción de emisiones, de mejora de eficiencia y de penetración de las energías renovables serán de cumplimiento obligatorio.
Los consumidores tendremos mercados de energía más competitivos, con mayor calidad y seguridad de suministro. Los precios subirán porque se empleará la fiscalidad para inducir el ahorro de energía.
Menor consumo a mayor precio, esperemos que la factura total no sea muy diferente.
Las grandes empresas energéticas han iniciado la protesta porque les aprieta el zapato y los demás ganaremos.
Hacía tiempo que la UE no abordaba un tema tan importante a corto, medio y largo plazo y, por fortuna, el Gobierno de España lo apoya.
Ojalá el proyecto no sea descafeinado tras el lobby de las grandes empresas energéticas que no ha hecho más que empezar.
Los objetivos son muy ambiciosos: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a las de 1990) del 30% para el conjunto de los países industrializados en 2020 y del 50% para el conjunto mundial en 2050 (lo que supondría entre el 60 y el 80% para los países industrializados)
La propia Comisión considera que si su propuesta se lleva a cabo, para lo que será necesario un acuerdo internacional muy amplio, supondrá una nueva revolución industrial. en todo caso la UE se compromete a una reducción del 20% para 2020 incluso en ausencia de acuerdo internacional.
Los objetivos a conseguir son múltiples, pero los más importantes son el aumento de la eficiencia energética en todos los campos (procesos industriales, transporte y consumos residenciales de calefacción y de refrigeración) y el desarrollo de las energías renovables.
Además la Comisión considera que es necesario que los mercados energéticos tengan una competencia real y no aparente como ocurre en la actualidad. para ello propone algunos cambios que afectarán tanto a las empresas integradas que incluyen las redes de transporte y distribución entre sus activos como a los reguladores nacionales en los aspectos en que sus decisiones impidan el comercio de energía entre unos paises y otros.
En cuanto a los gobiernos, si la propuesta triunfa, se encontrarán con que los objetivos de reducción de emisiones, de mejora de eficiencia y de penetración de las energías renovables serán de cumplimiento obligatorio.
Los consumidores tendremos mercados de energía más competitivos, con mayor calidad y seguridad de suministro. Los precios subirán porque se empleará la fiscalidad para inducir el ahorro de energía.
Menor consumo a mayor precio, esperemos que la factura total no sea muy diferente.
Las grandes empresas energéticas han iniciado la protesta porque les aprieta el zapato y los demás ganaremos.
Hacía tiempo que la UE no abordaba un tema tan importante a corto, medio y largo plazo y, por fortuna, el Gobierno de España lo apoya.
Ojalá el proyecto no sea descafeinado tras el lobby de las grandes empresas energéticas que no ha hecho más que empezar.
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